La constitucionalidad del plazo de recisión en el arrendamiento

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo relevante sobre un aspecto fundamental el arrendamiento: el plazo en el cual un arrendatario puede pedir la recisión del contrato en caso de caso fortuito o fuerza mayor, le que impactará directamente en la relación entre arrendatarios y arrendadores en el territorio de la Ciudad de México.

En un fallo emitido el 27 de septiembre de 2023, mediante el cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 2431 del Código Civil para el Distrito Federal, se examinó la parte que permite al arrendatario solicitar la recisión del contrato si, debido a caso fortuito o fuerza mayor, se le impide totalmente el uso de la cosa arrendada por más de dos meses.

La Sala concluyó que el término de dos meses como condición para solicitar la rescisión no contraviene a la Constitución Política. En su razonamiento, la Sala consideró que, durante ese plazo, no se causará renta, lo que respeta el pacto contractual entre las partes y preserva un equilibrio razonable entre ellas. Asimismo, se destacó que este período otorga al arrendatario la facultad de solicitar la recisión sin incurrir en responsabilidad ni onerosidad, y, a su vez, permite al arrendador recuperar el uso y disfrute del bien arrendado en caso de que persista el impedimento.

El fallo se apoya en la idea fundamental de mantener un equilibrio en las relaciones contractuales de arrendamiento. El plazo de dos meses se justifica por su finalidad de salvaguardar el interés de ambas partes, donando por un lado, al arrendatario un periodo razonable para evaluar si el impedimento para el uso del bien es temporal o permanente, por lo tanto de persistir se le permite actuar en consecuencia. Por el lado del arrendador se dota de la certeza de que, en caso de que el impedimento sea temporal, podrá volver a disfrutar de su propiedad de manera ininterrumpida.

El fallo sirve como un recordatorio de la importancia de una jurisprudencia que evoluciona y se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad. En un contexto donde las relaciones de arrendamiento son cada vez más comunes, la seguridad y claridad jurídica son esenciales. El plazo establecido en el precepto analizado proporciona a las partes la estabilidad necesaria para tomar decisiones en situaciones de fuerza mayor.