La responsabilidad solidaria fiscal del RESICO

El entorno de la responsabilidad solidaria de las personas físicas que realizan actividades empresariales o profesionales merece una revisión más severa de la que habitualmente recibe en la práctica consultiva. Con frecuencia, el análisis fiscal se concentra en la determinación del impuesto, en la materialidad de las operaciones o en la procedencia de deducciones; sin embargo, se relega a un plano secundario una cuestión patrimonial decisiva: hasta qué monto puederesponder la persona física por las contribuciones causadas con motivo de su actividad. El artículo 26-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) introduce, para ciertos regímenes, una limitación relevante al disponer que las personas físicas tributantes en el Régimen de Actividad Empresarial y Profesional (RAEP) y en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) responderán hasta por un monto que no exceda del valor de los activos afectos a la actividad, siempre que cumplan con las obligaciones correspondientes de su régimen.

La premisa legislativa parece, en principio, razonable. El legislador reconoce que la actividad económica desarrollada por una persona física no debe, automáticamente y sin matices, irradiar responsabilidad ilimitada sobre la totalidad de su patrimonio ajeno a la operación empresarial. Con ello se aproxima, al menos funcionalmente, a una lógica de separación patrimonial imperfecta: la actividad responde con los bienes vinculados a ella. No obstante, el aparente refinamiento técnico del precepto pronto se enfrenta con su principal debilidad: la ley reconoce el límite, pero no define con precisión suficiente la categoría jurídica que le da contenido, esto es, los “activos afectos” a la actividad. En ese vacío interpretativo descansa buena parte de la contingencia que debemos administrar en la gestión fiscal de este tipo de empresarios.

Desde una aproximación económica y contable, parecería sencillo identificar tales activos. El material proporcionado enumera, con acierto práctico, el efectivo depositado en cuentas bancarias relacionadas con la actividad, la cartera de clientes o cuentas por cobrar, las inversiones financieras vinculadas con el negocio, así como los bienes muebles e inmuebles destinados al desarrollo de la actividad: computadoras, teléfonos celulares, mobiliario, herramientas, inventarios, automóviles, patentes, marcas, oficinas, establecimientos y maquinaria. La enumeración ilustra una intuición correcta: el activo afecto es aquel que se integra funcionalmente al proceso de generación de ingresos. Sin embargo, esa intuición económica no resuelve, por sí sola, la cuestión jurídica. La autoridad fiscal no siempre opera con criterios de afectación económica pura; con frecuencia, su interpretación se apoya en registros, trazabilidad documental y reflejo contable.

Allí surge la primera gran zona gris: la situación de quienes no llevan una contabilidad robusta o recurren a esquemas simplificados. Si el contribuyente utiliza herramientas administrativas reducidas, como los sistemas simplificados referidos en el texto base, la individualización de los bienes afectos puede volverse extraordinariamente imprecisa. Una cuenta bancaria puede mezclar ingresos del negocio con depósitos de naturaleza personal; una computadora puede utilizarse para fines profesionales durante el día y personales por la noche; un vehículo puede servir tanto para visitas a clientes como para traslados familiares. La falta de una frontera documental nítida no elimina la afectación económica, pero sí debilita la capacidad defensiva del contribuyente frente a una eventual pretensión amplia de la autoridad. En otras palabras, el límite legal existe, aunque su operatividad práctica depende de la calidad de la evidencia que permita probarlo.

La segunda interrogante es todavía más delicada: la de los bienes utilizados en la actividad, pero sin reflejo fiscal expreso. El ejemplo de la computadora adquirida antes del alta en el régimen y empleada con posterioridad para la prestación de servicios es especialmente ilustrativo. Si el bien no fue deducido, si no se registró formalmente como inversión o si no generó efectos directos en la determinación del impuesto, ¿deja por ello de ser un activo afecto? Una respuesta afirmativa sería excesivamente formalista y permitiría que la realidad económica fuese desplazada por una omisión registral; una respuesta negativa, en cambio, ampliaría el universo de bienes embargables o exigibles aun cuando no exista huella fiscal suficiente. El problema, pues, no radica sólo en identificar el bien, sino en determinar qué intensidad de vinculación exige la ley: uso habitual, uso principal, destinación exclusiva o mera utilidad ocasional. El texto fuente expone con claridad que esa indeterminación sigue abierta.

“Donde la ley pretende acotar la responsabilidad, la ambigüedad sobre el activo

afecto devuelve la incertidumbre.”

Aún más provocador resulta el escenario de las actividades con pocos o nulos activos materiales. La economía digital ha desmontado el paradigma clásico del comerciante con local, inventario, mobiliario y estructura fija. Hoy es perfectamente posible que una persona física preste servicios profesionales, técnicos o creativos mediante una laptop, un teléfono móvil y una conexión a internet. Si se llevara al extremo la lógica del artículo 26-A del CFF, podría sostenerse que la responsabilidad se constriñe al valor de esos bienes mínimos. La consecuencia no es menor: la exposición fiscal patrimonial de quien produce altos ingresos con baja intensidad de activos sería sensiblemente inferior a la de quien requiere instalaciones, maquinaria o inventarios, aun cuando ambos omitan contribuciones de cuantía semejante. Este desequilibrio no necesariamente hace inconstitucional la norma, pero sí revela que el criterio de afectación patrimonial puede producir resultados marcadamente asimétricos.

Desde la perspectiva de cumplimiento corporativo y de control interno, la lección es contundente. La defensa del límite de responsabilidad no se improvisa cuando inicia una facultad de comprobación o cuando emerge un crédito fiscal; se construye preventivamente mediante documentación adecuada. El contribuyente debe ser capaz de acreditar, con consistencia, cuáles bienes integran su esfera de operación, cuáles son ajenos a ella, qué cuentas se destinan al flujo del negocio, qué activos se utilizan de manera exclusiva o preponderante y cuál es su valor.

Para abogados de empresa, ello exige diseñar estrategias probatorias ex ante.

Para contadores, implica abandonar la idea de que la contabilidad sólo sirve para liquidar impuestos.

En este ámbito, la contabilidad, los contratos, los estados de cuenta, los comprobantes de adquisición y las políticas de uso de bienes cumplen una función patrimonial defensiva de primer orden.

El punto más inquietante del texto proporcionado se localiza, sin duda, en el tratamiento del RESICO. A partir de enero de 2022, el RESICO para personas físicas entró en vigor dentro del capítulo de actividades empresariales y profesionales; sin embargo, el artículo 26-A del CFF, conforme al material base, no lo incluye expresamente entre los supuestos beneficiados por la limitación de responsabilidad. La observación es jurídicamente sustancial. Aunque pueda inferirse que el legislador pretendía conservar una lógica semejante a la prevista anteriormente para el RIF, la técnica tributaria no autoriza a suplir por analogía lo que la norma no establece de manera expresa cuando la consecuencia afecta la esfera patrimonial del gobernado. La omisión, por tanto, no es un simple detalle editorial: abre una duda real sobre la extensión de la responsabilidad de quienes tributan en RESICO.

“En materia tributaria, una omisión legislativa no es un descuido menor: puede

alterar la extensión patrimonial del riesgo.”

Aquí conviene resistir la tentación de una lectura benevolente pero insegura. Sostener que el RESICO “debería” estar comprendido porque sustituyó funcionalmente al RIF puede ser una hipótesis razonable en el plano político-legislativo, pero no equivale a una solución jurídica acabada. En derecho fiscal, la seguridad jurídica exige previsibilidad normativa, no reconstrucciones intuitivas de la voluntad del legislador. Precisamente por ello, el texto fuente propone una salida institucional sensata: que la autoridad aclare la situación, al menos, mediante una regla de carácter general. Aun así, debe advertirse que una regla administrativa nunca sustituye plenamente la necesidad de depuración legislativa cuando lo que está en juego es la delimitación de la responsabilidad patrimonial. La técnica correcta sería una reforma expresa que armonice el precepto con la realidad vigente de los regímenes tributarios.

En conclusión, el artículo 26-A del CFF ofrece una protección patrimonial potencialmente valiosa para determinadas personas físicas, pero su utilidad práctica depende de dos variables que hoy permanecen tensionadas: la prueba de los activos afectos y la actualización normativa de los regímenes comprendidos. Debemos leer la disposición no como una franquicia automática, sino como una ventaja condicionada por el cumplimiento y por la capacidad probatoria. También debemos comprender que la clasificación y documentación de activos no es una labor mecánica, sino una pieza central de gestión de riesgo fiscal. Mientras no exista mayor precisión legislativa, especialmente respecto del RESICO, la prudencia profesional aconseja documentar con rigor la afectación de bienes a la actividad y construir expedientes que permitan sostener, con evidencia y no sólo con argumentos, el verdadero límite de la responsabilidad tributaria.