Bittrex resuelve las sanciones del Tesoro de EE.UU.
Es solución es derivada de la acusaciones de blanqueo de dinero, lo que pone en relieve la importancia para estas empresas tengan programas de compliance

Esto sucede durante el mes de octubre de 2022, cuándo Bittrex Inc. ha acordado pagar un total de 53 millones de dólares al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para desestimar las acusaciones de que violó el régimen de sanciones y las leyes contra el lavado de dinero. Esta medida pone de relieve la importancia de que las empresas que operan con criptoactivos mantengan programas de cumplimiento centrados en la gestión de riesgos.
Según el acuerdo, la compañía debe pagar un total de 24 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, conocida por en acronimo de OFAC), una división del Departamento del Tesoro responsable de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales, y 29 millones de dólares a FinCEN, la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN).
La sanción de la OFAC es por haber presuntamente "facilitado transacciones en las que participaban personas situadas en países sujetos a sanciones económicas estadounidenses o personas bloqueadas por otros motivos" sin aplicar las medidas de cumplimiento adecuadas, mientras que la sanción de la FinCEN es por presuntos incumplimientos relacionados con su programa contra el blanqueo de capitales (AML) y la normativa sobre mantenimiento de registros.
Principalmente fue porque la compañía no impidió, ni tenia los controles, para que personas ubicadas en jurisdicciones sancionadas de la región de Crimea en Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
El acuerdo también esboza los requisitos específicos que Bittrex debe cumplir en el futuro para garantizar el cumplimiento de las leyes de sanciones de EE.UU., incluyendo: la adopción de medidas para mejorar sus procesos de diligencia debida con los clientes; la evaluación periódica de los perfiles de riesgo de sus clientes; la implementación de un sistema automatizado para la detección de transacciones contra la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC; y la realización de revisiones continuas de su programa de cumplimiento de AML (Anti Money Laundering) y hacer los cambios necesarios si es necesario.
A manera de paréntesis, el concepto AML, por sus siglas en inglés “Anti Money Laundering”, está estrechamente relacionado con el proceso KYC (Know Your Customer), es importante entender la magnitud de los riesgos asociados al blanqueo de capitales, lo que se presume pude haber sucedido con la compañía por no tener estos procedimientos. El cumplimiento de estas dos prácticas es obligatorio para todo tipo de organizaciones y empresas y está estrictamente regulado en todos los estados y regiones, y por su actividad de intermediación de criptoactivos es apremiante su implementación. Estos dos conceptos están estrechamente relacionados y, por ello, deben entenderse como parte fundamental del proceso de identificación de usuarios, su conexión es fundamental para prevenir el blanqueo de capitales en las relaciones contractuales y transacciones. Por lo que, además, Bittrex debe presentar informes periódicos detallando sus actividades de cumplimiento AML, incluyendo una auditoría externa por una institución financiera de terceros que evaluará si sus programas son adecuados para mitigar los riesgos asociados con el manejo de activos digitales como monedas virtuales o tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO)
Este acuerdo sirve como un recordatorio importante de que las empresas que operan intercambios de criptomonedas deben asegurarse de que cumplen con los regímenes de sanciones y las leyes contra el lavado de dinero para evitar sanciones similares de reguladores como OFAC y FinCEN. Las empresas deben tomar medidas ahora para garantizar que sus sistemas AML/KYC estén actualizados y sean eficaces para detectar actividades sospechosas y evitar que se produzcan actividades financieras ilícitas en sus plataformas o utilizando sus servicios. De este modo, las empresas pueden protegerse de costosas medidas coercitivas en el futuro.


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