Suplementos alimenticios a la tasa del 0% ¿es correcto?

En el derecho tributario, pocas cuestiones resultan tan fértiles para la controversia como aquellas en las que la literalidad normativa parece sugerir una solución inmediata, pero la interpretación jurisdiccional impone un estándar material más exigente. Ese es, precisamente, el supuesto de los suplementos alimenticios importados frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). La discusión no se agota en constatar que tales bienes no se encuentran expresamente mencionados dentro de las exclusiones previstas en el inciso b), fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del IVA. Antes bien, exige un examen sustantivo acerca de su naturaleza, su finalidad objetiva y la demostración de que se encuentran destinados exclusivamente a la alimentación humana.

El punto de partida normativo es conocido. El artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del IVA contempla la aplicación de la tasa del 0% a la enajenación de alimentos destinados al consumo humano, con determinadas salvedades legales. Desde una lectura superficial, cabría sostener que, si los suplementos alimenticios no aparecen enunciados de manera expresa entre las excepciones, entonces deberían recibir el tratamiento preferencial. Sin embargo, semejante aproximación desconoce un principio elemental de interpretación fiscal: los beneficios tributarios no se presumen ni se amplían por analogía; su procedencia exige acreditar, con rigor, que el supuesto concreto encuadra plenamente en la hipótesis normativa.

La cuestión, por tanto, no consiste en preguntarse si el legislador omitió mencionar de manera expresa a los suplementos alimenticios, sino en determinar si dichos productos son, en sentido jurídico-fiscal, “alimentos” para efectos de la tasa del 0%. Y aquí la respuesta no puede edificarse exclusivamente a partir del nombre comercial del bien, de su presentación en anaqueles o de su mera ingesta por seres humanos. Lo decisivo radica en verificar si el producto está destinado de manera exclusiva a la alimentación, entendida no como cualquier forma de consumo con valor nutricional accesorio, sino como satisfacción ordinaria, directa y principal de las necesidades alimentarias del individuo.

“En materia de beneficios fiscales, la naturaleza del producto y su destino prevalecen sobre una lectura meramente literal de la ley.”

En ese contexto, la jurisprudencia identificada con registro digital 2010691 y como XVI.1o.A. J/23 (10a.), emitida en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, adquiere relevancia cardinal. El criterio jurisdiccional parte de una distinción conceptual que resulta determinante: los suplementos alimenticios no tienen por objeto primario alimentar, sino complementar: VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, ES INAPLICABLE PARA LA DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. Esta precisión semántica no es menor; por el contrario, constituye el eje que separa el régimen preferencial del general. Un producto concebido para adicionar, reforzar o suplementar la dieta no se equipara, sin más, a un alimento cuyo destino ordinario y exclusivo consiste en nutrir.

La solidez de este razonamiento descansa en la propia funcionalidad del suplemento alimenticio. En términos de mercado, de regulación sanitaria y de percepción ordinaria del consumidor, se trata de bienes que acompañan la dieta; no la sustituyen estructuralmente ni integran, por regla general, la base de la alimentación cotidiana. Su utilidad puede consistir en aportar proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos u otros componentes; pero su razón de ser no es configurar el núcleo de la nutrición humana, sino complementar regímenes alimentarios específicos, cubrir deficiencias o robustecer determinados objetivos de salud y desempeño físico. Esa finalidad complementaria los aleja del presupuesto legal exigido para la tasa del 0%.

Desde esta óptica, la tesis de que “lo no excluido expresamente queda incluido” se revela insuficiente. En realidad, el problema interpretativo debe resolverse a la inversa: sólo accede a la tasa preferencial el producto que, de manera indubitable, satisface la noción legal de alimento destinado al consumo humano en sentido estricto. La enumeración negativa de excepciones no exonera al contribuyente de demostrar la actualización del supuesto positivo. Dicho de otro modo, la inexistencia de una exclusión textual no suple la falta de acreditación del destino exclusivo a la alimentación.

Esta conclusión conduce a uno de los aspectos más delicados del asunto: la carga de la prueba. En materia tributaria, y con mayor razón cuando se pretende la aplicación de un tratamiento benéfico, corresponde al contribuyente acreditar los extremos de su pretensión. No basta invocar que el producto contiene nutrientes, que puede ingerirse o que se comercializa en espacios vinculados con la salud o la nutrición. Es indispensable demostrar que su naturaleza objetiva, su composición, su etiquetado, su publicidad, su modo ordinario de consumo y su posicionamiento en el mercado revelan una destinación exclusiva a la alimentación.

“La ausencia de exclusión expresa no equivale, por sí sola, a la procedencia de la tasa del 0%.”

El estándar probatorio, sin embargo, suele resultar particularmente difícil de satisfacer tratándose de suplementos alimenticios. Su propia denominación comercial y regulatoria pone de manifiesto que están concebidos para complementar. La etiqueta, por regla general, resalta beneficios asociados a refuerzo nutricional, apoyo metabólico, recuperación muscular, incremento proteico o aporte vitamínico. La publicidad, a su vez, suele dirigir el producto a segmentos específicos —deportistas, personas con deficiencias nutricionales, adultos mayores o consumidores con objetivos de control corporal—, lo cual evidencia que no se trata de bienes de alimentación ordinaria y generalizada, sino de productos de consumo especializado o funcional.

En consecuencia, la aplicación de la tasa general del 16% no constituye una sanción interpretativa, sino el resultado lógico de no haberse acreditado la hipótesis excepcional que justifica la tasa del 0%. Esta precisión es relevante, porque en la práctica aún subsiste la idea de que la autoridad fiscal “agrava” indebidamente la tributación de un producto consumible por seres humanos. Tal objeción pierde fuerza cuando se comprende que el régimen preferencial del IVA obedece a una finalidad social y económica precisa: aliviar la carga impositiva respecto de bienes esenciales para la alimentación humana. Extenderlo a productos cuya función es complementaria desdibujaría el propósito de la norma y erosionaría la consistencia del sistema. La clasificación fiscal de los productos no debe descansar en estrategias nominalistas ni en descripciones mercadológicas ambiguas. Requiere un análisis integral del expediente del bien: fórmula, presentación, instrucciones de uso, advertencias, segmento objetivo, canales de distribución y percepción regulatoria. Cualquier defensa encaminada a sostener la tasa del 0% deberá construirse sobre una base probatoria robusta, consciente de que la jurisprudencia ha delimitado con claridad el carácter no exclusivamente alimentario de los suplementos.

Así, la controversia no se resuelve por silencio legislativo, sino por contenido material del producto. Esa es, en última instancia, la enseñanza más relevante del criterio judicial invocado: en el IVA, la tasa preferencial exige algo más que la posibilidad de ingestión humana; exige exclusividad alimentaria. Cuando el bien sólo complementa, refuerza o adiciona la dieta, la consecuencia fiscal razonable es su sujeción a la tasa general. En suma, la enajenación de suplementos alimenticios importados no puede acogerse automáticamente a la tasa del 0% por el solo hecho de no figurar entre las exclusiones expresas del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del IVA. La procedencia del beneficio depende de acreditar, de manera fehaciente, que el producto está destinado exclusivamente a la alimentación, extremo que la jurisprudencia analizada considera, en principio, incompatible con la naturaleza complementaria de tales bienes. Bajo esa premisa, la aplicación de la tasa general del 16% no sólo se ajusta al marco legal, sino que preserva la racionalidad del sistema tributario y el sentido restrictivo con el que deben interpretarse los tratamientos fiscales preferenciales.