La regularización espontánea en la LFPIORPI

La reforma al artículo 55 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —LFPIORPI— representa uno de los ajustes más relevantes del sistema mexicano de prevención de lavado de dinero en los años recientes. Su importancia no radica exclusivamente en la modificación del catálogo de consecuencias aplicables al incumplimiento, sino en la reconfiguración del modelo de incentivos que el legislador ha diseñado para inducir la corrección voluntaria, temprana y documentada de obligaciones omitidas por los sujetos obligados.

Desde una perspectiva funcional, el nuevo texto abandona la lógica estrecha del beneficio limitado a una sola infracción y adopta un esquema más amplio de regularización integral. Esa mutación normativa no es menor. Implica reconocer que, en la práctica, los incumplimientos en materia antilavado rara vez se presentan como episodios aislados. Por el contrario, suelen manifestarse como series de omisiones concatenadas: avisos no presentados, expedientes incompletos, errores de identificación del cliente, deficiencias en la integración documental o incumplimientos periódicos acumulados. Frente a esa realidad, un beneficio restringido a una sola infracción resultaba escasamente útil y, en no pocas ocasiones, normativamente estéril.

La reforma publicada en julio de 2025 corrige esa insuficiencia. A partir de su nueva redacción, permite que la autoridad se abstenga de sancionar, por única ocasión, respecto de la totalidad de las infracciones en que hubiere incurrido el sujeto obligado, siempre que este cumpla determinadas condiciones. Con ello, el legislador introduce una auténtica amnistía condicionada de naturaleza administrativa, cuyo propósito es robustecer la cultura del cumplimiento espontáneo y reducir la litigiosidad asociada a la detección tardía de incumplimientos históricos.

La diferencia entre el régimen anterior y el vigente es sustancial. Antes de la reforma, el diseño legal descansaba en una indulgencia limitada: la exención de sanción alcanzaba únicamente a la primera infracción. Ese modelo respondía a una concepción correctiva, pero no resolvía el problema estructural de quienes llegaban tarde al cumplimiento con múltiples omisiones simultáneas. La consecuencia práctica era evidente: muchos sujetos obligados, aun deseando regularizarse, advertían que el costo residual de las demás infracciones seguía siendo tan alto que el incentivo legal perdía eficacia.

El nuevo esquema, en cambio, modifica la ecuación regulatoria. La abstención de sancionar ya no recae sobre una sola falta, sino sobre el universo total de infracciones cometidas, sin que la norma distinga entre su naturaleza, cuantía o temporalidad. Esta amplitud revela una decisión legislativa deliberada: favorecer la incorporación de operadores rezagados al sistema de cumplimiento antes que privilegiar una respuesta punitiva inmediata. No se trata, desde luego, de una exoneración incondicionada, sino de un beneficio excepcional que exige conducta diligente, reconocimiento expreso y oportunidad temporal estricta.

El acceso al beneficio del primer párrafo del artículo 55 descansa en dos presupuestos concurrentes. El primero consiste en la subsanación espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación. El segundo exige el reconocimiento expreso de la falta ante la autoridad dentro del plazo inicial del procedimiento correspondiente. La espontaneidad constituye el núcleo conceptual del beneficio. En términos jurídicos, ello supone que la regularización no puede derivar de una actuación previa de la autoridad que haya colocado al sujeto obligado en una situación de reacción forzada. Si existe visita de verificación iniciada formalmente o requerimiento de información y documentación debidamente notificado, el presupuesto espontáneo se desvanece. El beneficio, por tanto, está diseñado para premiar la autocorrección anterior a la intervención de la autoridad, no la obediencia tardía frente a la inminencia de la sanción.

Por su parte, el reconocimiento expreso introduce un componente de formalización relevante. No basta con corregir materialmente las omisiones; es preciso asumirlas y exteriorizarlas ante la autoridad en el momento procesal legalmente previsto. Esta exigencia cumple varias funciones. Primero, dota de trazabilidad al acto de regularización. Segundo, evita que el cumplimiento posterior sea presentado como simple coincidencia temporal. Tercero, permite a la autoridad verificar que la subsanación no fue fragmentaria ni simulada.

Ahora bien, la interacción entre ambos requisitos genera una tensión interpretativa aparente: la corrección debe ocurrir antes del inicio de facultades de verificación, mientras que el reconocimiento debe formularse dentro del plazo inicial del procedimiento. Esa aparente contradicción se resuelve mediante una lectura sistemática. La ley distingue entre el momento material de la subsanación y el momento formal de su manifestación. En otras palabras, el cumplimiento debe preexistir a la actuación de la autoridad; el reconocimiento, en cambio, se formula ya dentro del cauce procedimental.

La reforma incorpora, además, una segunda capa de incentivo. Cuando el sujeto obligado ya ha ejercido previamente el beneficio pleno, el sistema no le concede una nueva exención total, pero sí le permite acceder a una reducción de hasta el cincuenta por ciento de las multas aplicables, siempre que nuevamente exista regularización espontánea y reconocimiento expreso en los términos legales. Este diseño es particularmente inteligente desde el punto de vista regulatorio. Preserva el carácter excepcional del perdón total, reservado a una sola ocasión en la vida jurídica del sujeto obligado, pero mantiene un estímulo permanente para la corrección anticipada de incumplimientos futuros. Dicho de otro modo, el legislador no quiso convertir la exención absoluta en una práctica recurrente; sin embargo, tampoco pretendió desincentivar la regularización posterior. El mensaje normativo es claro: la primera autocorrección íntegra puede borrar completamente la consecuencia sancionatoria; las subsecuentes no la eliminan, pero sí la mitigan de forma significativa.

La amplitud del beneficio no elimina los problemas hermenéuticos. El principal reside en la noción de “inicio de facultades de verificación”. Si bien el lenguaje ordinario puede remitir de inmediato a una visita de verificación, el ámbito de supervisión de la autoridad no se agota en esa modalidad. También comprende requerimientos de información y documentación que, aunque menos invasivos en apariencia, activan igualmente la potestad de control estatal.

Bajo esa lógica, la frontera temporal del beneficio puede cerrarse no solo con una visita, sino con un requerimiento debidamente notificado. Esta interpretación parece la más congruente con la finalidad de la norma y con la estructura del procedimiento administrativo en materia antilavado. Sin embargo, la falta de precisión legislativa abre espacios de controversia, especialmente en casos donde el sujeto obligado ha comenzado internamente su regularización, pero aún no ha formalizado todos los actos documentales necesarios al momento de recibir una comunicación oficial.

Esa incertidumbre tiene implicaciones prácticas severas. En este terreno, la diferencia entre una estrategia preventiva y una reacción improvisada puede traducirse en la pérdida total del beneficio. Por ello, la regularización eficaz no debe iniciarse cuando la autoridad ya tocó la puerta, sino mucho antes, mediante auditorías internas, depuración documental y cierre anticipado de brechas de cumplimiento.

En conclusión, la reforma al artículo 55 de la LFPIORPI redefine la relación entre incumplimiento, autocorrección y potestad sancionadora. Su aporte principal consiste en haber sustituido una indulgencia marginal por un incentivo jurídicamente significativo para la regularización integral. No obstante, su eficacia práctica dependerá menos de la generosidad aparente del texto y más de la capacidad de los sujetos obligados y de sus asesores para actuar con anticipación, precisión documental y lectura estratégica del riesgo regulatorio.