Cuentas bancarias inmovilizadas

La inmovilización de cuentas y el derecho de defensa

La inmovilización de cuentas bancarias constituye una de las medidas de cobro con mayor impacto sobre la operación de una empresa. Puede impedir el pago de nómina, proveedores, contribuciones y obligaciones financieras, incluso cuando el contribuyente desconoce el origen del crédito que motivó la actuación de la autoridad.

En ese contexto, la posibilidad de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) adquiere especial importancia. La controversia no siempre se relaciona con la existencia de la deuda: también puede comprender la legalidad del procedimiento de ejecución, las notificaciones, la exigibilidad del crédito o el alcance de la medida adoptada.

El Criterio Jurisdiccional 6/2026 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) documenta una sentencia que delimita la interpretación de la reforma publicada el 16 de octubre de 2025, particularmente respecto de la competencia del Tribunal para conocer de determinados actos de cobro.

La reforma de octubre de 2025

El 16 de octubre de 2025 se publicó un decreto que modificó disposiciones de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Entre las modificaciones se encuentra la relativa al artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica del TFJA, que contempla una exclusión de competencia respecto de determinadas resoluciones que exigen el pago de créditos fiscales, así como actos relacionados con solicitudes de prescripción.

La precisión esencial reside en las condiciones establecidas por la propia disposición. Según el criterio examinado, la excepción se refiere a créditos determinados mediante resoluciones que hayan sido impugnadas y, además, se encuentren firmes por resolución de autoridad competente.

Por tanto, la sola existencia de un procedimiento de cobro no permite concluir, sin mayor análisis, que el Tribunal carece de competencia para conocer del acto controvertido.

La reforma de 2025 no excluye automáticamente del conocimiento del Tribunal todo acto relacionado con el cobro de créditos fiscales

El caso que dio origen al criterio

Una persona contribuyente acudió a PRODECON después de que su cuenta bancaria fuera inmovilizada sin conocer los motivos de la medida.

Durante la tramitación de la queja, la autoridad exhibió una multa administrativa impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como el oficio mediante el cual se comunicó la inmovilización y sus respectivas constancias de notificación.

Aunque la multa provenía de una autoridad ambiental, su cobro se efectuaba mediante mecanismos propios de la recaudación de créditos fiscales. Esta circunstancia muestra que las medidas de ejecución fiscal no necesariamente tienen como antecedente una contribución omitida.

PRODECON promovió un juicio contencioso administrativo en la vía sumaria. Debido al ámbito de su competencia material, la impugnación se concentró en la resolución que comunicaba la inmovilización de cuentas.

El argumento de improcedencia de la autoridad

Al contestar la demanda, la autoridad sostuvo que el juicio debía declararse improcedente conforme a los artículos 8, fracción II, y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relacionados con la nueva redacción del artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica del TFJA.

Su razonamiento consistía en que el acto impugnado derivaba del cobro de un crédito fiscal y, por ello, se encontraba fuera de la competencia del Tribunal.

La interpretación planteaba un problema relevante: convertía una excepción legal condicionada en una exclusión prácticamente general de los actos de cobro, sin acreditar que el crédito de origen reuniera los requisitos previstos por la reforma.

La resolución de la Sala Regional

La Sala Regional de Guerrero del TFJA rechazó el planteamiento de improcedencia.

En primer lugar, advirtió que no existían elementos en el expediente para concluir que el crédito fiscal hubiera sido previamente impugnado y que, además, se encontrara firme por resolución de autoridad competente.

La circunstancia resultaba decisiva porque ambos requisitos formaban parte del supuesto normativo invocado para excluir la competencia del Tribunal. La autoridad no podía prescindir de ellos y limitarse a señalar que la inmovilización derivaba de una actuación de cobro.

En segundo término, la Sala consideró la temporalidad de la reforma. Tanto el acto impugnado como la presentación de la demanda habían ocurrido antes de su entrada en vigor.

Por ello, incluso bajo la hipótesis de que el crédito hubiera sido impugnado y estuviera firme, la nueva regla no podía aplicarse al juicio en las condiciones examinadas por el órgano jurisdiccional.

Dos argumentos que deben distinguirse

El criterio contiene dos razonamientos autónomos que conviene separar al diseñar una estrategia de defensa.

El primero se refiere a los presupuestos materiales de la excepción de competencia: la autoridad debe demostrar que se actualizan las condiciones previstas en el artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica.

El segundo corresponde a la aplicación temporal de la reforma: debe determinarse si el acto y el procedimiento judicial se encuentran comprendidos en su ámbito de vigencia, conforme a las disposiciones transitorias.

Esta distinción resulta especialmente importante para los juicios promovidos después de la entrada en vigor del decreto. En esos asuntos, el argumento de temporalidad utilizado en la sentencia no necesariamente será aplicable, aunque subsista la necesidad de analizar los presupuestos materiales de la exclusión.

Alcance jurídico del Criterio 6/2026

El documento difundido por PRODECON corresponde a un criterio jurisdiccional obtenido en un juicio de nulidad, derivado de una sentencia firme de la Sala Regional de Guerrero.

Su valor consiste en documentar una interpretación judicial favorable a la delimitación estricta de la excepción de competencia. Sin embargo, no debe confundirse con jurisprudencia obligatoria del Poder Judicial de la Federación.

Tampoco significa que toda inmovilización de cuentas pueda impugnarse indistintamente ante el TFJA. La procedencia de cada medio de defensa depende de la naturaleza del acto, los antecedentes del crédito, las notificaciones, los plazos y las demás disposiciones procesales aplicables.

El criterio proporciona un argumento relevante, pero no sustituye el análisis individual de cada expediente.

Para invocar la excepción de competencia, no basta afirmar que existe un crédito: deben acreditarse las condiciones específicas previstas por la ley

Recomendaciones para el contribuyente

Ante una inmovilización bancaria, la primera medida debe consistir en identificar el crédito que la origina. Es indispensable obtener la resolución determinante, las constancias de notificación y los documentos mediante los cuales se ordenó o comunicó la medida.

Posteriormente, debe reconstruirse la historia procesal del crédito. Conviene verificar si fue impugnado, qué resoluciones se emitieron y si existe una determinación firme de autoridad competente.

También debe revisarse la fecha del acto y del inicio del procedimiento de defensa, pues la aplicación temporal de las reformas puede modificar sustancialmente la estrategia jurídica.

Cuando se controvierta la competencia del Tribunal, resulta conveniente analizar expresamente los requisitos del artículo 3, fracción II, de su Ley Orgánica, sin asumir que cualquier acto de cobro queda comprendido en la exclusión.

De manera paralela, debe examinarse la legalidad de la inmovilización: exigibilidad del crédito, alcance del importe afectado, cumplimiento de las formalidades y alternativas legalmente disponibles para garantizar el interés fiscal.

Finalmente, las empresas deben mantener controles sobre multas y requerimientos de autoridades administrativas distintas del SAT. Las sanciones impuestas por organismos ambientales, laborales o de protección al consumidor también pueden derivar en procedimientos de cobro con consecuencias financieras inmediatas.

Conclusión

El Criterio Jurisdiccional 6/2026 de PRODECON aporta una interpretación relevante sobre los límites de la reforma de octubre de 2025 a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La sentencia distingue entre la existencia de un acto de cobro y la actualización de los requisitos legales para excluir su revisión jurisdiccional. Asimismo, reconoce la importancia de las disposiciones transitorias cuando los actos y juicios son anteriores a la reforma.

Para el contribuyente, la diferencia puede ser decisiva: antes de aceptar que el Tribunal carece de competencia, debe verificarse si la autoridad acreditó los presupuestos específicos de la excepción que invoca.

Se transcribe para consulta del lector el texto íntegro del Criterio Jurisdiccional 6/2026:

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Novena Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, celebrada el 29 de octubre de 2026

CRITERIO JURISDICCIONAL 6/2026 (Aprobado 9na. Sesión Ordinaria 29/10/2026)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN II, DE SU LEY ORGÁNICA NO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN QUE COMUNICA LA INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, SI LA AUTORIDAD NO ACREDITA QUE EL CRÉDITO FISCAL QUE LE DA ORIGEN FUE IMPUGNADO Y SE ENCUENTRA FIRME POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE.

Antecedentes.

Una persona contribuyente solicitó el servicio de Quejas y Reclamaciones de esta Procuraduría derivado de que le fue inmovilizada su cuenta bancaria, desconociendo los motivos y antecedentes de dicha medida. Consecuentemente, al momento de rendir su informe, la autoridad exhibió la multa administrativa emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el oficio que comunica la inmovilización de cuentas bancarias, junto con sus constancias de notificación, por lo que su asunto fue turnado al área de Representación y Defensa Legal, en el cual, atendiendo a la competencia por materia de esta Procuraduría, se impugnó únicamente la resolución que comunica la inmovilización de cuentas.

En la contestación de demanda, la autoridad demandada argumentó que se actualizaba la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 8°, fracción II, y 9°, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la fracción II, del artículo 3°, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025, entrando en vigor al día siguiente, porque, a su juicio, no se actualizaba la competencia del Tribunal, ya que la resolución impugnada consistía en el oficio a través del cual la Autoridad Recaudadora había inmovilizado las cuentas bancarias de la persona contribuyente, derivado del cobro de un crédito fiscal determinado en una resolución.

Argumentos de defensa considerados en la sentencia.

Al respecto, se expuso a la Sala que el supuesto de improcedencia invocado por la demandada, devenía de infundado, ya que pasaba por alto que, si bien la fracción II, del artículo 3°, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señala que dicho Tribunal no conocerá de resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias o de actos que resuelvan sobre las solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos fiscales, lo cierto es que únicamente se refiere a aquellas resoluciones que hayan sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente.

Criterio Jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad.

El Órgano Jurisdiccional señaló que con fecha 16 de octubre de 2025, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, en el cual se precisó que no serán impugnables ante el Tribunal aquellas resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hayan sido impugnadas y además se encuentren firmes por resolución de autoridad competente, o de actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos.

Luego entonces, consideró que, si bien el acto impugnado es consecuencia de una actuación de exigencia de pago de un crédito fiscal, cierto es también que en el caso en concreto no se cumplen las condicionantes establecidas en la fracción II, del artículo 3°, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; lo anterior, porque de los autos del expediente electrónico no se advierte que el crédito fiscal génesis del acto controvertido, haya sido impugnado y que además se encuentre firme, esta última circunstancia advertida también de la declaración realizada por la autoridad demandada, pues solo en este escenario, el Tribunal sería incompetente para conocer del asunto, circunstancia que no aconteció en la especie.

Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo “Tercero” Transitorio del Decreto referido, en el supuesto sin conceder, de que el crédito fiscal génesis del acto controvertido hubiera sido impugnado y que el mismo se encontrara firme, no se acreditaría la incompetencia del Tribunal para conocer del acto impugnado, en razón de que, tanto el acto impugnado como la ejercitación de la acción contenciosa en su contra, acontecieron con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto en comento; lo anterior, de conformidad con el artículo “Primero” Transitorio del ya referido Decreto.

Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Sala Regional de Guerrero del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2025. Sentencia firme.