Estrategias legales ante la exclusión del RESICO

La reciente generación de resolución sobre las expulsiones de contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) por parte de la Administración Central de Operación de Padrones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha encendido alarmas. Estas acciones, principalmente, fundamentadas en la no presentación de la declaración anual del ejercicio 2022, plantean serias interrogantes sobre la legalidad y procedimientos aplicados por la autoridad fiscal.

El efecto de tales resoluciones es, hacer toda tu contabilidad retroactiva desde que te disté de alta, de acuerdo con los comunicados y prensa que ha dado la autoridad fiscal, lo que genera un entorno muy complicado por estos contribuyentes, y costoso por el recalculo y la generación de actualizaciones y recargos.

El RESICO, diseñado para simplificar las obligaciones tributarias y fomentar la formalidad, ha establecido criterios específicos para la permanencia de los contribuyentes en este régimen. La omisión en la presentación de declaraciones anuales se considera una infracción que puede desencadenar la exclusión. Sin embargo, la aplicación de esta medida ha revelado prácticas preocupantes:

·        Competencia material: La actuación del SAT ha sido cuestionada por exceder sus facultades legales, apuntando a una posible falta de competencia material para determinar la expulsión automática del RESICO sin un análisis detallado del caso específico.

·        Procedimientos administrativos previos: La omisión en el procedimiento de requerimiento previo para la presentación de la declaración omitida vulnera principios básicos de seguridad jurídica y debido proceso, principios estos fundamentales en cualquier actuar de la autoridad.

·        Aplicación retroactiva: Se ha identificado la aplicación retroactiva de ciertas reglas misceláneas, contraviniendo el principio de irretroactividad y afectando los derechos de los contribuyentes.

Ante estas circunstancias, se han adoptado estrategias legales robustas, encaminadas a proteger los derechos de los contribuyentes mediante el juicio de nulidad. La solicitud de suspensión del acto reclamado ha permitido a muchos contribuyentes continuar su tributación bajo el RESICO durante la tramitación del juicio, ofreciendo un respiro ante la incertidumbre fiscal.

Esta defensa legal no solo ha demostrado la importancia de adherirse a un proceso administrativo justo y transparente, sino que también ha subrayado la necesidad de que el SAT ajuste sus prácticas a los principios legales que rigen la materia fiscal.

La situación actual exige una reflexión profunda sobre las prácticas administrativas y la importancia de garantizar que las decisiones de las autoridades fiscales estén siempre fundamentadas en el derecho. Para los profesionales del derecho fiscal, representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos de los contribuyentes, asegurando que la tributación se realice bajo un marco de legalidad, certeza jurídica y equidad.

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