La política de integridad como atenuante

La empresa también responde por actos de corrupción

La corrupción empresarial no se limita a la conducta individual de un funcionario público. El régimen mexicano de responsabilidades administrativas reconoce que las personas físicas y morales del sector privado también pueden incurrir en faltas vinculadas con actos de corrupción, particularmente cuando intervienen en contrataciones públicas o buscan obtener ventajas indebidas.

El artículo 24 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece que las personas morales pueden ser sancionadas cuando las conductas vinculadas con faltas administrativas graves sean realizadas por personas físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener beneficios para ellas.

Esta disposición obliga a examinar la actuación de directivos, representantes y terceros que intervienen por cuenta de la empresa. No obstante, la responsabilidad requiere acreditar los elementos legales correspondientes; la sola existencia de una relación comercial con una persona involucrada en una irregularidad no determina automáticamente la responsabilidad de la sociedad.

Conductas que pueden comprometer a la organización

Los artículos 66 a 72 de la LGRA contemplan diversas faltas de particulares, entre ellas el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias para inducir a la autoridad, la utilización de información falsa, la colusión y el uso indebido de recursos públicos.

Estas conductas pueden presentarse mediante pagos indebidos para obtener contratos, acuerdos anticompetitivos en licitaciones, documentación falsa para acreditar requisitos o intervenciones irregulares de gestores externos.

El riesgo aumenta cuando la organización carece de controles sobre autorizaciones, contratación de intermediarios y relaciones con servidores públicos. Una política de integridad debe concentrarse precisamente en esos procesos, donde una decisión individual puede producir consecuencias patrimoniales para toda la empresa.

La política de integridad no elimina automáticamente la responsabilidad empresarial, pero constituye un elemento que la autoridad debe valorar conforme al artículo 25 de la LGRA

Las sanciones pueden comprometer la continuidad empresarial

El artículo 81, fracción II, de la LGRA contempla sanciones económicas para personas morales que pueden alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. Cuando no existan beneficios, establece un rango de mil a un millón quinientas mil veces el valor diario de la UMA.

También prevé inhabilitación para participar en contrataciones públicas, suspensión de actividades, disolución e indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos.

Es indispensable precisar que la suspensión de actividades y la disolución no proceden indiscriminadamente. El propio artículo 81 establece condiciones adicionales relacionadas con el beneficio económico y la participación de órganos de administración, vigilancia o socios, o con la utilización sistemática de la sociedad para vincularse con faltas graves.

La gravedad de estas consecuencias justifica que el programa anticorrupción sea tratado como un mecanismo de protección patrimonial y continuidad empresarial, no como una obligación documental secundaria.

El artículo 25: valor jurídico de la integridad

El artículo 25 de la LGRA dispone que, al determinar la responsabilidad de las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad. La disposición identifica siete elementos mínimos para reconocerla como tal.

La redacción resulta relevante porque impone una exigencia de valoración, pero no establece una inmunidad frente a las sanciones. Tampoco determina un porcentaje fijo de reducción por presentar manuales, códigos o certificaciones.

La empresa debe demostrar que su programa existía, que era adecuado a sus riesgos y que funcionaba efectivamente. Un conjunto de documentos elaborado después de descubrirse una irregularidad difícilmente tendrá el mismo valor que controles implementados y documentados con anterioridad.

Los siete elementos legales

1. Manual de organización y procedimientos. Debe delimitar las funciones de cada área, identificar responsabilidades y establecer cadenas claras de mando. Su utilidad consiste en determinar quién autoriza contrataciones, pagos, descuentos, donativos y relaciones con autoridades, evitando decisiones sin responsables identificables.

2. Código de conducta. No basta con aprobar un documento institucional. El artículo 25 exige su publicación, difusión entre los integrantes de la organización y mecanismos reales de aplicación, de manera que sus disposiciones orienten decisiones y permitan actuar frente a incumplimientos.

3. Sistemas de control, vigilancia y auditoría. Deben examinar periódicamente el cumplimiento de los estándares de integridad. Los controles pueden comprender autorizaciones de pagos, revisión de proveedores, segregación de funciones y auditorías sobre operaciones de mayor exposición a riesgos de corrupción.

4. Sistemas de denuncia y disciplina. La empresa debe contar con mecanismos internos y vías de denuncia ante las autoridades competentes, acompañados de procedimientos disciplinarios. Su efectividad depende de la recepción, investigación y atención de reportes, así como de medidas contra represalias.

5. Capacitación. Los sistemas de entrenamiento deben permitir que directivos y trabajadores reconozcan conductas prohibidas y sepan cómo actuar. La formación requiere adaptarse a las funciones desempeñadas, particularmente cuando existen negociaciones con autoridades o participación en licitaciones.

6. Políticas de recursos humanos. Deben prevenir la incorporación de personas que representen riesgos relevantes para la integridad corporativa. La evaluación debe basarse en criterios objetivos y respetar expresamente la prohibición de discriminación prevista por la propia disposición.

7. Transparencia y publicidad de intereses. La organización debe contar con mecanismos para identificar y revelar intereses que puedan afectar la imparcialidad de sus decisiones. Esto comprende, entre otros supuestos, relaciones personales, económicas o comerciales relevantes en contrataciones y operaciones con autoridades.

Un programa anticorrupción adquiere valor probatorio cuando sus procedimientos dejan evidencia de decisiones, controles, investigaciones y consecuencias efectivamente aplicadas

La diferencia entre tener un programa y demostrarlo

El mayor desafío jurídico no consiste en redactar los siete documentos, sino en acreditar su funcionamiento. Una política puede parecer completa y, sin embargo, resultar ineficaz si los directivos autorizan pagos sin controles o las denuncias nunca se investigan.

Por ello, la empresa debe conservar evidencia de aprobación de políticas, difusión de códigos, capacitaciones, evaluaciones de terceros, auditorías, investigaciones internas y medidas correctivas. La documentación debe permitir reconstruir qué controles estaban vigentes y cómo se aplicaron ante situaciones concretas.

La evidencia también debe ser congruente. Una política que prohíbe pagos indebidos pierde credibilidad cuando los registros muestran autorizaciones excepcionales frecuentes, honorarios injustificados a intermediarios o gastos sin comprobación suficiente.

Terceros: el riesgo que no debe quedar fuera

Los gestores, consultores, agentes comerciales y representantes externos merecen especial atención. La empresa puede enfrentar riesgos cuando estas personas actúan en su nombre para obtener contratos, permisos o ventajas frente a una autoridad.

La debida diligencia debe identificar antecedentes relevantes, experiencia, beneficiarios reales, posibles conflictos de interés y justificación económica de los servicios. Los contratos deben incluir obligaciones anticorrupción, facultades razonables de revisión y consecuencias ante incumplimientos.

No se trata de presumir que todo intermediario representa un riesgo indebido. El objetivo es asegurar que sus funciones, honorarios y actuaciones puedan explicarse mediante documentación suficiente y controles proporcionales a la exposición de la operación.

La responsabilidad del consejo de administración

La política de integridad requiere respaldo efectivo de la alta dirección. Si el consejo de administración aprueba el programa, pero no recibe información sobre riesgos, denuncias o incumplimientos, su intervención puede quedar reducida a una formalidad.

Resulta recomendable designar a un responsable de cumplimiento con atribuciones claras, recursos suficientes y acceso a los órganos de gobierno. Su independencia funcional debe permitirle informar sobre irregularidades aun cuando involucren a directivos relevantes.

El artículo 25 no exige, por sí mismo, que toda persona moral tenga un funcionario denominado oficial de cumplimiento. Su designación puede constituir una buena práctica, sin confundirse con una obligación legal general no prevista expresamente en esa disposición.

La dimensión penal: una defensa distinta

El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) contempla responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas cuando se cometen delitos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o mediante los medios que proporcionen, y se acredita la inobservancia del debido control en su organización.

Esta disposición comparte con la LGRA la importancia de los controles corporativos, pero pertenece a un régimen jurídico distinto. No debe suponerse que acreditar los siete elementos del artículo 25 produzca automáticamente la exclusión de responsabilidad penal.

En un procedimiento penal deberán analizarse los elementos del delito, las condiciones de imputación a la persona jurídica y el funcionamiento de sus mecanismos de control conforme a las disposiciones aplicables. La coordinación entre ambos programas resulta conveniente, pero sus consecuencias legales deben examinarse separadamente.

La integridad como elemento de defensa administrativa

Ante una investigación por presuntas faltas de particulares, la empresa debe examinar si se acreditan los elementos del artículo 24 y la conducta específica que se le atribuye. La existencia de una política de integridad constituye una cuestión adicional que debe incorporarse al análisis.

El expediente de defensa puede incluir políticas vigentes al momento de los hechos, evidencia de capacitación del personal involucrado, controles aplicables, investigaciones internas y medidas adoptadas frente a las irregularidades.

También debe distinguirse entre la valoración del programa y la individualización de las sanciones. El artículo 81 ordena observar los artículos 24 y 25 al imponer sanciones a personas morales, pero ello no equivale a una reducción automática ni a una garantía de absolución. La estrategia jurídica debe concentrarse en demostrar hechos verificables, no únicamente en afirmar que la empresa mantiene una cultura de integridad.

Conclusión

La LGRA reconoce que la responsabilidad por actos de corrupción puede alcanzar a las personas morales y comprometer seriamente su patrimonio, reputación y continuidad operativa.

El artículo 25 ofrece una herramienta relevante para la defensa empresarial al exigir la valoración de una política de integridad integrada por siete elementos mínimos. Sin embargo, su eficacia depende de que esos componentes se encuentren implementados y puedan acreditarse documentalmente. La verdadera protección no surge de contar con un código de conducta archivado, sino de demostrar que la organización identificó sus riesgos, estableció controles y actuó oportunamente para prevenir, detectar y corregir conductas indebidas.