La ilegalidad de las restricciones horarias en trámites electrónicos fiscales

El desarrollo de la administración tributaria digital ha traído consigo importantes avances en términos de eficiencia operativa y fiscalización. No obstante, también ha generado tensiones relevantes en el ámbito jurídico, particularmente cuando las disposiciones administrativas exceden los límites normativos establecidos por la ley. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta problemática es la imposición de restricciones horarias en la presentación de trámites electrónicos, específicamente en el contexto de las aclaraciones vinculadas con la restricción de los Certificados de Sello Digital (CSD), reguladas en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF). La controversia se centra en la denominada “Ficha de Trámite 296/CFF” —actualmente identificada como 42/CFF en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente—, la cual establece horarios específicos para la presentación de solicitudes de aclaración: antes de las 16:00 horas de lunes a jueves y antes de las 14:00 horas los viernes. Esta limitación resulta particularmente problemática cuando se considera que el trámite en cuestión se realiza a través de medios electrónicos, lo que, en principio, permitiría su presentación en cualquier momento dentro del plazo legal correspondiente.

“La autoridad administrativa no puede, mediante disposiciones secundarias, restringir derechos procesales reconocidos por la ley.”

En este contexto, la Segunda Sala Regional en el Estado de México I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha emitido un criterio aislado de notable relevancia con clave de identificación: IX-CASR-2EMI-1, de rubro: FICHA DE TRÁMITE 296/CFF, PREVISTA EN EL ANEXO 1-A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTICINCO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO. EXCEDE EL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 7 DE SU REGLAMENTO, en el que concluye que dichas restricciones horarias carecen de sustento legal, al contravenir lo dispuesto en los artículos 12 del CFF y 7 de su Reglamento. Estas disposiciones son claras al establecer que, tratándose de documentos cuya presentación deba realizarse dentro de un plazo legal, se considerarán hábiles las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

El análisis de este criterio permite advertir, en primer lugar, una violación directa al principio de jerarquía normativa. En efecto, la RMF constituye una disposición de carácter administrativo y secundario, cuya finalidad es facilitar la aplicación de las leyes fiscales, pero en ningún caso puede modificar, restringir o ampliar los derechos y obligaciones establecidos en normas de rango legal. Así, al imponer un límite horario no previsto en la ley, la ficha de trámite en cuestión introduce una restricción adicional que carece de fundamento jurídico, lo cual resulta inadmisible en un Estado de Derecho. Asimismo, la determinación de considerar extemporánea una solicitud presentada fuera del horario establecido en la ficha de trámite implica una afectación directa al derecho de defensa del contribuyente. Esta situación se agrava si se toma en cuenta que, en muchos casos, la restricción de los CSD impide la operación normal de las empresas, generando consecuencias económicas inmediatas. En este sentido, la posibilidad de presentar una aclaración dentro del plazo legal completo —es decir, hasta las 23:59 horas del último día— adquiere una relevancia crucial.

Desde una perspectiva doctrinal, el criterio del TFJA reafirma la importancia del principio de legalidad tributaria, conforme al cual las autoridades fiscales sólo pueden actuar en los términos expresamente previstos por la ley. Este principio no sólo limita la actuación de la autoridad en materia de imposición de contribuciones, sino también en el ámbito procedimental, garantizando que los contribuyentes cuenten con certeza jurídica respecto de los plazos y condiciones para el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, el argumento de la autoridad fiscal, en el sentido de que los horarios establecidos responden a necesidades operativas o administrativas, no resulta suficiente para justificar la restricción de derechos. Si bien es cierto que la administración pública requiere de mecanismos que permitan una gestión eficiente de los trámites, estos deben implementarse dentro del marco legal vigente, sin afectar las garantías de los gobernados. De lo contrario, se corre el riesgo de legitimar prácticas arbitrarias que erosionan la confianza en las instituciones.

Un aspecto particularmente relevante del criterio analizado es el reconocimiento de que la presentación de trámites electrónicos no debe equipararse a la recepción física de documentos en una oficialía de partes. Mientras que en este último caso puede justificarse la existencia de horarios de atención al público, en el ámbito digital dicha limitación pierde sentido, dado que los sistemas informáticos permiten la recepción continua de información. En consecuencia, la imposición de horarios en plataformas electrónicas constituye una ficción administrativa que no encuentra sustento en la realidad tecnológica ni en el marco jurídico aplicable. En términos prácticos, este criterio abre la puerta a la impugnación de resoluciones administrativas que hayan determinado la extemporaneidad de aclaraciones con base en los horarios establecidos en la RMF. Los contribuyentes afectados podrán argumentar que dichas determinaciones se sustentan en una disposición ilegal, lo que podría derivar en su nulidad. No obstante, es importante señalar que, al tratarse de un criterio aislado, su aplicación no es obligatoria para otras salas del TFJA, aunque sí constituye un precedente persuasivo de gran peso.

Adicionalmente, este caso pone de manifiesto una tendencia preocupante en la actuación de la autoridad fiscal: el uso de disposiciones administrativas para introducir restricciones no previstas en la ley. Esta práctica, además de vulnerar el principio de legalidad, genera un entorno de incertidumbre jurídica que dificulta la planeación y cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. 

“La ficción de extemporaneidad basada en horarios administrativos constituye una desviación del principio de legalidad tributaria.”

En conclusión, la resolución emitida por la Segunda Sala Regional en el Estado de México I representa un avance significativo en la protección de los derechos de los contribuyentes frente a prácticas administrativas indebidas. Al declarar la ilegalidad de las restricciones horarias en la presentación de trámites electrónicos, el TFJA reafirma la primacía de la ley sobre las disposiciones administrativas y fortalece los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sin embargo, la consolidación de este criterio requerirá de su reiteración en futuras resoluciones, así como de una revisión crítica por parte de la autoridad fiscal de sus prácticas normativas. La evolución del derecho fiscal en la era digital exige un equilibrio entre la eficiencia administrativa y el respeto irrestricto a los derechos de los contribuyentes. Sólo mediante la observancia estricta de la jerarquía normativa y los principios constitucionales será posible construir un sistema tributario justo, transparente y confiable.