La documentación como piedra angular en una determinación fiscal
Análisis del criterio jurisdiccional que reconoce la documentación comprobatoria como elemento indispensable para acreditar operaciones económicas, sustentar registros contables, determinar contribuciones y fortalecer la seguridad jurídica durante las revisiones fiscales.

La documentación comprobatoria: fundamento de la certeza tributaria y de la acreditación de las operaciones económicas
I. La evolución de la contabilidad como instrumento de comprobación fiscal
La contabilidad ha trascendido su concepción tradicional como mecanismo de registro y sistematización de operaciones económicas para consolidarse como un instrumento esencial de comprobación tributaria. Su relevancia jurídica no reside exclusivamente en la cuantificación de ingresos, gastos, activos y pasivos, sino en su capacidad para representar acontecimientos económicos verificables que permitan establecer correctamente las obligaciones fiscales del contribuyente.
Esta perspectiva adquiere especial relevancia a partir de la tesis IX-P-2aS-705, emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), de rubro «DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES. IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LA CONTABILIDAD», publicada en octubre de 2026, mediante la cual se reconoce la función sustancial de la documentación comprobatoria para demostrar los movimientos patrimoniales sujetos a valoración tributaria.
El pronunciamiento desarrolla una premisa fundamental: la información asentada en los libros contables requiere respaldo documental suficiente para acreditar los hechos económicos que representa. Consecuentemente, la confiabilidad de la contabilidad depende no solamente de la corrección de sus registros, sino también de la correspondencia verificable entre estos y las operaciones efectivamente realizadas.
II. El fundamento normativo de la documentación comprobatoria
El artículo 28, fracción I, apartado A, del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la contabilidad comprende diversos elementos, entre ellos los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta y documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Esta disposición configura una concepción integral de la contabilidad, en la cual los documentos de soporte constituyen componentes jurídicamente relevantes y no simples accesorios administrativos.
La trascendencia de esta regulación radica en que impide reducir el cumplimiento contable a la elaboración de asientos formalmente correctos. Un registro puede satisfacer determinadas exigencias técnicas y, sin embargo, resultar insuficiente para demostrar la operación económica subyacente cuando carece de documentación que permita identificar su naturaleza, cuantía, participantes y condiciones de ejecución.
Por su parte, el artículo 6, tercer párrafo, del CFF dispone, como regla general, que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo. Esta obligación presupone disponer de información económica confiable, pues la autodeterminación tributaria exige identificar los hechos generadores, aplicar las disposiciones fiscales correspondientes y cuantificar correctamente las obligaciones resultantes.
De esta manera, la documentación comprobatoria cumple una doble función: permite sustentar la determinación realizada por el propio contribuyente y proporciona elementos susceptibles de verificación durante el ejercicio de las facultades fiscalizadoras. Su adecuada integración favorece tanto el cumplimiento espontáneo como la defensa frente a determinaciones administrativas que pudieran resultar improcedentes.
La contabilidad no adquiere eficacia probatoria por la sola existencia de sus registros, sino por la documentación que permite demostrar la realidad económica de las operaciones que representan
III. Facultades de comprobación y exigencias de acreditación
Los artículos 42, fracción II, y 48, fracción III, del CFF constituyen parte del fundamento normativo examinado por el TFJA. Estas disposiciones, interpretadas sistemáticamente, permiten comprender las atribuciones de la autoridad para revisar documentación e información contable, así como las obligaciones de exhibición que corresponden al contribuyente dentro de los procedimientos legalmente establecidos.
Sin embargo, la facultad administrativa de requerir documentos no representa una autorización irrestricta para desconocer operaciones económicas. Todo ejercicio de comprobación debe respetar las exigencias de competencia, fundamentación, motivación y legalidad derivadas de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), además de las formalidades previstas en las disposiciones fiscales aplicables.
Por consiguiente, resulta indispensable distinguir entre la obligación de conservar y exhibir documentación comprobatoria y la valoración jurídica de su suficiencia. La primera deriva de deberes normativos expresos; la segunda exige examinar las características de cada operación y determinar razonadamente si los elementos aportados permiten demostrar los hechos relevantes para su tratamiento fiscal.
Esta distinción evita convertir cualquier insuficiencia documental en una presunción automática de inexistencia de operaciones. La autoridad debe valorar los elementos disponibles conforme al procedimiento aplicable, mientras que el contribuyente necesita construir un soporte probatorio congruente, susceptible de corroboración y relacionado directamente con los efectos tributarios que pretende justificar.
IV. Materialidad de las operaciones: entre la forma documental y la realidad económica
Uno de los aspectos más significativos del criterio consiste en vincular la documentación comprobatoria con la demostración de la materialidad de los movimientos patrimoniales. La materialidad supone acreditar, mediante elementos pertinentes, que los acontecimientos económicos registrados efectivamente ocurrieron y presentan las características necesarias para producir las consecuencias fiscales que se les atribuyen.
En este contexto, los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), regulados por los artículos 29 y 29-A del CFF, constituyen instrumentos relevantes para documentar operaciones. No obstante, su emisión y cumplimiento formal no necesariamente acreditan, por sí solos, todos los aspectos relacionados con la efectiva realización de una transacción, particularmente cuando su naturaleza exige evidencia complementaria.
Así, en operaciones de prestación de servicios pueden adquirir relevancia los contratos, entregables, comunicaciones comerciales, informes de actividades, evidencia de ejecución y comprobantes de pago. Tratándose de adquisición de mercancías, podrían resultar pertinentes las órdenes de compra, documentos de transporte, controles de inventario, constancias de recepción y registros de almacenamiento.
La suficiencia probatoria no depende de acumular indiscriminadamente documentos, sino de establecer una relación lógica entre las evidencias disponibles y los hechos que deben acreditarse. Cada documento debe contribuir a reconstruir razonablemente la operación, considerando sus particularidades contractuales, financieras, operativas y fiscales, sin imponer requisitos documentales carentes de fundamento legal.
V. Efectos patrimoniales y determinación de contribuciones
La tesis destaca que la documentación comprobatoria permite identificar incrementos y reducciones patrimoniales, cuya trascendencia resulta fundamental para comprender la situación económica del contribuyente. Sin embargo, debe precisarse que no toda variación patrimonial constituye automáticamente un hecho generador de contribuciones, pues sus consecuencias dependen de los presupuestos establecidos en la legislación tributaria correspondiente.
Esta precisión resulta indispensable para evitar interpretaciones extensivas del criterio jurisdiccional. La existencia de un movimiento bancario, una modificación contable o una transferencia patrimonial no determina, por sí misma, la actualización de una obligación tributaria específica. Es necesario examinar su naturaleza jurídica y verificar su correspondencia con los elementos del tributo previstos legalmente.
En consecuencia, la documentación comprobatoria permite construir el enlace entre la realidad económica y su calificación tributaria. Una adecuada acreditación facilita distinguir ingresos acumulables de movimientos no gravados, identificar erogaciones fiscalmente relevantes y reconocer operaciones cuyo tratamiento depende de requisitos sustantivos y formales establecidos en las disposiciones aplicables.
VI. Implicaciones para la prevención de contingencias fiscales
Desde una perspectiva de cumplimiento corporativo, el criterio invita a fortalecer los procedimientos internos de control documental. La conservación ordenada de contratos, comprobantes, comunicaciones y evidencias operativas debe integrarse a una política institucional que permita relacionar cada transacción con su registro contable y con las consecuencias fiscales correspondientes.
Esta práctica exige coordinación entre las áreas jurídica, contable, fiscal, financiera y operativa. La fragmentación de información constituye un riesgo significativo, especialmente cuando los documentos que acreditan la ejecución de determinadas operaciones permanecen exclusivamente bajo el resguardo de departamentos distintos del responsable de atender una revisión tributaria.
Asimismo, conviene considerar los plazos y condiciones de conservación documental establecidos en el artículo 30 del CFF, sin perder de vista los supuestos especiales previstos en dicho ordenamiento. Una estrategia adecuada debe combinar disponibilidad, integridad, trazabilidad y posibilidad de recuperación de la información, evitando depender exclusivamente de archivos dispersos o documentación incompleta.
La materialidad de las operaciones constituye el vínculo indispensable entre el hecho económico, su reconocimiento contable y las consecuencias tributarias que legítimamente pueden atribuírsele
VII. Alcance jurisprudencial y seguridad jurídica
Debe puntualizarse que la tesis IX-P-2aS-705 se identifica como un criterio precedencial por reiteración, publicado bajo una clave correspondiente a la Novena Época del TFJA. Su interpretación debe efectuarse considerando el régimen de precedentes y jurisprudencia previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), particularmente sus artículos 75 y 76, sin confundir su publicación con una jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales.
La relevancia del pronunciamiento radica en proporcionar una orientación interpretativa sobre la función probatoria de la documentación comprobatoria. No obstante, su contenido tampoco autoriza a sostener que toda controversia relacionada con materialidad deba resolverse desfavorablemente al contribuyente ante una deficiencia documental aislada; semejante conclusión requeriría valorar los hechos, las pruebas y el marco normativo específico.
VIII. Reflexión final
La tesis examinada reafirma que una contabilidad jurídicamente sólida requiere correspondencia entre los registros, la documentación y los acontecimientos económicos que sustentan las obligaciones tributarias. Su aportación consiste en destacar que la certeza fiscal se construye mediante información comprobable y no exclusivamente a partir del cumplimiento de formalidades contables.
Para abogados y contadores de empresa, el mensaje resulta inequívoco: la adecuada documentación de las operaciones constituye una herramienta preventiva de cumplimiento, una fuente de certeza para la determinación tributaria y un elemento decisivo para ejercer una defensa fiscal técnicamente sustentada. Texto íntegro de la tesis para consulta del lector:
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA · NOVENA ÉPOCA
Materia: Código Fiscal de la Federación
Clave: IX-P-2aS-705
Rubro:
DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES. IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LA CONTABILIDAD.-
De la interpretación sistemática de los artículos 42, fracción II, y 48, fracción III, del Código Fiscal de la Federación se colige que las autoridades fiscales, para ejercer sus facultades de comprobación, pueden requerir a los contribuyentes la presentación de su contabilidad, así como de datos, documentos o informes necesarios para llevar a cabo sus revisiones. De acuerdo con el artículo 28, fracción I, del mismo Código, la contabilidad se compone, entre otros elementos, de los registros o asientos contables y de la documentación comprobatoria. En este contexto, la documentación comprobatoria se erige como un componente esencial de la contabilidad, ya que proporciona el respaldo necesario para los hechos económicos derivados de transacciones comerciales. Esta documentación refleja, los incrementos y reducciones en el patrimonio de los contribuyentes, lo cual es crucial para entender su situación económica, la cual es, a su vez, la base para la autodeterminación de los tributos, tal como se establece en el artículo 6, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, si la contabilidad es fundamental para la liquidación de las contribuciones, debe reflejar adecuadamente los hechos económicos a través de la documentación comprobatoria, que permite demostrar de manera fehaciente la materialidad de los movimientos o modificaciones registrados en el patrimonio del contribuyente. Así, se pueden apreciar documentalmente los hechos que originaron las variaciones en su patrimonio y, en consecuencia, evaluar correctamente el hecho generador de la contribución.
PRECEDENTE:
IX-P-2aS-690
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20/270-24-01-02-02-OL/22/13-S2-10-30.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 26 de marzo de 2026, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Magistrado encargado del engrose: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Guadalupe Primo Tomé.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de junio de 2026)
R.T.F.J.A. Novena Época. Año V. No. 55. Septiembre 2026. p. 148
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:
IX-P-2aS-705
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6400/21-07-01-9/1424/23-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 1 de julio de 2026, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de julio de 2026)
R.T.F.J.A. Novena Época. Año V. No. 56. Octubre 2026. p. 87
Fecha de publicación: lunes 26 de octubre de 2026, a las 15:26 horas.


Sobre el autor
Mtro. Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y Abogado por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Impuestos por Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE), Socio de las firmas PVE Consultores y ASMX Solutions
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