La sociedad anónima bursátil como empresa regulada

La expedición de la Ley del Mercado de Valores (LMV), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005, representó uno de los cambios estructurales más importantes en la evolución del derecho mercantil. Más que sustituir disposiciones relativas al funcionamiento del mercado bursátil, dicha legislación redefinió el régimen jurídico aplicable a las sociedades emisoras de valores, creando un modelo societario dotado de características propias, cuya naturaleza trasciende la regulación ordinaria prevista para la sociedad anónima tradicional. La sociedad anónima bursátil (SAB) dejó de concebirse únicamente como una modalidad destinada a obtener financiamiento mediante la colocación pública de acciones para convertirse en una auténtica empresa regulada, sometida simultáneamente a principios del derecho mercantil, del derecho administrativo y del derecho bursátil. Esta condición explica la intensidad del control estatal ejercido sobre su organización, funcionamiento y operación dentro del mercado de valores.

En efecto, la doctrina especializada reconoce que la SAB constituye un subtipo de la sociedad anónima (SA). Conserva la personalidad jurídica, la limitación de responsabilidad de los accionistas y la estructura básica prevista por la legislación mercantil; sin embargo, incorpora un conjunto de obligaciones regulatorias que la distinguen claramente del modelo societario general. La primera diferencia sustancial radica en su estructura orgánica, la LMV sustituyó el esquema tradicional integrado por órgano de administración y órgano de vigilancia por un consejo de administración fortalecido, acompañado de diversos comités especializados encargados de supervisar materias estratégicas como auditoría, prácticas societarias, revelación de información y administración de riesgos. Esta reorganización no constituye únicamente un cambio administrativo; representa una transformación del modelo de gobierno corporativo orientada a privilegiar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del inversionista. Una segunda característica diferenciadora deriva del régimen jurídico aplicable a las acciones representativas del capital social, a diferencia de las sociedades mercantiles ordinarias, las acciones emitidas por una SAB pueden ser objeto de oferta pública e intermediación en el mercado de valores, siempre que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) y listadas en una bolsa de valores autorizada. La inscripción no constituye una mera formalidad administrativa, sino el presupuesto indispensable para que los títulos circulen dentro del sistema bursátil mexicano bajo un régimen de supervisión permanente.

Este régimen especial también incorpora obligaciones relativas al mantenimiento del listado, la observancia de reglas específicas de negociación, la aplicación del principio de “una acción, un voto”, la regulación de emisiones especiales, las restricciones para determinadas operaciones con acciones, los mecanismos de ofertas públicas de adquisición, la desmaterialización de los títulos accionarios mediante sistemas de anotación en cuenta y un conjunto de reglas destinadas a garantizar la transparencia del mercado y la igualdad de condiciones entre los inversionistas.

No obstante, quizá la característica que mejor explica la singularidad jurídica de la SAB es su condición de empresa regulada cuya regulación posee una naturaleza dinámica. Su finalidad consiste en preservar la estabilidad del sistema financiero, proteger el ahorro del público inversionista y garantizar la integridad del mercado. Tales objetivos exigen que el marco normativo evolucione constantemente para responder a nuevas prácticas financieras, riesgos sistémicos, innovaciones tecnológicas y estándares internacionales de gobierno corporativo. Precisamente por ello, las sociedades emisoras no pueden pretender que el régimen jurídico vigente al momento de su constitución permanezca inmutable durante toda su existencia. La pertenencia al mercado de valores implica aceptar la sujeción permanente a modificaciones legales, reglamentarias y administrativas que respondan al interés público inherente a la regulación financiera.

El criterio anterior encuentra sustento en la tesis aislada 2a. LXXVII/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 2007, página 378, bajo el rubro: “MERCADO DE VALORES. LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2005, AL PREVER UNA NUEVA REGULACIÓN JURÍDICA PARA LAS PERSONAS MORALES CONSTITUIDAS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA PARA EMITIR VALORES BURSÁTILES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.” Este precedente constituye el fundamento jurisprudencial que esclarece la naturaleza jurídica de las sociedades anónimas bursátiles como empresas reguladas y delimita el alcance constitucional del principio de irretroactividad frente a la evolución del marco normativo del mercado de valores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la nueva legislación no vulneró el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, aun cuando sujetó a las sociedades emisoras previamente constituidas a un nuevo régimen jurídico. La razón es jurídicamente contundente: la ley no desconoció la personalidad jurídica de dichas sociedades, tampoco anuló su constitución ni modificó retroactivamente los actos realizados bajo la legislación anterior. Por el contrario, la Corte estableció que la nueva regulación únicamente produjo efectos hacia el futuro, imponiendo nuevas condiciones para continuar participando en el mercado bursátil. Adquiere particular relevancia porque distingue claramente entre los derechos adquiridos y las expectativas jurídicas derivadas de un régimen regulatorio.

Los derechos adquiridos se incorporan definitivamente al patrimonio jurídico de su titular y, por ende, no pueden ser desconocidos mediante una ley posterior. Sin embargo, las condiciones regulatorias que disciplinan el funcionamiento de un mercado especializado no forman parte del patrimonio jurídico de las empresas. Se trata de normas de orden público cuya modificación constituye una facultad permanente del Estado cuando persigue fines de interés general. En consecuencia, ninguna sociedad emisora puede sostener válidamente que posee un derecho adquirido a permanecer indefinidamente bajo el régimen regulatorio vigente hasta 2005 al momento de su incorporación al mercado.

La trascendencia de este criterio rebasa el ámbito estrictamente bursátil. Actualmente, numerosos sectores económicos funcionan bajo esquemas regulatorios semejantes: instituciones de crédito, aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro, instituciones de tecnología financiera, empresas de telecomunicaciones, concesionarios de infraestructura y diversos participantes del sistema financiero nacional. Todos ellos comparten un elemento común: desarrollan actividades cuya importancia para el interés público justifica una supervisión estatal permanente y una constante actualización normativa.

Desde esta perspectiva, la tesis de la Suprema Corte consolida un principio de enorme importancia para el derecho administrativo económico contemporáneo: la regulación constituye una condición inherente al ejercicio de determinadas actividades empresariales y no una restricción excepcional susceptible de consolidarse como derecho adquirido. La SAB representa, quizá como ninguna otra figura mercantil, la convergencia entre la autonomía privada propia del derecho societario y las exigencias regulatorias derivadas de la protección del mercado financiero. Su naturaleza jurídica exige comprender que el ejercicio de la libertad de empresa, cuando se desarrolla en sectores estratégicos sujetos a supervisión estatal, se encuentra necesariamente condicionado por un régimen jurídico dinámico, flexible y susceptible de modificación constante.

En este contexto, a manera de conclusión, la LMV de 2005 no creó una afectación retroactiva a las sociedades emisoras, sino que reafirmó un principio esencial del derecho bursátil moderno: quien decide participar en un mercado altamente regulado acepta que las reglas destinadas a preservar su integridad pueden evolucionar conforme lo exijan las necesidades del sistema financiero. La jurisprudencia de la Suprema Corte no sólo despejó cualquier duda sobre la constitucionalidad del régimen transitorio de dicha ley; también consolidó una idea que hoy constituye uno de los pilares del derecho regulatorio: la estabilidad institucional del mercado de valores depende, precisamente, de la posibilidad de actualizar permanentemente las normas que disciplinan su funcionamiento, sin que ello implique desconocer la seguridad jurídica de quienes participan en él, pues la mutabilidad del régimen regulatorio forma parte de la propia naturaleza de las empresas reguladas.