Del riesgo psicosocial a la incapacidad laboral
La salud mental laboral plantea nuevas obligaciones preventivas y probatorias. Analizamos la NOM-035, el reconocimiento de trastornos mentales, su calificación profesional y las consecuencias para empresas, trabajadores y aseguramiento social.

Salud mental y enfermedades de trabajo: la responsabilidad patronal frente al estrés, la ansiedad y el desgaste profesional
La salud mental como una nueva dimensión de la responsabilidad empresarial
Durante años, el agotamiento emocional, las alteraciones del sueño y los trastornos asociados con el estrés fueron considerados principalmente problemas individuales, ajenos a la estructura de responsabilidades empresariales. Esta perspectiva ha cambiado mediante el reconocimiento jurídico de que determinadas condiciones de organización del trabajo pueden contribuir al desarrollo de padecimientos mentales susceptibles de afectar la capacidad laboral.
La transformación normativa mexicana responde a dos instrumentos complementarios: la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 (NOM-035), que establece obligaciones preventivas frente a factores de riesgo psicosocial, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2023, que actualizó la tabla de enfermedades de trabajo e incorporó expresamente diversos trastornos mentales.
La importancia de esta evolución no consiste en atribuir automáticamente al patrón cualquier padecimiento psicológico experimentado por sus trabajadores. Su verdadera trascendencia radica en establecer una relación jurídica entre las condiciones laborales, la prevención de riesgos y los procedimientos médicos y administrativos necesarios para reconocer una enfermedad profesional.
La NOM-035: prevenir las condiciones que favorecen el daño
La NOM-035 establece obligaciones dirigidas a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, además de promover un entorno organizacional favorable. Entre los factores comprendidos se encuentran las cargas excesivas de trabajo, la falta de control sobre las actividades, las jornadas prolongadas, la interferencia entre las responsabilidades laborales y familiares, el liderazgo negativo y la violencia laboral.
La norma distingue sus obligaciones según el tamaño del centro de trabajo. Aquellos con hasta quince trabajadores deben observar determinadas medidas preventivas; los centros con dieciséis a cincuenta deben identificar y analizar factores de riesgo psicosocial; y los que superan cincuenta trabajadores deben evaluar adicionalmente el entorno organizacional, conforme a los numerales aplicables.
Esta clasificación impide afirmar que todos los patrones están obligados a realizar idénticas evaluaciones. Sin embargo, ninguno de los centros comprendidos queda excluido de los deberes preventivos que le corresponden por su dimensión. La obligación consiste en aplicar las medidas exigibles según sus características y condiciones reales.
El problema comienza cuando la empresa considera cumplida la norma por haber distribuido cuestionarios entre sus trabajadores. La identificación de factores de riesgo representa solamente una etapa del cumplimiento: cuando los resultados muestran condiciones que requieren intervención, deben adoptarse medidas preventivas y de control conforme al capítulo 8 de la NOM-035.
El reconocimiento legal de los trastornos mentales
La reforma de diciembre de 2023 actualizó el artículo 513 de la LFT e incorporó un grupo específico dedicado a los trastornos mentales. Entre las enfermedades reconocidas se encuentran los trastornos de ansiedad, las alteraciones no orgánicas del ciclo sueño-vigilia, los trastornos asociados con el estrés y los trastornos depresivos.
La tabla identifica estas categorías mediante códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), y contempla diversas actividades económicas y puestos de trabajo potencialmente expuestos. Su alcance no se encuentra limitado exclusivamente a sectores tradicionalmente asociados con tensión emocional, pues reconoce que la exposición puede presentarse en múltiples ocupaciones.
Una precisión especialmente relevante corresponde al síndrome de desgaste profesional o burnout. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como un fenómeno ocupacional, no como una enfermedad médica independiente. Sin embargo, la tabla mexicana incluye el código QD85 dentro de los trastornos asociados con el estrés, circunstancia que obliga a distinguir entre la clasificación internacional del fenómeno y su inclusión como referencia en la legislación laboral nacional.
La aparición de síntomas compatibles con desgaste profesional no equivale, por sí sola, al reconocimiento automático de una enfermedad de trabajo. Es necesario determinar si existe un padecimiento susceptible de calificación y si se demuestra su vinculación con factores de exposición laborales.
La incorporación de los trastornos mentales a la tabla de enfermedades laborales no convierte automáticamente cualquier diagnóstico en un riesgo de trabajo: exige determinar su relación causal con las condiciones de prestación del servicio
La causalidad: el punto decisivo de la controversia
Los artículos 473 y 475 de la LFT establecen el marco jurídico de los riesgos y enfermedades de trabajo. Particularmente, la enfermedad profesional se relaciona con un estado patológico derivado de la acción continuada de una causa cuyo origen se encuentra en el trabajo o en el medio donde la persona presta sus servicios.
Esta definición adquiere especial complejidad tratándose de trastornos mentales, cuya aparición puede involucrar diversos factores. La existencia de ansiedad o depresión no demuestra automáticamente que el padecimiento fue ocasionado por el empleo, pero tampoco resulta suficiente atribuirlo genéricamente a circunstancias personales para excluir su posible origen profesional.
La determinación exige examinar la exposición a factores de riesgo, su duración e intensidad, la evolución clínica y las circunstancias concretas del puesto. La investigación debe integrar elementos médicos y laborales, sin sustituir el diagnóstico especializado por apreciaciones administrativas de recursos humanos.
En este contexto, las evaluaciones de la NOM-035 pueden aportar información relevante, especialmente cuando identificaron condiciones de riesgo en el área donde laboraba la persona afectada. No constituyen, sin embargo, una prueba concluyente de causalidad individual: deben valorarse conjuntamente con los demás antecedentes.
El papel del IMSS y la calificación de la enfermedad profesional
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interviene en la calificación de las enfermedades de trabajo de las personas aseguradas sujetas a su régimen. La evaluación considera información clínica y antecedentes de exposición laboral, de acuerdo con los procedimientos institucionales correspondientes.
El formato ST-9, relativo al aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo, permite documentar elementos relevantes para determinar el origen profesional del padecimiento. Su instructivo contempla aspectos como la historia clínica y laboral, la caracterización de la exposición y la identificación de agentes causales.
La importancia del procedimiento consiste en evitar que el origen profesional se determine exclusivamente por la manifestación del trabajador o por la posición del patrón. La calificación exige una valoración médico-técnica sustentada, susceptible de generar efectos en las prestaciones de seguridad social y, cuando proceda, de ser controvertida por las vías legalmente disponibles.
Debe distinguirse, además, entre el certificado de incapacidad temporal y el reconocimiento definitivo del origen laboral del padecimiento. La expedición de una incapacidad por un trastorno mental no significa necesariamente que este haya sido calificado como riesgo de trabajo.
Las consecuencias económicas: subsidios, incapacidades y prima de riesgos
La Ley del Seguro Social (LSS) contempla prestaciones específicas para las personas aseguradas que sufren riesgos de trabajo. Entre ellas se encuentran la atención médica, los subsidios por incapacidad temporal y, cuando corresponda, las pensiones derivadas de incapacidades permanentes.
El artículo 58 de la LSS establece las prestaciones económicas aplicables, mientras que los artículos 72 y 74 regulan aspectos fundamentales de la determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. La calificación profesional de un padecimiento puede incidir en la siniestralidad patronal y, con ello, en la prima correspondiente, conforme al mecanismo legal.
Sin embargo, no toda incapacidad psicológica incrementa automáticamente la prima. Deben considerarse los casos de riesgos de trabajo terminados durante el periodo de revisión, así como los días subsidiados y demás elementos contemplados en la fórmula legal. El IMSS precisa que la determinación anual utiliza la siniestralidad del periodo correspondiente.
La consecuencia financiera, por tanto, requiere una evaluación individual y actuarial. Presentar cualquier diagnóstico de estrés como causa inmediata de un incremento en cuotas patronales constituiría una simplificación técnicamente incorrecta.
La omisión preventiva como elemento de responsabilidad
El incumplimiento de la NOM-035 puede generar consecuencias administrativas independientes de que exista una persona diagnosticada con una enfermedad de trabajo. La autoridad laboral cuenta con facultades de inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud.
El artículo 994, fracción V, de la LFT contempla sanciones para determinadas infracciones relacionadas con las normas de seguridad y salud laboral. La imposición de una multa exige identificar la obligación incumplida y observar el procedimiento administrativo correspondiente; no constituye una consecuencia automática de cualquier diagnóstico.
La situación adquiere mayor relevancia cuando la empresa conocía condiciones de riesgo y omitió adoptar medidas. Una evaluación que advierte cargas excesivas, jornadas prolongadas o prácticas de violencia laboral, sin evidencia de intervención posterior, puede convertirse en un elemento probatorio importante dentro de una controversia.
No obstante, la responsabilidad patrimonial tampoco debe presumirse exclusivamente por el incumplimiento documental. Para determinar indemnizaciones u otras consecuencias deberán examinarse sus respectivos presupuestos legales, incluida la naturaleza del daño y la relación jurídicamente relevante con las conductas atribuidas al patrón.
El catálogo de cédulas: una herramienta adicional para acreditar el origen profesional
Un desarrollo normativo que merece especial atención es el Catálogo de las Cédulas para la Valuación de las Enfermedades de Trabajo, publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 30 de abril de 2024.
Este instrumento complementa la tabla de enfermedades y contiene elementos relativos a agentes causales, actividades económicas, características de exposición, criterios clínicos y parámetros de valoración. Su utilidad consiste en proporcionar referencias técnicas para analizar las condiciones que pueden vincular un padecimiento con la actividad laboral.
Este catálogo permite comprender que la calificación de una enfermedad profesional no debería descansar únicamente en el nombre del diagnóstico. También exige examinar las características de exposición y los elementos pertinentes para valorar la relación causal.
Su consulta debe formar parte de la preparación de expedientes laborales y de seguridad social, especialmente cuando existan discrepancias entre la información aportada por el trabajador, las condiciones documentadas por el patrón y la determinación médica correspondiente.
El cumplimiento de la NOM-035 no se acredita únicamente mediante cuestionarios y políticas escritas; requiere identificar los riesgos, intervenir sobre sus causas y documentar la eficacia de las medidas preventivas
Del cuestionario a la intervención organizacional
La prevención eficaz exige convertir los resultados de la NOM-035 en decisiones sobre la organización del trabajo. Cuando se detecten cargas excesivas, es necesario examinar la distribución de funciones, la disponibilidad de personal y la correspondencia entre los objetivos empresariales y los recursos efectivamente asignados.
También deben revisarse los sistemas de supervisión. Un liderazgo que recurre sistemáticamente a amenazas, humillaciones o exigencias desproporcionadas puede constituir un factor de riesgo psicosocial que requiera medidas institucionales. La capacitación de mandos medios resulta útil, pero debe acompañarse de mecanismos efectivos para denunciar conductas inadecuadas y corregirlas.
La revisión de jornadas también es relevante. El registro del tiempo trabajado y la organización de descansos pueden proporcionar información objetiva para identificar exposiciones prolongadas. Sin embargo, tales mecanismos deben utilizarse como herramientas preventivas y no como instrumentos de vigilancia invasiva.
La evaluación periódica exige, finalmente, seguimiento documental. Las medidas adoptadas deben contar con responsables identificables, plazos razonables y elementos que permitan verificar si produjeron cambios reales en las condiciones laborales.
El manejo de incapacidades y la confidencialidad médica
Cuando una persona trabajadora presenta una incapacidad relacionada con su salud mental, la empresa debe distinguir sus necesidades administrativas de la información clínica cuyo conocimiento resulta legítimamente necesario. Los diagnósticos y antecedentes médicos constituyen datos personales sensibles que requieren medidas reforzadas de protección.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece obligaciones sobre el tratamiento de esta información. En consecuencia, las áreas de recursos humanos no deberían difundir diagnósticos entre supervisores o compañeros ni solicitar detalles clínicos que excedan las finalidades legalmente justificadas.
El regreso al trabajo también requiere atención. Resulta conveniente evaluar las condiciones que pudieron contribuir al padecimiento y determinar, con la orientación médica correspondiente, si son necesarios ajustes razonables en funciones, cargas o modalidades de prestación del servicio.
La reincorporación sin modificación alguna de condiciones previamente identificadas como riesgosas puede comprometer la eficacia de la prevención. Por el contrario, una respuesta documentada y respetuosa de la confidencialidad permite articular los deberes laborales con la protección de la salud.
Reflexión final: la prevención debe preceder a la incapacidad
La inclusión de trastornos mentales en la tabla de enfermedades de trabajo consolidó una transformación significativa del marco jurídico mexicano. La salud mental ya no puede tratarse exclusivamente como una cuestión individual cuando existen condiciones laborales que pueden contribuir a su afectación.
Sin embargo, la calificación profesional de un padecimiento exige demostrar su relación con el trabajo. Ni la existencia de un diagnóstico acredita automáticamente responsabilidad patronal ni el cumplimiento formal de la NOM-035 garantiza que una enfermedad no pueda ser reconocida como laboral.
Para las empresas, el desafío consiste en desarrollar sistemas preventivos reales, documentar las intervenciones y atender adecuadamente los casos individuales. Para los profesionales jurídicos y contables, implica comprender las diferencias entre inspección laboral, calificación médica, prestaciones de seguridad social y responsabilidad patrimonial.
La mejor respuesta empresarial frente a los trastornos mentales relacionados con el trabajo no comienza cuando se presenta una incapacidad, sino cuando la organización identifica oportunamente las condiciones que pueden producirla y adopta medidas verificables para prevenirlas.


Sobre el autor
Adrián Sachiel Paredes Cruz
Abogado por la Universidad de Guadalajara, socio del instituto CEDE para contadores y abogados
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