Validez de la notificación electrónica por buzón tributario

El desarrollo progresivo de los sistemas digitales en materia fiscal ha dado lugar a diversas tensiones interpretativas en torno al buzón tributario, figura prevista en los artículos 17-K y 134 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Uno de los debates más relevantes —y que fue objeto de contradicción de criterios resuelta por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte— gira en torno a la validez de las notificaciones electrónicas practicadas por este medio.

La jurisprudencia 2031717 emitida en la duodécima época por dicho Pleno Regional zanja esta discusión con una tesis de aplicación obligatoria a partir del 3 de febrero de 2026, de rubro: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR BUZÓN TRIBUTARIO. PARA SU VALIDEZ ES SUFICIENTE QUE LA AUTORIDAD ACREDITE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO EN EL SISTEMA Y EL ENVÍO DEL AVISO ELECTRÓNICO A LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS POR LA PERSONA CONTRIBUYENTE (ARTÍCULOS 17-K Y 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN), en la que determina que la validez de la notificación electrónica no exige que la autoridad pruebe la recepción efectiva del aviso electrónico enviado al contribuyente, sino únicamente la puesta a disposición del acto administrativo en el sistema del buzón tributario y el envío del aviso electrónico a los medios de contacto registrados por aquél.

Tomando en cuenta que el artículo 17-K del CFF establece que los contribuyentes están obligados a habilitar su buzón tributario y registrar medios de contacto válidos para efectos de comunicación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por su parte, el artículo 134 dispone que las notificaciones efectuadas por este medio se tendrán por hechas cuando se haya puesto el acto administrativo a disposición en el sistema, computándose los plazos legales conforme al calendario procesal aplicable.

“El aviso electrónico es un instrumento de alerta, no un acto de notificación en sí mismo.”

El pronunciamiento jurisprudencial objeto de este análisis pone en relieve una interpretación teleológica y sistemática de ambos preceptos. Se afirma que el aviso electrónico cumple una función instrumental, esto es, sirve como medio de alerta al contribuyente, pero no constituye el acto de notificación en sí mismo, que aunque nos gustaría que así fuera, lo cierto es la existente dificultad de probar tal extremo a cargo de la autoridad por no que en muchos casos no son propios, sino del contribuyente como lo detallo en los próximos párrafos. En consecuencia, el cumplimiento de la carga legal por parte de la autoridad se agota en dos actos: (i) poner a disposición el documento correspondiente en el buzón tributario, y (ii) enviar el aviso de disponibilidad al correo electrónico o teléfono celular previamente registrados.

Uno de los elementos más sofisticados del razonamiento judicial consiste en advertir que exigir a la autoridad fiscal la demostración de la recepción efectiva del aviso en los medios electrónicos del contribuyente —por ejemplo, en su bandeja de entrada o mediante confirmación de lectura— implica la introducción de un requisito no previsto en la legislación vigente. Se trata de una imposición interpretativa que no solo trasgrede los principios de legalidad y debido proceso, sino que, además, representa una carga técnica y operativa fuera del ámbito de control de la autoridad emisora. Factores como fallas de conectividad, saturación de servidores de correo, bloqueos de filtros antispam o desuso del número telefónico registrado son circunstancias imputables al propio contribuyente, quien, además, tiene la carga de mantener actualizados sus medios de contacto y de consultar regularmente su buzón tributario. Así, el criterio de la SCJN —consolidado por la jurisprudencia de los Plenos Regionales— sostiene que trasladar esa carga a la autoridad sería jurídicamente inviable y técnicamente ineficaz, atentando contra la operatividad misma del buzón tributario como herramienta de gestión y control fiscal.

Así, el principio de seguridad jurídica, ampliamente reconocido en el derecho constitucional mexicano, no se ve menoscabado por esta interpretación. El contribuyente sigue teniendo la posibilidad de impugnar la notificación, ya sea demostrando que nunca recibió el aviso por fallas atribuibles a la autoridad, o bien acreditando mediante peritajes técnicos la inexistencia del acto. Este equilibrio permite preservar el derecho de audiencia y el acceso a los medios de defensa, sin crear cargas desproporcionadas o innecesarias que podrían comprometer el funcionamiento del sistema de notificaciones digitales. Además, el sistema establece plazos claros y mecanismos auditables que permiten verificar si el documento fue o no puesto a disposición conforme a derecho.

“Imponer a la autoridad fiscal la carga de demostrar la recepción efectiva del aviso digital implica crear un requisito legal inexistente.”

Otro argumento de gran peso es la necesidad de certeza procesal respecto del cómputo de plazos. Al considerar la puesta a disposición del documento en el buzón como el momento a partir del cual corre el término legal, se garantiza una uniformidad interpretativa y se evita la inseguridad derivada de situaciones subjetivas, como la apertura o revisión del correo electrónico personal por parte del contribuyente. Esto resulta crucial para evitar que el buzón tributario se convierta en una figura “muerta”, ineficaz o sujeta a múltiples interpretaciones que obstaculicen la fiscalización y debiliten la gestión de las facultades de comprobación del Estado. El modelo propuesto no solo es viable desde el punto de vista técnico, sino que optimiza los principios de economía procesal, eficiencia administrativa y certeza jurídica.

Por lo tanto, el criterio jurisprudencial adoptado por la Suprema Corte, a través del Pleno Regional correspondiente, robustece la confianza en el sistema digital tributario al establecer que la notificación electrónica se perfecciona con actos objetivos y verificables: la puesta a disposición del documento y el envío del aviso electrónico. No se exige que este último sea efectivamente recibido, descargado o leído, puesto que ello implicaría someter a la autoridad a contingencias ajenas a su control, que en lo personal me gustaría hasta ciertos extremos que probará el envío a los medios de contacto, no a cerciorarse que fueran efectivos y que el contribuyente hubiera recibido el mensaje.