El problema fiscal de los menores sin e.firma

Un problema aparentemente operativo que en realidad es jurídico

La interacción con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) depende cada vez más de mecanismos electrónicos de identificación. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, presentación de declaraciones, acceso al buzón, recuperación de información, emisión de comprobantes y múltiples gestiones se realizan dentro de una infraestructura digital que presupone que el contribuyente dispone de las credenciales necesarias para acreditar su identidad.

La dificultad surge cuando el propio sistema fiscal admite la inscripción de una persona en el RFC, pero las disposiciones administrativas que regulan la obtención de esas credenciales no contemplan adecuadamente su situación particular. Ése es el problema advertido por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en su Análisis Sistémico 3/2025, relacionado con menores de edad inscritos en el RFC que carecen de e.firma y enfrentan obstáculos para generar su contraseña.

No estamos únicamente frente a una deficiencia tecnológica. El cuestionamiento es más profundo: ¿puede la administración incorporar a una persona al padrón fiscal y, posteriormente, no ofrecerle una vía normativa expresa y congruente para obtener uno de los mecanismos básicos de acceso al propio sistema? PRODECON considera que la respuesta debe analizarse desde la seguridad y la certeza jurídicas.

La contraseña como instrumento de acceso al sistema tributario

La contraseña del SAT no debe analizarse como una simple clave informática, en la práctica funciona como mecanismo de autenticación para acceder a diversos servicios y trámites de la administración tributaria. Su generación, actualización y renovación se encuentran sujetas a disposiciones administrativas específicas, particularmente a la regla 2.2.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal y a la ficha de trámite 7/CFF.

El problema identificado por PRODECON consiste en que esa regulación no contempla expresamente el procedimiento aplicable a menores de edad que se encuentran inscritos en el RFC y no cuentan con e.firma. La omisión produce un efecto práctico inmediato. Un contribuyente adulto puede consultar la ficha correspondiente y conocer, al menos formalmente, la ruta para gestionar su contraseña. El menor, en cambio, puede encontrarse frente a un procedimiento que fue diseñado sin considerar su situación jurídica específica.

La consecuencia puede ser el rechazo del trámite o la exigencia de que previamente obtenga una e.firma. Y es precisamente aquí donde la discusión deja de ser administrativa para convertirse en fiscal: si la obtención previa de la e.firma termina operando como condición material para generar la contraseña, debe analizarse si esa carga se encuentra efectivamente prevista en la regulación aplicable al menor o si únicamente está siendo utilizada para suplir una laguna normativa.

La diferencia entre un requisito legal y una solución operativa

En materia tributaria resulta indispensable distinguir entre aquello que la norma exige y aquello que la autoridad ha implementado administrativamente para hacer funcionar sus sistemas. La plataforma tecnológica puede establecer validaciones, secuencias y restricciones; sin embargo, esas configuraciones informáticas no constituyen por sí mismas fuente de obligaciones fiscales.

Si el sistema obliga al menor a obtener previamente una e.firma para realizar otro trámite, la pregunta jurídica correcta no es si técnicamente el portal funciona de esa manera, sino qué disposición establece esa exigencia para ese supuesto concreto. Esta distinción resulta especialmente importante en un modelo tributario crecientemente digital. Con frecuencia, el contribuyente enfrenta la expresión “el sistema no permite continuar” como si se tratara de una respuesta jurídica definitiva.

No debería serlo, la arquitectura informática debe ejecutar la regulación; no sustituirla. Cuando una restricción electrónica termina imponiendo una carga que no puede reconstruirse normativamente, el problema puede alcanzar los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Seguridad jurídica: saber anticipadamente qué exige la autoridad

PRODECON vincula esta situación con el principio de seguridad jurídica y cita la jurisprudencia 1a./J. 139/2012 (10a.), conforme a la cual uno de sus componentes consiste en que el gobernado pueda conocer las consecuencias jurídicas de su actuación y saber razonablemente a qué atenerse frente al poder público.

Trasladado al caso, la cuestión resulta concreta. Un menor inscrito en el RFC debería poder identificar, a partir de las disposiciones aplicables, qué necesita para obtener contraseña, quién debe intervenir en el procedimiento, qué documentación corresponde presentar y si debe comparecer personalmente o mediante quien ejerza patria potestad o tutela, según el supuesto.

Si esas respuestas no se encuentran en la regla ni en la ficha que formalmente regulan el trámite, el contribuyente queda expuesto a criterios de oficina, respuestas telefónicas, interpretaciones administrativas o requerimientos variables, eso es precisamente lo que una regulación fiscal adecuada debe evitar. La certeza no exige que todas las disposiciones sean sencillas; exige que el gobernado pueda reconstruir jurídicamente la conducta que se le demanda.

El artículo 5 del CFF y una precisión necesaria

El Análisis Sistémico también relaciona la problemática con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF) aquí conviene efectuar una precisión técnica. El precepto establece la aplicación estricta de las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares, así como de aquellas que señalan excepciones, infracciones y sanciones. Ello no significa que absolutamente toda regla administrativa fiscal deba interpretarse de manera literal o aislada.

Sin embargo, sí existe una conclusión relevante para este caso: una carga adicional no debería surgir únicamente de una práctica operativa cuando la norma que regula el trámite no la prevé con suficiente claridad.

Por ello, la problemática no debería formularse en términos simplistas como si toda omisión de una ficha constituyera automáticamente una violación al artículo 5. El análisis más sólido consiste en señalar que la ausencia de una ruta expresa debilita la seguridad jurídica y puede provocar que, en la práctica, se impongan requisitos cuya fuente normativa no resulta suficientemente clara. Ésta es una diferencia importante para una discusión fiscal profesional.

Las propias reglas del SAT muestran que los menores sí pueden ser regulados expresamente

Uno de los aspectos más sólidos de la observación formulada por PRODECON es la comparación con otras fichas de trámite. La ficha 39/CFF, relacionada con la inscripción en el RFC de personas físicas, y la 105/CFF, vinculada con la generación de la e.firma, sí contienen previsiones para menores.

Esto demuestra que la problemática no deriva de una imposibilidad jurídica para reconocer su capacidad o prever la intervención de sus representantes, el sistema ya lo hace. La inconsistencia consiste en que esa técnica regulatoria no se reproduce adecuadamente en la ficha 7/CFF.

Desde una perspectiva sistemática, la situación resulta difícil de justificar. Si la administración fiscal reconoce al menor en la puerta de entrada al RFC y regula cómo puede obtener e.firma, debería existir continuidad regulatoria cuando ese mismo sujeto solicita contraseña.

El sistema tributario debería funcionar como un conjunto coherente de procedimientos, no como compartimentos que reconocen al mismo contribuyente de maneras distintas.

Obtener e.firma primero puede convertirse en una carga innecesaria

Podría sostenerse que obligar al menor a obtener previamente e.firma soluciona el problema. Después de todo, se trata de un mecanismo robusto de identificación y puede resultar útil para distintos procedimientos futuros. Pero la utilidad de la e.firma no resuelve el cuestionamiento jurídico. La pregunta es otra: ¿por qué debe obtenerse como requisito previo si la finalidad inmediata del contribuyente es únicamente generar contraseña y la regulación correspondiente no contempla con claridad esa secuencia?

Los trámites cumplen funciones distintas. La e.firma tiene requisitos, formalidades y efectos propios. Convertirla en presupuesto material de otra gestión puede multiplicar comparecencias, documentación y tiempo administrativo. Si esa exigencia surge únicamente porque el procedimiento de contraseña no fue diseñado para menores, el costo de la omisión regulatoria termina siendo absorbido por el contribuyente.

Desde la perspectiva de buena administración tributaria, esa solución es insatisfactoria. El principio debería ser inverso: las deficiencias del diseño normativo deben corregirse en la regulación, no trasladarse al gobernado mediante trámites adicionales.

El menor inscrito en el RFC ya forma parte de una relación jurídico-tributaria

Otro aspecto que debe descartarse es la idea de que el problema carece de trascendencia porque los menores normalmente no tienen obligaciones fiscales significativas. Ser menor de edad no significa estar fuera del sistema tributario.

Puede existir inscripción en el RFC por diversos motivos, así como ingresos, patrimonio, inversiones, sucesiones, actividades económicas u otras relaciones jurídicas con consecuencias fiscales. Incluso cuando todavía no exista una obligación sustantiva relevante, la inscripción misma genera una relación administrativa con el SAT.

Desde ese momento, el Estado reconoce a la persona como integrante de su padrón. En consecuencia, la administración debe proporcionar mecanismos jurídicamente claros para que pueda relacionarse con ella.

La vulnerabilidad particular asociada con la minoría de edad constituye, además, una razón para incrementar la claridad de los procedimientos, no para disminuirla.

No todo rechazo de sistema es jurídicamente neutral

Este caso también permite reflexionar sobre un fenómeno cada vez más frecuente: la transformación de decisiones administrativas en restricciones automatizadas. Antes, un servidor público podía recibir un escrito, analizar documentos y emitir una respuesta. Ahora, gran parte de la interacción se produce mediante plataformas que aceptan o rechazan solicitudes de acuerdo con parámetros previamente programados.

Esto produce eficiencia, pero también puede ocultar problemas jurídicos. Un “error” del sistema puede ser, en realidad, la manifestación tecnológica de una regla mal diseñada.

Y una opción que simplemente no aparece en un portal puede tener como efecto material impedir el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Por ello, la revisión de las disposiciones fiscales ya no puede limitarse al texto normativo. También debe analizarse si las herramientas digitales implementadas por la autoridad permiten ejecutar aquello que las normas reconocen.

La legalidad administrativa debe existir tanto en el Diario Oficial como en el código informático que ejecuta el trámite.

El papel de PRODECON: identificar fallas estructurales antes de que se multipliquen

Conviene también precisar la naturaleza del documento. Un Análisis Sistémico de PRODECON no equivale a una sentencia judicial ni crea, por sí mismo, una obligación normativa nueva para el SAT. Su importancia radica en la función institucional de identificar problemas generales que afectan a grupos o categorías de contribuyentes y proponer medidas correctivas.

Esta característica no reduce su valor, por el contrario, permite advertir fallas regulatorias que quizá individualmente parezcan menores, pero que pueden reproducirse de manera sistemática. En este caso, el problema no pertenece únicamente a un contribuyente cuya solicitud fue rechazada. La omisión puede afectar a cualquier menor inscrito en el RFC que carezca de e.firma y necesite generar contraseña. La dimensión sistémica es precisamente lo que justifica la intervención de PRODECON.

La solución regulatoria es relativamente sencilla

La recomendación principal de PRODECON resulta razonable: incorporar a la ficha 7/CFF un procedimiento específico para menores de edad, definiendo claramente requisitos, documentación y forma de intervención de quienes legalmente deban representarlos. El ajuste debería armonizarse con las fichas 39/CFF y 105/CFF, evitando crear una tercera lógica incompatible con procedimientos que ya reconocen expresamente la condición de menor.

Una buena regulación debería permitir responder sin ambigüedad al menos cuatro preguntas: quién solicita la contraseña; qué documentos acreditan identidad y representación; si resulta necesaria la comparecencia del menor; y bajo qué circunstancias puede gestionarse el trámite sin una e.firma previa. Resolver esos elementos sería suficiente para transformar un espacio de incertidumbre en un procedimiento administrativamente verificable.

La verdadera enseñanza es de diseño fiscal

La problemática detectada en el Análisis Sistémico 3/2025 trasciende la contraseña de un menor. Expone un principio que debería observarse en todo proceso de transformación digital tributaria: la incorporación tecnológica no puede adelantarse a la claridad normativa. Si el SAT permite inscribir a una persona, debe prever cómo podrá autenticarse después. Si establece un mecanismo de acceso, debe definir quién puede obtenerlo. Si existen situaciones particulares —como la minoría de edad— debe incorporarlas expresamente al procedimiento.

La administración tributaria moderna requiere sistemas digitales eficientes, pero también exige que éstos sean normativamente coherentes. Para el contribuyente, la diferencia entre ambos aspectos es fundamental. Un sistema eficiente puede decir “acceso denegado” en fracciones de segundo. Un sistema jurídicamente sólido debe ser capaz de explicar, además, qué norma permite denegarlo y qué procedimiento existe para obtener aquello que el contribuyente legítimamente solicita.

En ese punto radica la verdadera importancia del señalamiento de PRODECON: el problema no es que el menor no tenga contraseña. El problema es que el marco administrativo no le dice con suficiente claridad cómo obtenerla sin convertir una omisión regulatoria en una carga adicional.