Prisión preventiva oficiosa: Entre la seguridad y la sombra de la desconfianza

En la más reciente iniciativa de reforma constitucional, presentada el 5 de febrero de 2024, el gobierno propone una medida que, a primera vista, pretende fortalecer el marco legal contra delitos fiscales y relacionados con el narcomenudeo. Sin embargo, esta propuesta ha generado una profunda inquietud, se ve en ella una potencial fuente de abuso y corrupción no como una respuesta para enfrentar este tipo de conductas delictivas, así como un incremento en la presión hacia los contribuyentes, el pasado nos lo ha enseñado, mientras las instituciones responsables no estén preparadas, esto fomentará un entorno para la corrupción.

 "La propuesta de reforma fiscal enciende alarmas sobre la potencial presión indebida a contribuyentes y la vulnerabilidad ante prácticas corruptas."

En lo personal me preocupa que en la exposición de motivos se subraye la necesidad de combatir delitos que afectan la seguridad y la salud pública, como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas. No obstante, la inclusión de delitos fiscales, como la defraudación y el contrabando, bajo el mismo régimen de prisión preventiva oficiosa, ha encendido las alarmas, pues es cierto son conducta repudiadas en la sociedad, tratarlos igual de delincuentes de narco tráfico es delicado, no es una política criminal adecuada.

Mi preocupación radica en que estas medidas puedan traducirse en una mayor presión en general parar todos los contribuyentes, quienes podrían verse expuestos a investigaciones arbitrarias y a un sistema que, en el pasado, ha mostrado signos de corrupción y mal manejo. Si con la gestión de la restricción o cancelación de los certificados de sellos digitales se ha caudado tanto daño, y eso que está empleándose una plataforma de última generación, pero los funcionarios por diversas situaciones no cumple plenamente con un resultado adecuada.

La reforma propuesta al artículo 19 busca limitar la prisión preventiva a casos donde otras medidas no aseguren la comparecencia del imputado o la integridad del proceso. Aunque esto parece un intento de equilibrar justicia y seguridad, la realidad es que amplía considerablemente el espectro de delitos sujetos a esta medida, avivando el temor a una aplicación desmedida y a la posibilidad de que se intensifiquen las prácticas corruptas dentro de las instituciones encargadas de su implementación. Ahora, con un poco de desagrado, leer esto y en conjunto con la tesis aislada: PRINCIPIOS DE SENCILLEZ, CELERIDAD, OFICIOSIDAD Y EFICACIA. CONSTITUYEN MANDATOS RECTORES QUE RIGEN TODO PROCESO O TRÁMITE ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO) de este pasado 9 de febrero, que con una retórica utópica resalta los principios administrativos de sencillez, celeridad, oficiosidad y eficacia, constituyen mandatos rectores que rigen todo trámite administrativo; leerlo sólo me desalienta como ciudadano, y me  endurece como profesionista para defender, porque no es el sistema tributario ni la autoridad que merecemos, pero estamos para construirlo los ciudadanos.

El antecedente de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la SCJN sobre la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales resalta la complejidad de esta problemática. La reintroducción de medidas similares no solo desafía este precedente, sino que también podría agudizar la desconfianza en las instituciones judiciales y fiscales del país. Este escepticismo personal no es infundado, dada la historia de corrupción en diversos niveles del gobierno y la posibilidad de que estas medidas se utilicen como herramientas de presión a los contribuyentes, buenos y malos. La eficacia de la reforma depende no solo de su capacidad para combatir el crimen, sino también de su respeto por los derechos fundamentales y su contribución a la reconstrucción de la confianza en las instituciones.

 "La iniciativa legislativa, aunque busca seguridad, podría agravar la desconfianza en las instituciones al expandir la prisión preventiva oficiosa."

Mientras la reforma al artículo 19 de la Constitución se presenta como una herramienta en la lucha contra el crimen, no se puede ignorar el potencial que tiene para incrementar la desconfianza en las instituciones y generar presiones indebidas sobre los contribuyentes. La propuesta legislativa, me preocupa en demasía, si bien nace de una intención de seguridad, camina sobre una delgada línea entre el fortalecimiento de la ley y la erosión de la confianza pública. Será fundamental que cualquier avance en esta dirección se acompañe de salvaguardas firmes contra el abuso y la corrupción, asegurando que el respeto a los derechos humanos prevalezcan sobre cualquier otra consideración.