FCPA y la Bribery Act guías para la prevención de la corrupción

En un mundo donde las fronteras económicas se desvanecen ante la globalización, la legislación anticorrupción de una nación no se limita a su territorio, sino que se extiende con una notable capacidad extraterritorial. Ejemplos emblemáticos de esta tendencia son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos y la reciente Bribery Act (BA) del Reino Unido. Ambas normativas, si bien de ámbito nacional, tienen un fuerte impacto en la regulación de las prácticas empresariales a nivel mundial, lo cual pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que las corporaciones, independientemente de su ubicación geográfica, presten especial atención a estas leyes para evitar sanciones que pueden ser devastadoras.

La FCPA, desde su implementación, ha castigado principalmente a empresas fuera de Estados Unidos, con una marcada incidencia en organizaciones europeas, lo que resalta su alcance global. La BA, por su parte, no solo sanciona la corrupción activa, sino que también penaliza la falta de medidas preventivas en contra de la corrupción dentro de las empresas, estableciendo un precedente en la responsabilidad corporativa. La inclusión de este tipo de disposiciones subraya un cambio paradigmático hacia la obligatoriedad de disponer de políticas efectivas contra la corrupción, así como de sistemas de control con una vigilancia robusta.

 "La capacidad extraterritorial de la FCPA y la BA exige una rigurosa política de prevención de corrupción en empresas globales."

La aplicación extraterritorial de ambas significa que cualquier empresa que opere en el ámbito internacional está sujeta a estas leyes, no solo en sus operaciones en estos territorios, sino también cuando actúan fuera de estos. Esto implica que las prácticas comerciales en terceros países pueden desencadenar investigaciones hasta sanciones bajo estas legislaciones, convirtiendo la prevención de la corrupción en un imperativo global. Lo que nos hace en México sujetos obligados a estudiar estos ordenamientos para tener mejores alineamientos en nuestras empresas nacionales que pretendan extender sus fronteras. Además, dentro de sus regulaciones se vierten aspectos importantes para el cuidado y combate a la corrupción que sirven como estaderes para aplicarse dentro de nuestros programas de cumplimiento.

Para facilitar su comprensión y cumplimiento tanto el Departamento de Justicia de EE. UU. como el Ministerio de Justicia del Reino Unido han publicado guías detalladas: "A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act" y la "Bribery Act 2010 Guidance", respectivamente. Estos documentos son esenciales para las empresas que buscan alinear sus políticas internas con las exigencias de estos ordenamientos, ofreciendo una hoja de ruta clara para la implementación de prácticas anticorrupción efectivas.

Además, la adopción de estándares internacionales como la ISO 37001, basada en la BS 10500, proporciona un marco adicional para luchar contra la corrupción, recomendable incluso para empresas que no participan directamente en el comercio internacional pero que buscan adherirse a los más altos estándares de integridad empresarial. Estas normativas y guías son herramientas valiosas para el diseño e implementación de una política anti-sobornos que se integre dentro de un modelo general de prevención penal.

La implementación de estas políticas no solo es una cuestión de cumplimiento legal; representa una inversión en la reputación y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Definir protocolos internos de actuación ante posibles investigaciones por parte de autoridades nacionales o extranjeras es también crucial, permitiendo una gestión temprana y eficiente de cualquier expediente que pueda surgir en este ámbito.

 "Adoptar guías como la ISO 37001 no solo es recomendable para la operación internacional, sino también como un estándar de integridad empresarial."

Por lo tanto, la atención a estos dos ordenamientos, la FCPA y la BA, es más que una mera precaución; es una estrategia fundamental para cualquier empresa que opere a nivel internacional. Adoptar y adaptar las directrices ofrecidas por estas normativas internacionales no solo ayuda a evitar sanciones potenciales, sino que también promueve una cultura corporativa de transparencia, integridad y responsabilidad. En este contexto, la prevención de la corrupción trasciende el cumplimiento legal para convertirse en un pilar de la ética empresarial global.