Cuando la voluntad social no basta
Análisis jurídico de los vicios que comprometen las asambleas societarias, examinando convocatorias, quórums, representación accionaria, nulidad, oposición judicial y medidas preventivas para proteger la validez de los acuerdos corporativos empresariales.

Asambleas vulnerables: los defectos de convocatoria y las acciones judiciales que comprometen la validez de los acuerdos societarios
La legitimidad de los acuerdos comienza antes de la asamblea
La asamblea general de accionistas constituye el órgano supremo de la sociedad anónima, conforme al artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). Sus atribuciones permiten adoptar decisiones determinantes para la vida empresarial, desde la aprobación de estados financieros y la designación de administradores hasta aumentos de capital, modificaciones estatutarias, fusiones y otras operaciones de reorganización.
Sin embargo, la relevancia económica de tales decisiones no garantiza su eficacia jurídica. La ley exige que la voluntad social se forme mediante procedimientos que permitan a los accionistas conocer anticipadamente los asuntos, participar en las deliberaciones y ejercer sus derechos corporativos. Estas exigencias no constituyen formalismos prescindibles, sino mecanismos de protección frente a posibles abusos de las mayorías.
En empresas familiares y sociedades cerradas resulta frecuente sustituir los procedimientos legales por acuerdos informales. Mientras existe armonía entre los accionistas, las irregularidades pueden permanecer inadvertidas. Cuando surgen desacuerdos sobre el control o la administración, esas mismas deficiencias se convierten en argumentos para cuestionar decisiones que incluso pudieron haber comenzado a ejecutarse.
Por lo que, la seguridad jurídica de una asamblea no debe evaluarse únicamente a partir de su acta. Es necesario examinar la convocatoria, la titularidad accionaria, la representación, el quórum, las votaciones y las formalidades posteriores.
«La voluntad mayoritaria no puede sustituir las formalidades que protegen el derecho de los accionistas a conocer, deliberar y votar las decisiones que afectan su patrimonio».
La convocatoria como garantía del derecho de participación
El artículo 186 de la LGSM establece que la convocatoria debe publicarse mediante el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, con la anticipación prevista en los estatutos o, en su defecto, quince días antes de la reunión.
La publicación electrónica constituye el mecanismo legal aplicable a las sociedades anónimas. En consecuencia, las empresas cuyos estatutos conservan referencias a publicaciones periodísticas deben revisar su compatibilidad con la legislación vigente, sin asumir que una comunicación privada a los socios sustituye automáticamente el aviso exigido por la ley.
El artículo 187 dispone que la convocatoria debe contener el orden del día y estar firmada por quien la realice. A su vez, el artículo 183 atribuye ordinariamente la facultad de convocar al administrador, al consejo de administración o a los comisarios, sin perjuicio de los mecanismos especiales previstos en los artículos 168, 184 y 185.
La identidad de quien convoca es esencial. Un director financiero o gerente general no adquiere esta facultad por el simple hecho de desempeñar un cargo ejecutivo. Debe existir una habilitación legal suficiente para realizar el acto, pues la intervención de una persona carente de atribuciones puede comprometer la regularidad de la asamblea.
La convocatoria, por tanto, no solamente informa cuándo tendrá lugar una reunión; permite acreditar que esta fue promovida por quien tenía facultades para activar legítimamente la formación de la voluntad social.
El orden del día: el límite de lo que puede resolverse
El orden del día tiene una función jurídica específica: permitir que los accionistas conozcan anticipadamente las materias sobre las cuales deberán deliberar y votar. Su formulación debe proporcionar información suficiente para que cada titular de acciones decida si asistirá, cómo ejercerá sus derechos y qué documentación necesita examinar.
Una convocatoria que únicamente anuncie asuntos generales no ofrece, por sí misma, una base segura para aprobar decisiones extraordinarias como aumentos de capital, modificación de estatutos o transformaciones societarias. Tales resoluciones pueden exceder razonablemente las expectativas derivadas del aviso publicado.
La precisión también protege a las minorías. Un accionista puede optar por no asistir cuando considera irrelevantes los temas anunciados; si durante la reunión se adopta una decisión sustancial no prevista, el procedimiento habrá comprometido su oportunidad de participar.
El artículo 188 de la LGSM establece la nulidad de las resoluciones adoptadas con infracción de los artículos 186 y 187, salvo que en el momento de la votación esté representada la totalidad de las acciones. La disposición confirma que los defectos de convocatoria pueden afectar directamente la validez de lo resuelto.
La asamblea totalitaria: una excepción de alcance preciso
La posibilidad de celebrar una asamblea sin observar íntegramente las formalidades de convocatoria suele considerarse una solución práctica para sociedades con pocos accionistas. No obstante, su fundamento debe entenderse correctamente.
El artículo 188 permite superar los defectos previstos en los artículos 186 y 187 cuando, al momento de votar, se encuentra representada la totalidad de las acciones. Esta condición exige verificar el universo accionarial correspondiente y acreditar que todos sus titulares estuvieron efectivamente representados.
No basta afirmar que asistieron los accionistas que habitualmente participan en las decisiones. Tampoco resulta suficiente contar con la presencia de quienes concentran una mayoría económica significativa. La excepción legal exige la totalidad de las acciones, circunstancia que debe quedar respaldada documentalmente.
Asimismo, la asamblea totalitaria no subsana cualquier irregularidad imaginable. La presencia de todo el capital no autoriza a desconocer normas imperativas sobre objeto ilícito, derechos indisponibles u otras prohibiciones legales. El efecto correctivo del artículo 188 está referido específicamente a las infracciones de convocatoria contempladas en los dos preceptos anteriores.
Quórum y mayoría: dos exigencias diferentes
Una asamblea puede reunir el quórum necesario para instalarse y, sin embargo, carecer de los votos suficientes para aprobar determinados acuerdos. Confundir ambos conceptos constituye una de las irregularidades más frecuentes en la práctica societaria.
El artículo 189 establece que, en primera convocatoria, la asamblea ordinaria requiere la representación de cuando menos la mitad del capital social y adopta resoluciones por mayoría de los votos presentes. Por su parte, el artículo 190 exige, para las asambleas extraordinarias en primera convocatoria, la representación de al menos tres cuartas partes del capital social y el voto favorable de acciones que representen cuando menos la mitad del capital, salvo que los estatutos establezcan una mayoría más elevada.
El artículo 191 permite que, en segunda convocatoria, la asamblea se reúna con independencia del número de acciones representadas. Sin embargo, tratándose de asambleas extraordinarias, permanece la exigencia de votos favorables que representen por lo menos la mitad del capital social. Esta última precisión impide utilizar la segunda convocatoria como mecanismo para aprobar modificaciones extraordinarias mediante una participación accionaria insuficiente.
Ejemplo práctico: el aumento de capital que no alcanzó los votos necesarios
Considérese una sociedad cuyo capital está representado por 1,000 acciones ordinarias con derecho de voto. Se convoca a una asamblea extraordinaria para aprobar un aumento de capital y modificar los estatutos.
En primera convocatoria comparecen accionistas titulares de 800 acciones, por lo que se satisface el quórum mínimo legal del 75 %. Sin embargo, únicamente 480 acciones votan a favor del aumento, mientras las restantes se pronuncian en contra o se abstienen. Aunque la asamblea se instaló válidamente, la resolución no alcanza el mínimo legal de 500 acciones favorables requerido para la aprobación extraordinaria, suponiendo que los estatutos no establezcan una mayoría superior.
Si el secretario registra la propuesta como aprobada utilizando únicamente la mayoría de los votos emitidos, el acta reflejará una conclusión incompatible con el artículo 190. El ejemplo demuestra que la validez depende de identificar correctamente el denominador exigido por la ley. No siempre basta una mayoría de quienes efectivamente votaron: en determinadas materias, el porcentaje se calcula respecto del capital social.
El libro de registro de acciones y la legitimación del accionista
El artículo 128 de la LGSM establece que la sociedad considera dueño de las acciones a quien aparece inscrito en el registro correspondiente. En consecuencia, la determinación del quórum requiere revisar previamente el libro de registro de acciones y las transmisiones efectuadas conforme al régimen legal y estatutario aplicable.
Esta obligación adquiere especial relevancia cuando existen sucesiones familiares, transmisiones privadas, aumentos de capital pendientes de documentación o controversias sobre la titularidad de determinadas acciones.
La representación también debe examinarse con rigor. El artículo 192 permite que los accionistas comparezcan mediante mandatarios, con las formalidades previstas en los estatutos o, en su defecto, mediante representación escrita. Además, prohíbe que administradores y comisarios actúen como mandatarios de los accionistas.
Una lista de asistencia preparada exclusivamente con información proporcionada informalmente por los participantes puede generar controversias sobre quién tenía derecho a votar y cuántas acciones debían computarse.
Por ello, el escrutinio no constituye una operación meramente aritmética. Requiere comprobar la legitimación accionaria, la suficiencia de los documentos de representación y los derechos de voto correspondientes a cada clase de acciones.
Nulidad y oposición judicial: dos acciones con presupuestos distintos
La LGSM contempla mecanismos diferentes para cuestionar las resoluciones de las asambleas. Su distinción es indispensable porque no comparten necesariamente los mismos requisitos, plazos ni efectos procesales. La acción de nulidad, relacionada especialmente con el artículo 188, permite cuestionar resoluciones afectadas por irregularidades en la convocatoria, entre ellas las infracciones previstas en los artículos 186 y 187.
Por otra parte, la oposición judicial del artículo 201 permite a accionistas que representen al menos el 25 % del capital social controvertir resoluciones de asambleas generales, siempre que se cumplan condiciones específicas.
Entre tales requisitos destacan presentar la demanda dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea, no haber asistido o haber votado en contra y precisar la disposición legal o estatutaria infringida junto con el concepto de violación. La acción tampoco procede contra resoluciones relativas a la responsabilidad de administradores o comisarios, por prohibición expresa del propio artículo 201.
La jurisprudencia ha distinguido ambas vías atendiendo a su objeto: la nulidad relacionada con vicios formales de convocatoria y la oposición orientada a controvertir resoluciones por infracciones legales o estatutarias. Esta distinción impide trasladar indiscriminadamente a una acción los requisitos establecidos para la otra.
«Una asamblea puede aprobar una decisión económicamente razonable y, sin embargo, producir acuerdos jurídicamente vulnerables cuando su convocatoria, integración o votación contravienen la ley o los estatutos».
La suspensión judicial y sus consecuencias empresariales
El artículo 202 de la LGSM contempla la posibilidad de suspender judicialmente la ejecución de resoluciones impugnadas mediante oposición, siempre que los actores otorguen fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que eventualmente cause la suspensión.
Esta posibilidad puede tener consecuencias económicas importantes. Un aumento de capital, una reestructuración corporativa o una decisión estratégica podrían quedar temporalmente sin ejecución mientras se resuelve la controversia. Sin embargo, la suspensión no opera automáticamente por presentar la demanda. Debe ser decretada judicialmente conforme a los requisitos legales aplicables.
También conviene recordar que el artículo 205 exige, para determinadas acciones judiciales, el depósito de los títulos accionarios ante fedatario público o institución de crédito, junto con la expedición del certificado correspondiente. La preparación procesal debe considerar estas exigencias desde el inicio.
La elección de la vía de impugnación no constituye, por tanto, una cuestión puramente terminológica. Puede determinar la procedencia de medidas cautelares, la legitimación de los accionistas y las cargas procesales necesarias para sostener la controversia.
El acta de asamblea y su verdadera función probatoria
El artículo 194 de la LGSM establece que las actas deben asentarse en el libro correspondiente y firmarse por quienes desempeñaron la presidencia y secretaría de la reunión, así como por los comisarios asistentes. Además, deben agregarse los documentos que acrediten el cumplimiento de las formalidades de convocatoria. Las actas de asambleas extraordinarias deben protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio.
No obstante, la protocolización no convierte automáticamente en válidas resoluciones adoptadas mediante procedimientos defectuosos. La intervención notarial proporciona formalidad y elementos de autenticidad documental, pero no sustituye la comprobación de que existieron los presupuestos legales de convocatoria, asistencia y votación. La misma precaución corresponde a las asambleas celebradas mediante medios electrónicos. La reforma publicada el 20 de octubre de 2023 reconoció expresamente estas modalidades, sujetándolas a requisitos de identificación, participación simultánea, interacción y acreditación del sentido del voto.
Por ello, la utilización de plataformas digitales debe acompañarse de mecanismos que permitan reconstruir la identidad de los participantes y la forma en que se adoptaron las decisiones.
La prevención de controversias como práctica de gobierno corporativo
La estrategia más eficaz consiste en preparar cada asamblea mediante un expediente corporativo completo. Este debe integrar la revisión estatutaria, la convocatoria publicada, el orden del día, el acuse electrónico, la información puesta a disposición de los accionistas, la lista de asistencia y los documentos de representación.
También deben incorporarse las constancias de escrutinio, los resultados individualizados de las votaciones y los documentos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos cuando corresponda.
En sociedades familiares resulta particularmente importante establecer una separación efectiva entre los acuerdos privados de sus integrantes y las decisiones institucionales de la sociedad. La coincidencia entre accionistas y miembros de una familia no permite prescindir de la formación legal de la voluntad corporativa.
Cuando existen conflictos, los procedimientos deben observarse con mayor rigor. La transparencia informativa, la documentación de las intervenciones y el respeto a los derechos de las minorías no eliminan las controversias, pero reducen la posibilidad de que una decisión resulte vulnerable por defectos evitables.
Consideraciones finales: la legalidad formal protege la voluntad social
La validez de una asamblea no se determina exclusivamente por la conveniencia económica de sus acuerdos ni por el porcentaje de capital que respalda una propuesta. Depende también de la observancia de los procedimientos establecidos por la LGSM y por los estatutos sociales.
Los artículos 186 a 191 regulan aspectos esenciales de convocatoria, instalación y votación. Por su parte, los artículos 188 y 201 contemplan mecanismos distintos para cuestionar resoluciones, cuyos requisitos deben examinarse conforme a la naturaleza de la irregularidad.
La disciplina corporativa exige comprender que cada documento cumple una función: la convocatoria protege el conocimiento previo; el libro de acciones acredita la legitimación; el escrutinio demuestra la voluntad expresada, y el acta permite conservar evidencia de la decisión.
La seguridad jurídica de una resolución no comienza cuando se firma el acta, sino cuando se convoca correctamente a quienes tienen derecho a participar en su adopción.

Sobre el autor
Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y Abogado por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Impuestos por Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE), Socio de las firmas PVE Consultores y ASMX Solutions
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