La garantía del interés fiscal: ¿control de legalidad o herramienta de disuasión?

He seguido con suma atención la evolución del régimen jurídico que regula la garantía del interés fiscal. En particular, me parece urgente alzar la voz ante una propuesta que, más allá de su deficiente técnica legislativa, revela una preocupante incomprensión del diseño institucional que da sentido al sistema de control administrativo en materia tributaria. La iniciativa de reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF), actualmente en discusión, propone exigir la garantía del interés fiscal desde la interposición del recurso de revocación, suprimiendo la dispensa que ha estado vigente durante más de una década. Este cambio, aparentemente técnico, entraña una regresión inaceptable que debe ser denunciada con claridad y argumentos sólidos.

El recurso de revocación es, por definición, un medio de control interno que permite a la autoridad administrativa revisar sus propios actos antes de que el contribuyente acuda a la instancia jurisdiccional. Es un cauce de depuración institucional cuya existencia busca evitar litigios innecesarios y, al mismo tiempo, corregir posibles errores con menor costo y mayor celeridad. Exigir al contribuyente que garantice el interés fiscal dentro de esta vía es tanto como despojarla de eficacia real. Supone una transmutación indeseable del recurso en una carga adicional disfrazada de defensa. Al no ser un proceso jurisdiccional, carece de la imparcialidad estructural que justifique un requisito tan gravoso. Es como si el ciudadano tuviera que pagar una fianza para que el propio emisor del acto irregular considere revisarlo, así de absurdo es como veo esto. Desde el punto de vista constitucional, la propuesta vulnera principios esenciales:

a.      El principio de legalidad tributaria. Si bien es cierto que las cargas fiscales deben estar establecidas en ley, ello no implica que puedan imponerse sin atender a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Una disposición legal que obligue al contribuyente a garantizar desde el primer momento un crédito fiscal impugnado —sin siquiera haber sido revisado por la propia administración— resulta desproporcionada y arbitraria.

b.     El derecho de audiencia y acceso efectivo a los medios de defensa. La garantía del interés fiscal no es meramente un trámite administrativo. Es una obligación que conlleva, en muchas ocasiones, una afectación patrimonial significativa. Condicionar la suspensión del procedimiento de ejecución a una garantía costosa impide, en los hechos, que muchos contribuyentes puedan defenderse sin riesgo de embargo, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 14 constitucional y afecta el debido proceso.

c.      El principio de seguridad jurídica. La certidumbre respecto de las consecuencias legales de las acciones es piedra angular del Estado de derecho. Eliminar la dispensa tradicional que permitía acudir al recurso de revocación sin garantía previa representa una alteración sustancial al equilibrio entre recaudación y defensa administrativa. Se impone, además, de forma retroactiva en la práctica, pues modifica condiciones esenciales de procedimientos en curso o próximos a iniciarse sin un periodo de transición adecuado.

“Exigir la garantía del interés fiscal desde el recurso de revocación representa una distorsión estructural que atenta contra los principios del control interno y la tutela administrativa efectiva.”

Más allá del momento en que se exige la garantía, otro elemento alarmante es la imposición de un orden obligatorio y rígido en los medios para garantizar. El contribuyente deberá, en primer término, utilizar un billete de depósito emitido exclusivamente por el Banco del Bienestar. Sólo si acredita no contar con liquidez podrá optar por otro mecanismo, como una póliza de fianza, que —según lo expresado por la propia autoridad— ocupa el cuarto lugar en la jerarquía de preferencias. La sola idea de imponer un orden jerárquico, sin respetar las circunstancias particulares del contribuyente ni su libertad patrimonial, revela una voluntad centralista incompatible con los principios de equidad fiscal. ¿Por qué alguien con liquidez preferiría emitir un billete de depósito —cuyo efecto es inmovilizar recursos en favor de la autoridad— en lugar de pagar directamente el crédito fiscal o impugnar su procedencia?

El razonamiento subyacente parece ser que el contribuyente que impugna lo hace de mala fe, con el ánimo de dilatar el cobro, tal y como se expresa en la propia iniciativa de reforma. Bajo esa lógica, cualquier medio de defensa es una trampa, y cualquier falta de pago una sospecha. Pero eso es incompatible con un sistema democrático y con la presunción de legalidad de las actuaciones ciudadanas. No puede edificarse un régimen tributario sobre la desconfianza sistemática. En la práctica, la reforma tendrá un efecto disuasivo. Quien no cuente con liquidez suficiente o no logre reunir las condiciones para una garantía “aceptable” según el nuevo orden, optará por abstenerse de impugnar o acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto no solo contradice el principio de agotamiento de la vía interna, sino que incrementará la carga judicial innecesariamente.

El recurso de revocación, concebido como una instancia de control rápido y económico, se convertirá en un trámite inútil. Y lo más grave es que se castiga al contribuyente que intenta resolver su situación dentro de la propia administración. Se desincentiva el diálogo institucional y se promueve el litigio como única vía de defensa efectiva.

La exposición de motivos de la iniciativa reconoce que muchos contribuyentes han abusado del recurso de revocación para ganar tiempo, disolverse o evadir el cumplimiento. Esa es, sin duda, una realidad que debe enfrentarse. Pero no puede hacerse mediante una presunción generalizada de mala fe. La existencia de abusos puntuales no justifica una regresión normativa que afecte por igual a quien actúa legítimamente. En lugar de perfeccionar los mecanismos de fiscalización y seguimiento, se opta por castigar anticipadamente a todo contribuyente que recurre a la revocación. Se parte del principio de que, si alguien impugna, debe pagar o garantizar de inmediato, sin excepción ni análisis de fondo. Esto convierte a la autoridad en juez y parte, y refuerza una visión vertical que no corresponde a un Estado de derecho.

En conclusión, esta propuesta al régimen de la garantía del interés fiscal constituye una regresión normativa que contraviene no solo principios elementales del derecho tributario, sino también garantías constitucionales fundamentales. Al eliminar la dispensa de garantía durante el recurso de revocación y al imponer un orden rígido y excluyente para su otorgamiento, se debilita el sistema de control administrativo, se vulnera el derecho de defensa y se desincentiva la solución institucional de controversias fiscales. Pretender que el incremento en la eficacia recaudatoria justifica el sacrificio de la legalidad, la equidad y el acceso a medios de defensa, es desconocer la arquitectura constitucional que rige la potestad tributaria del Estado. No se puede exigir al contribuyente una conducta de cumplimiento ejemplar, mientras se diseñan normas que presumen su mala fe y obstaculizan su capacidad para defenderse legítimamente.

“Una reforma tributaria no puede justificar su rigor en la sospecha genérica de mala fe, pues ello vulnera el debido proceso y convierte al contribuyente en culpable por anticipado.”

Resulta imperioso que el legislador reflexione sobre las consecuencias estructurales de esta iniciativa. Reformar sin técnica, sin proporcionalidad y sin respeto a los principios del derecho público no solo erosiona la legitimidad del sistema fiscal, sino que compromete la confianza institucional en su conjunto. Por ello, sostengo que esta reforma, en sus términos actuales, debe ser rechazada. No solo por sus efectos inmediatos en la defensa del contribuyente, sino porque representa una peligrosa señal de que en materia fiscal, la eficacia puede prevalecer sobre el derecho. Y eso, en un Estado constitucional de derecho, es sencillamente inaceptable.