Impuesto ambiental por emisión de gases en BC: Inconstitucional
En una decisión trascendental, la SCJN ha invalidado el impuesto ambiental por emisión de gases en Baja California, marcando un precedente en la interpretación del principio de proporcionalidad y la competencia fiscal federal.

El 14 de noviembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la acción de inconstitucionalidad 104/2020 declara la inconstitucionalidad de los artículos 133, 134, 135, 136 y sus subdivisiones hasta el 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, siendo los que establecen el "Impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera", implementado en Baja California, el cual fue impugnado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por considerarse contrario a los principios de proporcionalidad y competencia fiscal.
"La decisión de la SCJN establece un precedente crucial en la delimitación de competencias fiscales, fortaleciendo el federalismo fiscal en México."
La controversia se centró en el Decreto número 62 del 30 de abril de 2020, mediante el cual se estableció un impuesto estatal sobre la emisión de gases contaminantes. La PGR argumentó que este gravamen contravenía el principio de proporcionalidad al imponer una carga fiscal sobre hechos ya gravados por el gobierno federal a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles fósiles. La duplicidad en la tributación y la invasión en la competencia fiscal federal constituyeron el núcleo de la impugnación.
La SCJN, tras un análisis detallado, concluyó que el impuesto ambiental impuesto por Baja California efectivamente vulneraba el principio de proporcionalidad fiscal, por lo que determinó que la duplicidad de gravámenes sobre un mismo hecho imponible no solo sobrecargaba indebidamente a los contribuyentes sino que también transgredía las competencias fiscales exclusivas de la Federación en materia de impuestos sobre el consumo de combustibles fósiles.
La inconstitucionalidad del impuesto ambiental mencionado tiene implicaciones, comenzando desde la perspectiva de los contribuyentes, se elimina una carga fiscal considerada injusta y se abre la posibilidad de que se revisen otros impuestos locales similares que podrían estar vulnerando los principios de proporcionalidad y competencia fiscal. En un plano más amplio, la decisión refuerza el marco del federalismo fiscal, reafirmando la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno para evitar conflictos competenciales y duplicidad impositiva.
"Este caso invita a una reflexión sobre la necesidad de una mayor coordinación fiscal entre los distintos niveles de gobierno para garantizar un sistema tributario justo y eficiente."
La resolución se torna en la consolidación de un sistema tributario armonizado, resaltando la importancia de adherirse a los principios de proporcionalidad y competencia fiscal, evitando la sobrecarga impositiva asegurando la seguridad jurídica de los contribuyentes. Este caso no solo resuelve una controversia específica sino que también sienta un precedente que guiará las futuras interacciones fiscales entre la Federación y los Estados, promoviendo un federalismo fiscal más robusto y equitativo. La SCJN, con esta decisión, se evidencia de nueva cuenta la falta de una coordinación y cooperación fiscal más estrecha entre los distintos niveles de gobierno.


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