La responsabilidad informativa de las empresas controladoras

En el ámbito corporativo contemporáneo, el cumplimiento normativo se ha consolidado como un eje vertebral de la gestión empresarial. Más allá de ser una moda o una tendencia administrativa, el compliance se erige como un requisito indispensable para garantizar la sostenibilidad jurídica y reputacional de las organizaciones. La frase que con frecuencia sintetiza esta realidad —“es caro el compliance, pero es más caro no tenerlo”— refleja no solo un cálculo económico, sino también un imperativo estratégico frente a los crecientes riesgos normativos que acechan a las empresas.

La pertinencia de un programa de compliance integral se robustece cuando se analiza la reciente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2030772: EMPRESAS CONTROLADORAS O QUE POSEEN LA MAYOR PARTE DE LAS ACCIONES DE OTRA. ESTÁN OBLIGADAS A PROPORCIONAR NO SOLO LA INFORMACIÓN QUE TENGAN EN SU PODER, SINO TAMBIÉN LA QUE PUEDAN SOLICITAR A SUS CONTROLADAS, reviste especial importancia, pues establece una interpretación amplia de las obligaciones de colaboración contempladas en el artículo 119 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). Según este criterio, las controladoras no solo deben entregar a la autoridad la información que tienen en su poder directo, sino también aquella que, en virtud de su posición jerárquica y de control, pueden requerir a sus empresas controladas o filiales.

“El compliance ya no es un lujo preventivo, sino un blindaje imprescindible frente a los riesgos regulatorios y sancionadores.”

Este pronunciamiento implica una reiteración de la importancia de la concepción de la responsabilidad corporativa, ya que la obligación de cooperación se expande desde la entidad individual hacia el grupo económico en su conjunto. En otras palabras, en la materia de este criterio, se reconoce que la figura de la empresa controladora conlleva un deber reforzado de colaboración con las autoridades regulatorias, en aras de garantizar el funcionamiento eficiente del mercado y prevenir conductas anticompetitivas.

 El razonamiento de la Suprema Corte parte de una premisa esencial: la efectividad de la regulación en materia de competencia económica depende de que las autoridades tengan acceso a información completa y veraz. Si las empresas controladoras pudieran limitar su deber de colaboración únicamente a los datos en su posesión inmediata, la eficacia del régimen se vería severamente comprometida, ya que bastaría con fragmentar la información en distintas filiales para obstruir el ejercicio de las facultades de investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

En consecuencia, la tesis mencionada fortalece la capacidad de las autoridades para exigir información no solo a las sociedades investigadas, sino también al conjunto del conglomerado que integra el grupo económico. Se reconoce así que la posición de control confiere a la empresa matriz no solo ventajas estratégicas, sino también responsabilidades adicionales, que deben ser asumidas en congruencia con los principios de transparencia y cooperación.

Este criterio tiene repercusiones inmediatas en el diseño y la implementación de programas de cumplimiento normativo. En primer lugar, obliga a las empresas controladoras a establecer canales internos de comunicación y mecanismos de coordinación con sus filiales, a fin de garantizar la disponibilidad y trazabilidad de la información requerida por las autoridades. La ausencia de dichos mecanismos podría derivar en sanciones económicas significativas, que en el contexto de la LFCE pueden alcanzar hasta el 10% de los ingresos de la empresa infractora.

En segundo lugar, esta posición amplía la responsabilidad de los órganos de administración y de los oficiales de cumplimiento. Estos ya no pueden limitar su gestión al cumplimiento interno de la empresa controladora, sino que deben desplegar una visión panorámica del grupo económico. La labor del compliance officer se transforma en un ejercicio de gobernanza multinivel, que exige la implementación de políticas comunes, auditorías conjuntas y protocolos de respuesta estandarizados frente a requerimientos de información.

En tercer lugar, el criterio incide en la relación entre el derecho de defensa y el deber de colaboración. Si bien las empresas conservan el derecho de oponerse a actos arbitrarios o excesivos por parte de la autoridad, no pueden excusarse de entregar información que razonablemente esté a su alcance en virtud de su posición de control. Esta delimitación refuerza el equilibrio entre la potestad investigadora del Estado y las garantías procesales de los particulares.

Por tanto, frente a este panorama, se reafirma la idea de que el compliance corporativo no puede ser concebido como un gasto accesorio, sino como una inversión estratégica. En un entorno regulatorio cada vez más complejo, donde convergen normativas en materia de competencia económica, prevención de lavado de dinero, protección de datos personales y responsabilidad ambiental, las empresas que carezcan de estructuras robustas de cumplimiento estarán expuestas a un cúmulo de riesgos legales, financieros y reputacionales.

El mensaje que se envía mediante esta tesis aislada es claro: el cumplimiento normativo debe ser integral, dinámico y proactivo. Las empresas deben anticiparse a los requerimientos regulatorios, construir sistemas de información ágiles y cultivar una cultura de transparencia que permee a todos los niveles organizacionales, y no sólo a la materia de competencia económica, sino entendamos que es extensivo en toda obligación corporativa. No se trata únicamente de evitar sanciones, sino de consolidar un marco de confianza que facilite la interacción con autoridades, inversionistas y consumidores.

“La Suprema Corte amplió el alcance de las obligaciones de colaboración, imponiendo a las empresas controladoras la carga de transparentar no solo su propia información, sino también la de sus filiales.”

A manera de reflexión final, la reflexión obtenida del presente criterio constituye un parteaguas en la concepción del deber de colaboración de las empresas controladoras, al extender su responsabilidad hacia las filiales y entidades bajo su esfera de control. Así, la frase inicial cobra aún mayor sentido: “es caro el compliance, pero es más caro no tenerlo”. En efecto, la inversión en estructuras sólidas de cumplimiento normativo no solo reduce el riesgo de sanciones, sino que también fortalece la posición competitiva y la reputación empresarial en un entorno cada vez más exigente. El costo de la omisión, en cambio, se traduce en sanciones, litigios y pérdida de confianza, un precio demasiado alto para cualquier organización que aspire a perdurar.