La persona concubina frente a la designación de beneficiarios
Análisis jurídico de la presunción de dependencia económica en favor de personas concubinas, examinando la reforma laboral, los requisitos probatorios, la igualdad familiar y sus consecuencias para beneficiarios y empleadores.

La muerte de una persona trabajadora plantea consecuencias que trascienden la terminación de la relación laboral. Los salarios devengados, las prestaciones pendientes y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas de un riesgo de trabajo pueden generar derechos a favor de personas distintas de quien prestó los servicios. Su reconocimiento exige determinar quiénes cuentan con legitimación legal para recibirlos, particularmente cuando concurren cónyuges, descendientes, ascendientes o personas que mantuvieron una relación de concubinato con el trabajador fallecido.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2019, modificó sustancialmente el régimen de designación de beneficiarios. Entre sus propósitos estuvo proporcionar mayor certeza sobre las personas protegidas y evitar investigaciones innecesarias respecto de la dependencia económica de determinados familiares.
Una controversia especialmente relevante surgió por la diferencia de redacción entre las fracciones I y III del artículo 501. Mientras la primera reconoce expresamente una presunción de dependencia económica, la segunda dispone que la persona concubina puede concurrir sin necesidad de investigación económica, pero no reproduce literalmente la misma presunción.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito examinó esta diferencia y emitió la tesis aislada I.13o.T.18 L (11a.), registro digital 2029606, publicada el 29 de noviembre de 2024. Su interpretación fortalece la protección de las personas concubinas, sin eliminar la necesidad de acreditar la existencia de la relación familiar correspondiente.
«Reconocer el concubinato y acreditar la dependencia económica son cuestiones jurídicamente distintas: la ley puede exigir prueba de la primera sin imponer una investigación sobre la segunda».
El artículo 501 y la distinción entre categorías de beneficiarios
El artículo 501 de la LFT contempla diversas personas que pueden recibir indemnizaciones relacionadas con la muerte o desaparición del trabajador en los supuestos previstos por la legislación. La fracción I reconoce determinados derechos a la viuda o al viudo y a los hijos comprendidos en las condiciones legales, estableciendo expresamente que no debe realizarse investigación sobre su dependencia económica.
La fracción II permite la concurrencia de ascendientes sin exigir inicialmente esa investigación, aunque contempla la posibilidad de acreditar que no dependían económicamente del trabajador. En cambio, la fracción IV exige que otras personas que invoquen dependencia económica la demuestren para concurrir conforme al supuesto legal.
La fracción III ocupa una posición particular. A falta de cónyuge supérstite, permite la concurrencia de la persona con quien el trabajador convivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores al fallecimiento, o con quien tuvo hijos, bajo las condiciones legales relativas a la ausencia de matrimonio durante el concubinato.
La distinción legislativa revela que la dependencia económica no constituye un requisito uniforme para todas las categorías. El legislador estableció tratamientos diferenciados según el vínculo jurídico y familiar de quienes solicitan el reconocimiento.
La tesis I.13o.T.18 L (11a.): interpretar la omisión legislativa
El asunto examinado por el Tribunal Colegiado surgió cuando una persona solicitó ser declarada beneficiaria de los derechos laborales de su pareja fallecida. Aunque la autoridad laboral reconoció su calidad de concubina, rechazó la pretensión porque no había demostrado depender económicamente del trabajador.
La controversia consistió en determinar si la falta de una referencia expresa a la presunción, dentro de la fracción III del artículo 501, autorizaba exigir una investigación económica distinta de la prevista para cónyuges.
El Tribunal concluyó que la persona concubina tiene a su favor la presunción de dependencia económica. Para justificarlo, examinó la finalidad de la reforma de 2019 y consideró que las fracciones I y III se refieren a la misma clase de investigación, cuya exclusión debe producir consecuencias equivalentes para ambas relaciones familiares.
Este razonamiento no se limita a comparar palabras aisladas. Parte de una interpretación sistemática de las disposiciones legales y de su finalidad protectora, evitando que una diferencia de redacción genere una carga probatoria incompatible con el propósito de la reforma.
La diferencia esencial: probar el concubinato no equivale a probar dependencia
«La protección laboral de la familia no puede condicionarse a demostrar subordinación económica cuando el propio legislador decidió excluir esa exigencia para la persona concubina».
La consecuencia más importante del criterio consiste en separar dos cuestiones que frecuentemente se confunden. La primera es demostrar que existió una relación de concubinato que satisface los requisitos legales; la segunda es acreditar que la persona sobreviviente dependía económicamente de quien falleció.
La presunción establecida mediante la interpretación del artículo 501 excluye la segunda exigencia, pero no sustituye la primera. La persona solicitante debe aportar los elementos necesarios para que la autoridad reconozca su calidad de concubina, conforme a las circunstancias y reglas probatorias aplicables.
Ejemplo práctico. Una trabajadora fallece y su pareja solicita ser reconocida como beneficiaria. Ambos convivieron durante siete años y mantuvieron un hogar común; sin embargo, la persona sobreviviente desarrollaba una actividad profesional independiente y obtenía ingresos superiores a los de la trabajadora.
La existencia de ingresos propios no debería impedir automáticamente su reconocimiento bajo la fracción III. Una vez acreditado el concubinato y satisfechos sus requisitos legales, la tesis sostiene que no corresponde exigir adicionalmente que demuestre haber dependido económicamente de la trabajadora fallecida.
El problema jurídico sería diferente si la controversia se centrara en la existencia misma del concubinato, la duración de la convivencia o alguna circunstancia que afectara el cumplimiento de los requisitos legales. Esas cuestiones continúan siendo susceptibles de prueba y valoración.
Igualdad familiar y protección de las relaciones no matrimoniales
La interpretación del Tribunal Colegiado encuentra apoyo en una concepción constitucional de la familia que no limita su protección exclusivamente al matrimonio. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prohíbe la discriminación y establece deberes de protección de los derechos humanos, mientras que el artículo 4 reconoce la protección de la organización y el desarrollo familiar.
Desde esta perspectiva, imponer a la persona concubina una carga económica que no se exige al cónyuge puede producir diferencias injustificadas cuando ambas relaciones se encuentran comprendidas en el supuesto de protección establecido por la legislación laboral.
Sin embargo, la igualdad no significa que todas las relaciones familiares deban quedar sometidas a requisitos idénticos en cualquier legislación. El análisis requiere identificar el objeto de la prestación, el supuesto regulado y la justificación de las diferencias establecidas.
La tesis resulta especialmente relevante porque interpreta dos fracciones del mismo artículo, relativas a la investigación de dependencia económica. Su conclusión se construye sobre la finalidad legislativa de evitar cargas probatorias innecesarias y otorgar certeza a quienes solicitan derechos laborales derivados del fallecimiento.
Consecuencias para los procedimientos de designación de beneficiarios
El artículo 503 de la LFT regula el procedimiento de investigación para identificar a las personas que dependían económicamente de quien falleció, así como la convocatoria a posibles beneficiarios en los casos previstos por la ley.
La interpretación de la tesis exige distinguir esa investigación general de los supuestos en los cuales el artículo 501 excluye expresamente la averiguación de dependencia económica. Cuando una persona acredita su calidad de concubina conforme a la fracción III, la discusión no debe desplazarse indebidamente hacia la demostración de gastos compartidos, depósitos bancarios o manutención.
Esto no elimina la obligación del tribunal de examinar posibles controversias entre solicitantes, verificar la concurrencia legal y determinar quiénes tienen derecho a las prestaciones reclamadas.
Las autoridades laborales deben valorar las circunstancias de cada procedimiento y respetar los derechos de audiencia de quienes puedan acreditar una pretensión jurídicamente relevante. El reconocimiento de una presunción no equivale a la designación automática de una persona sin procedimiento ni valoración de los requisitos establecidos por la ley.
Implicaciones para empresas y áreas de recursos humanos
Las empresas enfrentan una dificultad particular cuando fallece una persona trabajadora y existen prestaciones laborales pendientes. El área de recursos humanos puede recibir solicitudes de varias personas que alegan derechos sobre esos recursos, sin contar con facultades jurisdiccionales para resolver controversias familiares complejas.
El artículo 115 de la LFT establece que los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes sin necesidad de juicio sucesorio. Sin embargo, esta disposición no autoriza al patrón a decidir discrecionalmente entre solicitantes cuando exista una controversia que requiera reconocimiento judicial.
Por ello, resulta conveniente conservar expedientes laborales actualizados, documentos sobre prestaciones pendientes y, cuando exista conflicto, atender el procedimiento de designación correspondiente antes de realizar pagos que puedan generar reclamaciones posteriores.
También debe evitarse utilizar criterios internos de recursos humanos para exigir a las personas concubinas comprobantes de dependencia económica cuando tal requisito no corresponda conforme a la interpretación jurídica aplicable.
La tesis aislada no equivale a jurisprudencia obligatoria
Una precisión indispensable consiste en identificar la naturaleza del precedente. La tesis I.13o.T.18 L (11a.) es aislada, no jurisprudencia obligatoria por sí misma. Por tanto, constituye un criterio interpretativo relevante que puede invocarse en procedimientos y controversias, sin atribuirle el carácter vinculante general previsto legalmente para la jurisprudencia.
Asimismo, su objeto se circunscribe a la declaración de beneficiarios en materia laboral y a la interpretación del artículo 501 de la LFT. No debe trasladarse automáticamente a los procedimientos de pensión por viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos requisitos derivan de sus respectivas leyes y de los precedentes constitucionales aplicables.
Lo mismo sucede respecto de prestaciones administradas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT): cada derecho debe examinarse conforme a su fuente normativa particular, sin confundir la designación laboral de beneficiarios con el reconocimiento de prestaciones de seguridad social.
Consideraciones finales: proteger el vínculo familiar sin imponer pruebas indebidas
La reforma de 2019 modificó el tratamiento jurídico de la dependencia económica dentro de los procedimientos laborales de designación de beneficiarios. La interpretación del Décimo Tercer Tribunal Colegiado permite concluir que la persona concubina no debe recibir un tratamiento probatorio desfavorable respecto del cónyuge por el solo hecho de que la fracción III del artículo 501 no reproduzca literalmente la presunción contenida en la fracción I. La consecuencia es jurídicamente precisa: debe acreditarse la relación de concubinato conforme a los requisitos legales, pero no corresponde exigir adicionalmente una investigación destinada a demostrar dependencia económica.
Para empresas, representantes legales y profesionales que intervienen en estos procedimientos, el criterio ofrece una orientación importante sobre la distribución de las cargas probatorias y los límites de las exigencias documentales. La protección de los beneficiarios laborales debe fundarse en los vínculos jurídicamente reconocidos y en los requisitos previstos por la ley, no en investigaciones económicas que el legislador decidió excluir.
Se transcribe íntegramente la tesis aislada para consulta del lector:
Registro digital: 2029606
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materia: Laboral
Tesis: I.13o.T.18 L (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, página 849.
Tipo: Aislada.
DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. LA PERSONA CONCUBINA QUE RECLAME SU RECONOCIMIENTO, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA.
Hechos: La persona quejosa solicitó ser declarada beneficiaria de los derechos laborales del de cujus. En el laudo se le reconoció como concubina, pero se le negó lo demandado, pues no comprobó la dependencia económica.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la persona concubina que reclame su reconocimiento como beneficiaria del de cujus, tiene a su favor la presunción de dependencia económica.
Justificación: De la exposición de motivos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019, se advierte como una de sus finalidades, brindar mayor precisión y certeza a los procedimientos relativos a la designación de beneficiarios, para generar las mejores condiciones o reglas al respecto, las cuales se relacionan con los términos del artículo 501 del mencionado ordenamiento.
En la fracción I del citado precepto se asentó que para la viuda o el viudo, en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, ya que tienen la presunción a su favor de su existencia, y en la fracción III se fijó que para la persona beneficiaria por concubinato no existe necesidad de realizar investigación económica, pero omitió señalarse qué efectos producía.
Al ser tanto la viuda como la concubina personas con quien el de cujus estableció una relación de carácter sentimental y al referirse ambas fracciones a una investigación económica, debe concluirse que la referida en la fracción III, es la misma que se desarrolla en la fracción I, por lo que deben tener el mismo trato.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 962/2023. Sandra Luisa Silva Ortega. 26 de abril de 2024. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Lenin Mauricio Rodríguez Oviedo.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
I.13o.T.18 L (11a.) · reg. 2029606+1
Nota editorial: El criterio es una tesis aislada y su aplicación debe distinguirse de los regímenes de pensiones de seguridad social. La presunción examinada se refiere a la dependencia económica, no a la existencia del concubinato, cuya acreditación continúa siendo necesaria.

Sobre el autor
Adrián Sachiel Paredes Cruz
Abogado por la Universidad de Guadalajara, socio del instituto CEDE para contadores y abogados
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