El derecho a la propia imagen frente a la libertad de expresión
Análisis jurisprudencial del derecho a la propia imagen frente a la libertad de expresión, examinando consentimiento, interés público, explotación comercial, responsabilidad administrativa y consecuencias jurídicas para empresas y medios de comunicación.

El derecho a la propia imagen frente a la libertad de expresión: los límites constitucionales de su utilización comercial
I. Cuando una fotografía deja de informar y comienza a comercializar
La exposición cotidiana de fotografías y videos en plataformas digitales ha transformado la manera en que las empresas, los medios de comunicación y los particulares utilizan la imagen de otras personas. Sin embargo, la accesibilidad tecnológica de una fotografía no significa que su reproducción, publicación o aprovechamiento comercial se encuentre jurídicamente autorizado, particularmente cuando permite identificar a una persona que no ha consentido su utilización.
Esta problemática adquiere especial trascendencia a partir de la jurisprudencia P./J. 213/2026 (12a.), registro digital 2032845, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada el 30 de octubre de 2026 y de aplicación obligatoria desde el 3 de noviembre del mismo año. El criterio establece parámetros constitucionales para resolver conflictos entre el derecho a la propia imagen y las libertades de expresión e información cuando están involucradas personas privadas.
Su importancia consiste en reconocer que la difusión de una imagen no puede justificarse únicamente mediante la invocación de libertades comunicativas. Es indispensable examinar la finalidad de su utilización, la condición de la persona retratada y su conexión efectiva con asuntos de interés público.
II. El derecho a la propia imagen como expresión de la autonomía personal
El derecho a la propia imagen constituye una prerrogativa de la personalidad que permite proteger la representación identificable de una persona frente a usos no consentidos. Su fundamento se relaciona con la dignidad humana, la autonomía individual y la posibilidad de decidir sobre determinadas formas de exposición personal, sin confundirse necesariamente con el derecho al honor o a la intimidad.
Los artículos 1, 6, 7 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) proporcionan el marco constitucional para analizar estos derechos y las libertades que pueden entrar en conflicto. La protección de la imagen no depende exclusivamente de que su difusión revele información íntima o perjudique expresamente la reputación del titular.
De esta manera, una fotografía auténtica, obtenida lícitamente y carente de contenido ofensivo puede generar una controversia cuando se utiliza posteriormente para promocionar productos, servicios o contenidos audiovisuales sin autorización. La licitud de obtener una imagen debe diferenciarse de la legitimidad de explotarla para finalidades distintas.
La libertad de expresión no constituye una autorización irrestricta para explotar comercialmente la imagen ajena; su protección constitucional depende de la finalidad informativa y de la relevancia pública de su difusión
III. El conflicto que llegó al Pleno de la Suprema Corte
La controversia se originó cuando un medio de comunicación utilizó la imagen de una persona sin autorización para promocionar una serie de televisión. La persona afectada acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), solicitando la imposición de una sanción por la infracción contemplada en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).
El IMPI consideró actualizada la infracción y el medio impugnó la determinación mediante juicio de nulidad, sin obtener una resolución favorable. Posteriormente promovió amparo, cuestionando la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la LFDA, al estimar que restringían indebidamente las libertades de expresión, imprenta y acceso a la información.
El asunto fue examinado en el amparo directo en revisión 2808/2025, resuelto el 23 de febrero de 2026. La controversia permitió a la SCJN distinguir entre la difusión de contenidos relevantes para la sociedad y la utilización promocional de una imagen como instrumento para incentivar el consumo de un producto audiovisual.
IV. El consentimiento como presupuesto de utilización legítima
El artículo 87 de la LFDA establece, como regla general, que el retrato de una persona requiere consentimiento expreso para su utilización o publicación. También contempla modalidades de autorización, revocación y supuestos específicos en los cuales no resulta necesario obtenerla.
La norma debe interpretarse conjuntamente con el artículo 231, fracción II, que tipifica como infracción administrativa en materia de comercio el uso no autorizado de la imagen de una persona cuando exista una finalidad de lucro directo o indirecto.
Esta relación normativa permite distinguir la protección general del derecho a la imagen de los requisitos específicos para actualizar una infracción comercial. La ausencia de consentimiento no significa necesariamente que cualquier publicación genere, por sí sola, la sanción administrativa contemplada en el artículo 231.
Resulta indispensable acreditar los elementos de la conducta correspondiente, particularmente la utilización no autorizada y su finalidad lucrativa. Además, deben examinarse las excepciones legales y las circunstancias constitucionales que pudieran justificar determinada difusión.
V. La condición de persona privada modifica la ponderación constitucional
Uno de los aspectos centrales de la jurisprudencia consiste en reconocer que las personas privadas merecen una protección especialmente intensa frente a la difusión no autorizada de su imagen.
La SCJN razona que estas personas, por regla general, no han buscado voluntariamente exposición pública ni cuentan con las mismas posibilidades de respuesta que quienes desempeñan funciones públicas o participan habitualmente en debates de relevancia social.
Esta diferencia no significa que las personas privadas sean inmunes a toda cobertura periodística. Su imagen puede encontrarse vinculada con acontecimientos cuyo conocimiento resulte relevante para la comunidad, aun cuando no hayan decidido participar voluntariamente en la vida pública.
La cuestión decisiva consiste en demostrar una relación objetiva entre la publicación y el interés público, además de justificar que la intromisión sea proporcional a la finalidad informativa. La curiosidad del público no debe confundirse con la existencia de un interés público constitucionalmente relevante.
La posibilidad de identificar a una persona mediante su fotografía no convierte su imagen en un recurso comercial disponible para terceros, aunque previamente haya sido difundida públicamente
VI. Libertad de expresión: posición preferente, pero no absoluta
Los artículos 6 y 7 de la CPEUM reconocen una protección constitucional reforzada a las libertades de expresión, imprenta e información, debido a su importancia para el debate democrático y el escrutinio de las instituciones.
Sin embargo, la posición preferente de estas libertades no supone que puedan desplazar automáticamente cualquier derecho de la personalidad. La jurisprudencia exige valorar el contenido difundido, su finalidad y la existencia de una justificación constitucional suficiente.
En consecuencia, una fotografía utilizada para documentar un acontecimiento noticioso puede recibir una valoración diferente de esa misma imagen incorporada posteriormente a una campaña publicitaria. Aunque el archivo fotográfico sea idéntico, el contexto y la finalidad de su utilización modifican el análisis jurídico.
La explotación comercial adquiere especial importancia cuando la imagen se emplea para posicionar una marca, atraer espectadores o promocionar productos. En estos casos, el interés económico no equivale automáticamente a una necesidad informativa protegida de manera preferente.
VII. La segunda jurisprudencia: constitucionalidad de las restricciones legales
Del mismo asunto derivó la jurisprudencia P./J. 214/2026 (12a.), registro digital 2032844, mediante la cual el Pleno de la SCJN confirmó que los artículos 87 y 231, fracción II, de la LFDA no vulneran las libertades constitucionales de expresión, imprenta y acceso a la información.
Este pronunciamiento complementa el criterio sobre personas privadas. Mientras la jurisprudencia 2032845 desarrolla las condiciones de protección de la imagen personal, la 2032844 examina la validez constitucional de las restricciones establecidas en la legislación autoral.
La distinción es relevante porque permite comprender que el consentimiento exigido por la LFDA no constituye una prohibición absoluta de informar. Representa una garantía destinada a impedir la utilización injustificada de imágenes personales, particularmente cuando la finalidad predominante es comercial.
VIII. Responsabilidad empresarial y consecuencias económicas
La utilización no autorizada de fotografías en campañas publicitarias, sitios empresariales, redes sociales o promociones comerciales puede actualizar las infracciones previstas por la LFDA, siempre que concurran sus elementos legales.
Además de las sanciones administrativas, pueden surgir pretensiones de indemnización cuando se acrediten los presupuestos correspondientes. El artículo 216 Bis de la LFDA establece reglas sobre reparación de daños y perjuicios, cuyo alcance debe examinarse conforme a la conducta y al procedimiento ejercido.
Por consiguiente, la responsabilidad no debe identificarse exclusivamente con la multa administrativa. Una controversia puede involucrar consecuencias patrimoniales adicionales, sin que ello signifique que toda utilización irregular produzca automáticamente una indemnización de monto determinado.
También debe distinguirse entre los derechos del fotógrafo sobre su obra y el derecho de la persona retratada sobre su imagen. Obtener una licencia de utilización fotográfica no necesariamente equivale a contar con la autorización de quien aparece en ella.
IX. El consentimiento como instrumento de prevención de controversias
Las empresas deberían establecer procedimientos para comprobar que las imágenes utilizadas en materiales comerciales cuentan con autorizaciones suficientes y que estas comprenden las finalidades efectivamente perseguidas.
La autorización debe identificar razonablemente los usos permitidos, los medios de difusión, las condiciones de explotación y las eventuales limitaciones temporales o territoriales. Cuando exista remuneración, deberá examinarse su relación con las modalidades autorizadas.
Esta precaución adquiere especial importancia respecto de trabajadores, clientes, consumidores y personas que participan en eventos corporativos. La asistencia a una actividad empresarial no debe interpretarse automáticamente como consentimiento para utilizar fotografías individuales en publicidad.
Asimismo, la circulación previa de una imagen en redes sociales no elimina la necesidad de examinar sus derechos. La posibilidad técnica de descargar o compartir contenido no determina la existencia de autorización para explotarlo comercialmente.
X. Consideraciones finales: el interés público no debe confundirse con el interés comercial
Las jurisprudencias P./J. 213/2026 (12a.) y P./J. 214/2026 (12a.) fortalecen la protección constitucional de la propia imagen y delimitan su relación con las libertades comunicativas.
Su principal aportación consiste en exigir una valoración contextual que considere la condición de la persona, la finalidad de la difusión y la relevancia pública del contenido. La libertad de expresión conserva su importancia constitucional, pero no ampara indiscriminadamente el aprovechamiento económico de imágenes personales.
Para empresas y medios de comunicación, el criterio impone la necesidad de revisar sus mecanismos de obtención de autorizaciones y diferenciar las actividades genuinamente informativas de las estrategias promocionales.
Finalmente, sin pasar por alto después de la explicación cabe señalar que el contexto nacional marcado por crecientes debates sobre la censura gubernamental y los límites de la libertad de expresión, el criterio de la SCJN exige una reflexión particularmente cuidadosa. Si bien la protección del derecho a la propia imagen constituye una garantía legítima de la dignidad y autonomía personal, su reconocimiento no debe convertirse en un mecanismo indirecto para inhibir el periodismo de investigación, restringir la crítica pública o impedir el escrutinio de quienes ejercen funciones de gobierno.
La protección reforzada de las personas privadas no puede trasladarse indiscriminadamente a servidores públicos o personajes de relevancia pública, cuya actuación está sujeta a un mayor escrutinio democrático. Los artículos 6 y 7 constitucionales obligan a preservar un equilibrio que impida tanto la explotación arbitraria de imágenes personales como la utilización abusiva de los derechos de la personalidad para silenciar información de interés colectivo.
La verdadera fortaleza de una democracia no reside únicamente en proteger la imagen de las personas, sino también en garantizar que esa protección jamás se transforme en una herramienta de censura, intimidación o silenciamiento del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Se comparte el texto íntegro de la tesis para consulta del lector:
Registro digital: 2032845
Instancia: Pleno
Duodécima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: P./J. 213/2026 (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia
DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. SU PROTECCIÓN EN EL CASO DE PERSONAS PRIVADAS.
Hechos: Una persona solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que impusiera a un medio de comunicación la sanción administrativa en materia de comercio prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al estimar que utilizó su imagen sin su autorización para la promoción de una serie de televisión.
La autoridad administrativa declaró actualizada la infracción. El medio de comunicación acudió al juicio de nulidad, en el que se reconoció la validez de la resolución combatida.
Posteriormente, el medio de comunicación promovió amparo directo en el que cuestionó la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al considerar que restringen indebidamente las libertades de expresión, de imprenta, y el acceso a la información.
El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Tratándose de personas privadas, el derecho a la propia imagen presenta una resistencia normativa mayor frente a las libertades de expresión, de imprenta, y al derecho de acceso a la información, cuando la difusión de su imagen no se vincula con un asunto de interés público.
Justificación: La libertad de expresión, la libertad de imprenta y el derecho de acceso a la información tienen una posición preferente en el orden constitucional por su función estructural en una sociedad democrática. Sin embargo, esa posición preferente no significa que sean absolutos ni que deban prevalecer siempre frente a los derechos de la personalidad.
Cuando la difusión involucra la imagen de una persona privada, debe atenderse a que, por regla general, ésta no se ha colocado de forma voluntaria en una esfera de exposición pública ni cuenta con las mismas posibilidades reales de respuesta que una persona servidora pública o con proyección pública.
Por ello, la protección de sus derechos de la personalidad, entre ellos, a la propia imagen, presenta una resistencia normativa mayor. En estos casos, la intromisión sólo se justifica constitucionalmente si la difusión contribuye al debate democrático, al escrutinio social de instituciones o al conocimiento de hechos relevantes para la vida comunitaria.
En cambio, si el contenido divulgado únicamente satisface curiosidad, sensacionalismo, entretenimiento o un interés meramente comercial, no se actualiza el estándar de protección reforzada de las libertades de expresión e información y deben prevalecer los derechos de la personalidad de la persona afectada.
De ahí que, la utilización no consentida de la imagen de una persona privada sólo puede considerarse constitucionalmente preferente cuando exista una conexión acreditable con un asunto de relevancia pública y la intromisión resulte proporcional a la finalidad informativa perseguida.
PLENO.
Amparo directo en revisión 2808/2025. 23 de febrero de 2026. Unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Sara Irene Herrerías Guerra, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Irving Espinosa Betanzo, quien se separó de las consideraciones contenidas en los párrafos 151 a 153 y formuló voto concurrente, María Estela Ríos González, quien se separó de la metodología y anunció voto concurrente, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, quien se separó de la metodología planteada en los párrafos del 106 al 133 y de las consideraciones y formuló voto concurrente, Loretta Ortiz Ahlf, quien se separó de las consideraciones que justifican la procedencia del recurso en relación con la posible vulneración del derecho a la seguridad jurídica respecto del artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor por falta de interés excepcional y formuló voto concurrente, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero García y Presidente Hugo Aguilar Ortiz. El tema de la tesis se aprobó por mayoría de seis ya que los votos de las ministras Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf impactan en las consideraciones que la sustentan. Ponente: Hugo Aguilar Ortiz. Secretarias: Alejandra Loya Guerrero y Edith Guadalupe Esquivel Adame.
El Comité de Revisión, Aprobación y Numeración de Tesis, en sesión de quince de octubre de dos mil veintiséis, y las personas ministras que integran el Pleno de este Tribunal, aprobaron, con el número 213/2026 (12a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México a veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de octubre de 2026 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 3 de noviembre de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).


Sobre el autor
Adrián Sachiel Paredes Cruz
Abogado por la Universidad de Guadalajara, socio del instituto CEDE para contadores y abogados
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