SCJN: Invalido la suspensión temporal de servidores públicos de BCS
Las entidades federativas carecen de competencia para establecer un catálogo de faltas distintas a las previstas en LGRA

En una decisión significativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado disposiciones en la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres para el Estado de Baja California Sur, publicada el 31 de julio de 2021. Esta decisión surge como resultado del análisis de las impugnaciones presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes cuestionaron la constitucionalidad de dos artículos.
En particular, el artículo 15, último párrafo, en la porción que indica la palabra: "grave", así como el artículo 16, en la porción: "En caso de recibir dos apercibimientos, sin causa justificada, se procederá a la suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta en tanto sea capacitado en los términos que marca la presente Ley", fueron declarados inválidos debido a que establecen que el incumplimiento de la obligación impuesta a los servidores públicos, en el sentido de recibir capacitación para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, podía constituir una falta administrativa grave, lo que implicaba su suspensión temporal sin goce de sueldo.
La decisión del Pleno de la SCJN se basa en la premisa de que dichos preceptos establecen un supuesto de falta grave que no estaba contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en consecuencia, su contenido es contrario a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-V de la Constitución Federal, el cual establece que las entidades federativas carecen de competencia para establecer un catálogo de faltas distintas a las previstas en la mencionada ley general.
Lo anterior tiene su antecedente en la acción de inconstitucionalidad que llevó a esta decisión fue presentada bajo los números 127/2021 y 131/2021, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.


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