Deducciones personales e IVA acreditable

Las personas físicas que obtienen ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales o arrendamiento suelen convivir con dos planos distintos: por una parte, el régimen de deducciones autorizadas vinculado directamente con su fuente de ingresos; por otra, el régimen de deducciones personales aplicable en la declaración anual del Impuesto sobre la Renta, como el la doctrina y jurisprudencia de definen como deducciones estructurales y no estructurales. Esta coexistencia genera una pregunta práctica de enorme relevancia: cuando una deducción personal incluye Impuesto al Valor Agregado trasladado, ¿puede dicho IVA acreditarse contra el impuesto causado por actividades gravadas?

La duda no es menor, pero es muy sencilla encontrar su respuesta. El artículo 5o. de la Ley del IVA exige, para el acreditamiento, que el impuesto corresponda a bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes “estrictamente indispensables” para realizar actividades por las que deba pagarse el impuesto o a las que se aplique la tasa de 0%. Además, el propio precepto señala que, para efectos de esa ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones deducibles para fines del ISR, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto.  

Desde una lectura estrictamente literal, resalto literal, podría sostenerse que, si una deducción personal está permitida por la Ley del ISR, entonces cumple con el parámetro de deducibilidad al que remite la Ley del IVA. En consecuencia, algunos contribuyentes y asesores han explorado la práctica de acreditar el IVA contenido en honorarios médicos, servicios hospitalarios, gastos funerarios u otros conceptos personales que, en ciertos casos, se facturan con impuesto desglosado.

Sin embargo, esa conclusión exige cautela y una adecuada interpretación. El artículo 151 de la Ley del ISR permite a las personas físicas residentes, al calcular su impuesto anual, efectuar deducciones personales adicionales a las deducciones autorizadas que correspondan a cada capítulo de la ley; entre ellas, honorarios médicos, dentales, servicios profesionales de psicología y nutrición, gastos hospitalarios y otros conceptos sujetos a requisitos específicos. El propio SAT describe las deducciones personales como gastos que la ley permite restar de los ingresos en la declaración anual, tales como consultas médicas, colegiaturas, seguros y conceptos semejantes.  

La distinción es fundamental, las deducciones autorizadas propias de una actividad empresarial, profesional o de arrendamiento tienen una relación funcional con la obtención del ingreso, son deducciones estructurales. Las deducciones personales, en cambio, responden a una lógica distinta: atienden circunstancias personales, familiares, sociales o extrafiscales del contribuyente, son un beneficio que concede el legislador fuera de la actividad principal, es son las deducciones no estructurales. Reducen la base del ISR anual, pero no integran necesariamente la estructura económica de la actividad gravada por IVA.

Aquí se encuentra el punto importante, el IVA es un impuesto indirecto construido sobre actos o actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de bienes e importación. Su acreditamiento busca evitar la acumulación del impuesto en la cadena económica. Por ello, el IVA trasladado al contribuyente debe guardar conexión con las actividades gravadas o sujetas a tasa 0%. Cuando el gasto corresponde a consumo personal, aunque sea deducible en ISR por autorización expresa, la conexión con la actividad gravada se debilita sensiblemente.

La Suprema Corte ha distinguido entre deducciones estructurales y no estructurales. Las primeras se vinculan con la generación del ingreso y deben reconocerse para medir adecuadamente la capacidad contributiva; las segundas obedecen a decisiones legislativas de política fiscal, sin que necesariamente exista obligación constitucional de reconocerlas como indispensables para producir renta. En esa línea, la Corte ha señalado que ciertos gastos no estrictamente necesarios pueden ser deducidos por decisión legislativa, pero ello no los convierte en erogaciones vinculadas con la generación de ingresos.

Bajo ese entendimiento, considero que el IVA contenido en deducciones personales no debe acreditarse. Existe, desde luego, una práctica profesional que busca apoyar el acreditamiento en la redacción amplia del artículo 5o. de la Ley del IVA. Esa postura no carece por completo de argumento: la ley remite a la deducibilidad para ISR y no distingue expresamente entre deducciones autorizadas y deducciones personales. No obstante, la interpretación sistemática conduce a una conclusión más prudente: la deducción personal no es una deducción estructural de la actividad económica, sino un beneficio fiscal anual otorgado a la persona física.

El riesgo práctico es evidente, pues si el contribuyente acredita ese IVA en pagos mensuales, la autoridad puede rechazarlo por considerar que no corresponde a gastos indispensables para la actividad gravada. Ello podría generar diferencias de IVA, actualización, recargos y, en ciertos casos, multas. Además, el contribuyente tendría que sostener una defensa basada en una interpretación discutible, sin una regla expresa que reconozca de manera clara el acreditamiento del IVA en deducciones personales.

La solución más razonable consiste en tratar el IVA como parte del monto de la deducción personal, cuando el propio régimen de ISR lo permita y se cumplan los requisitos formales: CFDI correcto, pago mediante medios autorizados, beneficiario permitido, límites aplicables y efectiva erogación en el ejercicio correspondiente. Esta vía conserva el efecto fiscal en la declaración anual sin trasladar indebidamente el gasto al sistema mensual de acreditamiento del IVA.

En conclusión, aunque puede formularse una defensa literal para acreditar el IVA de deducciones personales, no recomiendo hacerlo. La naturaleza no estructural de esos gastos, su desvinculación con la actividad gravada y el probable criterio restrictivo de la autoridad hacen que el beneficio potencial sea inferior al riesgo fiscal asumido. En materia fiscal, no toda posibilidad interpretativa constituye una estrategia aconsejable; menos aún cuando el acreditamiento descansa sobre una frontera conceptual tan frágil.