¿Quién evalúa al director general?
Análisis jurídico del deber de supervisión del consejo sobre la dirección general, examinando evaluación, indicadores, remuneración, conflictos de interés, sucesión familiar y responsabilidad corporativa mediante criterios objetivos y mejores prácticas.

¿Quién evalúa al director general? El consejo de administración frente a su deber de supervisión y rendición de cuentas
La autoridad ejecutiva también necesita contrapesos
En numerosas empresas mexicanas, especialmente aquellas de origen familiar, la evaluación del director general continúa siendo una práctica excepcional. Los resultados financieros suelen convertirse en el principal parámetro de aprobación, mientras que las decisiones sobre permanencia, remuneración y sucesión dependen de relaciones personales, percepciones de los accionistas o circunstancias coyunturales.
Esta situación revela una debilidad estructural del gobierno corporativo: la confusión entre administrar y supervisar. Aunque corresponde a la dirección general ejecutar las estrategias y conducir las operaciones cotidianas, el consejo de administración debe preservar una perspectiva institucional sobre los resultados, los riesgos y la sostenibilidad de la empresa.
La evaluación no debería entenderse como un mecanismo de desconfianza personal ni como un procedimiento destinado exclusivamente a justificar una remoción. Su finalidad consiste en determinar si la dirección ejecutiva está cumpliendo los objetivos empresariales, utilizando responsablemente los recursos y desarrollando las capacidades necesarias para garantizar la continuidad de la organización.
El problema adquiere mayor complejidad cuando el director general también es accionista mayoritario, presidente del consejo o fundador. En esos casos, la concentración de autoridad puede dificultar la deliberación independiente y convertir al órgano de administración en una instancia meramente confirmatoria.
«El consejo que nombra al director general, pero no examina su desempeño, corre el riesgo de convertirse en un órgano que legitima decisiones sin ejercer una supervisión efectiva».
El fundamento jurídico: administrar no equivale a delegar sin control
El artículo 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece que la administración de la sociedad anónima corresponde a uno o varios mandatarios temporales y revocables. Cuando existen dos o más administradores, estos integran el consejo de administración conforme al artículo 143.
Por su parte, el artículo 145 permite que la asamblea general de accionistas, el consejo o el administrador único nombren gerentes generales o especiales. Esta precisión es importante: la LGSM no atribuye exclusivamente al consejo la facultad de designar al director general en todas las sociedades anónimas. Es necesario revisar los estatutos, los acuerdos corporativos y la naturaleza jurídica del cargo.
Los artículos 157 y 158 establecen responsabilidades de los administradores derivadas de su mandato y de determinadas obligaciones legales y estatutarias. Sin embargo, estos preceptos no contienen un mandato general que obligue a todas las sociedades privadas a realizar una evaluación anual formal de su director general.
La evaluación constituye, para estas sociedades, una herramienta de gobierno corporativo que contribuye al ejercicio diligente de las facultades de administración. Su obligatoriedad específica puede derivar de los estatutos, las políticas corporativas aprobadas o el régimen legal especial aplicable a la sociedad.
Las sociedades bursátiles: un régimen de supervisión más exigente
En las sociedades anónimas bursátiles (SAB), la Ley del Mercado de Valores (LMV) establece deberes específicos para el consejo de administración. El artículo 28, fracción II, le encomienda vigilar la gestión y conducción de la sociedad y considerar el desempeño de los directivos relevantes.
Asimismo, la fracción III, inciso d), dispone que corresponde al consejo aprobar, con la opinión previa del comité competente, el nombramiento, elección y eventual destitución del director general, así como su retribución integral. También le atribuye la aprobación de políticas de designación y remuneración de los demás directivos relevantes.
La distinción normativa es relevante porque el artículo 28 no establece literalmente un modelo único de evaluación anual ni impone un determinado tablero de indicadores. Sin embargo, sus obligaciones de vigilancia, seguimiento de riesgos y aprobación de remuneraciones proporcionan el fundamento para desarrollar mecanismos formales de evaluación.
La aplicación de estas disposiciones a sociedades privadas no bursátiles debe presentarse como referencia de buen gobierno y no como una obligación legal automáticamente trasladable a cualquier empresa.
La evaluación debe medir resultados, decisiones y riesgos
Una evaluación técnicamente adecuada comienza con objetivos definidos antes del periodo que será examinado. Sin esta condición, el proceso puede convertirse en una valoración retrospectiva acomodada a los resultados obtenidos, favoreciendo decisiones discrecionales y dificultando la identificación de responsabilidades.
Los indicadores financieros constituyen un componente indispensable. El consejo puede considerar rentabilidad operativa, generación de efectivo, cumplimiento presupuestal, endeudamiento, rendimiento sobre el capital invertido y eficiencia en la administración de recursos. No obstante, tales indicadores deben interpretarse considerando las condiciones económicas y los factores externos relevantes.
La segunda dimensión corresponde al desempeño estratégico. Una dirección general puede generar utilidades inmediatas mediante reducciones de inversión que comprometan la capacidad productiva futura. Por ello, resulta necesario evaluar el avance de proyectos, la innovación, el fortalecimiento de procesos y el desarrollo de talento ejecutivo.
La tercera dimensión comprende el cumplimiento normativo y la cultura organizacional. Los buenos resultados económicos no compensan necesariamente contingencias fiscales significativas, prácticas laborales irregulares, deficiencias ambientales o alteraciones de información financiera. La evaluación debe reconocer que los riesgos asumidos para obtener determinados resultados también forman parte del desempeño directivo.
Ejemplo práctico: cuando superar el presupuesto no significa dirigir correctamente
Considérese una empresa industrial que establece como objetivo anual incrementar su utilidad operativa en un 12 %. Al cierre del ejercicio, el director general consigue un crecimiento del 17 %, superando aparentemente la meta aprobada por el consejo.
Sin embargo, durante la revisión se advierte que parte del resultado provino de diferir mantenimiento indispensable, reducir controles de calidad y posponer inversiones necesarias para cumplir obligaciones ambientales. Aunque estas decisiones mejoraron temporalmente los resultados contables, también incrementaron los riesgos operativos y regulatorios.
Una evaluación limitada al indicador financiero podría justificar una bonificación extraordinaria. En cambio, una evaluación integral debe examinar si el incremento de rentabilidad fue sostenible y si las decisiones respetaron los parámetros de riesgo autorizados. El ejemplo demuestra que el desempeño no debe medirse únicamente por cuánto ganó la empresa, sino también por las condiciones bajo las cuales obtuvo ese resultado.
La remuneración variable y los conflictos de interés
La vinculación entre desempeño y remuneración puede fortalecer la alineación entre la dirección general y los intereses sociales. Sin embargo, también puede generar incentivos inadecuados cuando las bonificaciones dependen exclusivamente de crecimiento de ingresos, utilidad contable o indicadores susceptibles de manipulación.
Por ello, la política de compensaciones debe incorporar objetivos financieros y no financieros, reglas de medición, límites razonables y procedimientos para examinar resultados extraordinarios. También conviene determinar anticipadamente qué ocurrirá cuando se descubran errores materiales, incumplimientos relevantes o información incorrecta utilizada para calcular incentivos.
El Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo para México, edición 2025, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dedica su capítulo quinto a la evaluación y compensación. Su Mejor Práctica 55 recomienda que un órgano intermedio proponga criterios de evaluación y remuneración, mientras la Mejor Práctica 56 aborda la prevención de conflictos de interés.
Esta última resulta especialmente importante cuando el director general también integra el consejo. Su participación en la discusión sobre su propia remuneración comprometería la independencia del proceso. La práctica aconsejable consiste en que la deliberación correspondiente se realice sin su intervención, observando las disposiciones legales y estatutarias aplicables.
El fundador como director general: propiedad y administración son funciones distintas
La evaluación resulta particularmente compleja en sociedades donde el fundador conserva una posición dominante. Su conocimiento histórico del negocio, sus relaciones comerciales y su influencia sobre la organización pueden provocar que los demás consejeros eviten formular observaciones críticas.
No obstante, la condición de accionista fundador no elimina las responsabilidades derivadas del ejercicio de funciones ejecutivas. Aunque la propiedad accionaria otorgue determinados derechos corporativos, la administración de la sociedad debe orientarse al interés de la persona moral y a la observancia de sus obligaciones legales.
La solución no consiste en desconocer la experiencia del fundador ni en desplazarlo artificialmente de la operación. Resulta preferible establecer una metodología previamente aceptada, acompañada de consejeros externos capaces de formular observaciones técnicas y mantener conversaciones sobre desempeño sin trasladarlas al terreno de los conflictos familiares.
Cuando el director general pertenece a una generación sucesora, la evaluación adquiere una función adicional: demostrar que su permanencia responde a capacidades y resultados, no exclusivamente al parentesco. Esta diferenciación protege tanto la legitimidad del directivo como la estabilidad de la familia empresaria.
Cabe la precisión de que la LGSM no impone expresamente una evaluación anual estandarizada para todos los directores generales de sociedades privadas, y el artículo 28 de la LMV establece deberes específicos de vigilancia y aprobación para sociedades bursátiles; las metodologías de evaluación y sucesión desarrolladas por el Código del CCE constituyen mejores prácticas cuya adopción debe ajustarse a las características y al régimen jurídico de cada sociedad.
«La verdadera institucionalización comienza cuando incluso el fundador acepta que dirigir una empresa implica responder por sus resultados, sus riesgos y la continuidad del negocio».
Del resultado anual al plan de sucesión
Una evaluación eficaz no debería limitarse a decidir si el director general merece una bonificación o continuará en el cargo. También permite identificar fortalezas, deficiencias y necesidades de desarrollo, así como valorar la capacidad de la organización para operar ante una ausencia inesperada.
La Mejor Práctica 60 del Código del CCE recomienda establecer un plan formal de sucesión del director general y de los directivos de alto nivel. Esta recomendación responde a un riesgo frecuente: la dependencia empresarial de una persona cuyo conocimiento, autoridad y relaciones comerciales no han sido transferidos institucionalmente.
El consejo debe identificar posibles sucesores, establecer competencias requeridas y evaluar su preparación. También conviene contar con un mecanismo de sustitución temporal para contingencias que impidan al director general continuar desempeñando sus funciones.
La sucesión no debe confundirse con la remoción. Puede formar parte de una transición planificada en la que el fundador conserve funciones estratégicas mientras otra persona asume progresivamente la conducción ejecutiva.
La documentación como evidencia del ejercicio responsable del consejo
El proceso de evaluación debe desarrollarse mediante una política aprobada por el órgano competente, objetivos previamente establecidos y revisiones periódicas. Es aconsejable que el presidente del consejo o el comité correspondiente coordine la recopilación de información, reciba la autoevaluación del director general y solicite la opinión de los consejeros.
El resultado debe discutirse en una sesión que permita deliberar sin interferencias del evaluado. Posteriormente, las conclusiones deben comunicarse al director general, especificando los compromisos acordados y las áreas que requieren corrección.
La documentación también cumple una finalidad jurídica. Las actas que reflejan seguimiento de riesgos, revisión de resultados y decisiones sobre remuneración pueden contribuir a demostrar que el consejo ejerció sus funciones de administración y supervisión.
Sin embargo, una evaluación formal no constituye por sí misma una exención de responsabilidad para los consejeros. Su valor depende de la información examinada, la razonabilidad de las decisiones y las medidas efectivamente adoptadas frente a las irregularidades conocidas.
Consideraciones finales: el consejo debe supervisar incluso a quien concentra el poder
La evaluación del director general representa una de las expresiones más importantes del gobierno corporativo institucional. Permite distinguir entre resultados inmediatos y creación sostenible de valor, vincular la remuneración con el desempeño integral y preparar oportunamente la continuidad de la dirección ejecutiva.
La LGSM establece el marco general de administración y responsabilidad de las sociedades anónimas; la LMV incorpora obligaciones específicas para las sociedades bursátiles, mientras que el Código del CCE ofrece prácticas recomendables para organizaciones de diferentes tamaños y estructuras.
En empresas familiares, la evaluación adquiere una relevancia particular porque permite separar la condición de propietario de la responsabilidad de dirigir profesionalmente una organización. Un consejo de administración demuestra su verdadera independencia cuando es capaz de evaluar con objetividad al director general, incluso cuando este es el fundador, el principal accionista o la persona más influyente de la empresa.

Sobre el autor
Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y Abogado por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Impuestos por Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE), Socio de las firmas PVE Consultores y ASMX Solutions
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