La justicia estadounidense recorta la demanda antimonopolio por descuentos 340B

Antecedentes

El programa federal 340B Drug Pricing Program, creado por el Congreso estadounidense en 1992 mediante la sección 340B de la Public Health Service Act, obliga a determinados fabricantes que participan en Medicaid a ofrecer medicamentos ambulatorios a ciertas instituciones sanitarias que atienden poblaciones vulnerables a precios que no excedan un límite legal.

Entre los beneficiarios se encuentran hospitales y centros de salud que integran la denominada red de seguridad sanitaria estadounidense. En numerosos casos, estas instituciones utilizan farmacias contratadas —contract pharmacies— para dispensar medicamentos adquiridos bajo el programa.

La controversia surgió cuando, a partir de 2020, cuatro importantes fabricantes de medicamentos para diabetes —Sanofi-Aventis U.S., Eli Lilly and Company y Lilly USA, Novo Nordisk y AstraZeneca Pharmaceuticals— adoptaron sucesivamente políticas que restringieron el acceso a descuentos 340B cuando los medicamentos eran distribuidos mediante determinadas farmacias contratadas.

Mosaic Health Inc. y Central Virginia Health Services Inc., dos organizaciones que operan centros de salud para comunidades de bajos ingresos, sostienen que aquellas decisiones no fueron simplemente respuestas empresariales independientes frente a un mismo entorno regulatorio. Alegan, por el contrario, que las farmacéuticas actuaron coordinadamente para restringir un descuento que durante años habían reconocido. (law.justia.com)

Problemática jurídica

El litigio plantea una cuestión clásica del derecho antimonopolio estadounidense: ¿cuándo varias conductas empresariales paralelas permiten inferir razonablemente la existencia de un acuerdo prohibido entre competidores?

La sección 1 de la Sherman Act, 15 U.S.C. § 1, prohíbe contratos, combinaciones y conspiraciones que restrinjan indebidamente el comercio. La mera circunstancia de que varias empresas adopten una política semejante no demuestra por sí sola una conspiración; competidores pueden reaccionar independientemente de manera similar frente a los mismos incentivos económicos.

Sin embargo, cuando la conducta paralela aparece acompañada de circunstancias adicionales —los denominados plus factors— puede resultar suficiente, cuando menos en la etapa inicial del procedimiento, para sostener plausiblemente que existió un acuerdo.

Ese punto ya había sido objeto de una importante decisión procesal. En agosto de 2025, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el desechamiento previo de la demanda y concluyó que los hechos contenidos en la segunda demanda modificada eran suficientes para permitir que la teoría antimonopolio continuara. La Corte enfatizó que, en una moción de desechamiento, el juzgador debe aceptar como verdaderos los hechos bien alegados y no elegir prematuramente entre explicaciones plausibles de una conducta empresarial paralela. (law.justia.com)

La decisión del 26 de junio: una poda, no el final del litigio

De regreso en el Tribunal Federal para el Distrito Oeste de Nueva York, las farmacéuticas dirigieron nuevos argumentos contra distintas causas de acción de origen estatal.

El 26 de junio de 2026, la jueza magistrada federal Colleen D. Holland recomendó reducir parcialmente la demanda. Conforme a la información disponible a la fecha de este análisis, propuso desechar diversos reclamos de derecho estatal, incluyendo reclamaciones bajo las leyes de Mississippi, Utah, Nueva York y Virginia, así como reclamaciones de enriquecimiento injusto, permitiendo al mismo tiempo que una parte de las acciones antimonopolio estatales continuara. (gtlaw.com)

La distinción procesal es fundamental. Una magistrate judge estadounidense puede emitir un report and recommendation respecto de determinadas mociones dispositivas, pero corresponde al juez de distrito adoptar, rechazar o modificar posteriormente sus conclusiones.

Por ello, el pronunciamiento del 26 de junio no constituye todavía una sentencia definitiva sobre las reclamaciones afectadas, ni mucho menos una absolución de las compañías respecto de la supuesta conducta coordinada.

Tampoco resuelve si las farmacéuticas efectivamente conspiraron. La cuestión probatoria central continúa abierta.

La Sherman Act permanece fuera de esta resolución

El aspecto más relevante del pronunciamiento es, paradójicamente, aquello que no decidió.

Las alegaciones bajo la sección 1 de la Sherman Act, que constituyen el fundamento federal central de la demanda colectiva, no fueron objeto de la recomendación del 26 de junio. En consecuencia, permanecen pendientes. (news.bloomberglaw.com)

La diferencia resulta esencial para evaluar el supuesto “respiro” recibido por las farmacéuticas. El litigio se vuelve menos amplio en algunos de sus fundamentos estatales, pero conserva la teoría jurídica que potencialmente presenta mayor alcance nacional: que cuatro competidores horizontales coordinaron restricciones al acceso a descuentos federales.

Sanofi, Eli Lilly y Novo Nordisk compiten en mercados de insulinas análogas de acción rápida y prolongada, mientras que las cuatro demandadas participan en mercados de medicamentos para diabetes, incluidos determinados miméticos de incretinas. Los demandantes sostienen que la secuencia y semejanza de las restricciones 340B, junto con otras circunstancias alegadas, permiten inferir coordinación. (law.justia.com)

Las compañías rechazan esa interpretación y sostienen, en esencia, que sus políticas respondieron a decisiones independientes y a controversias legítimas sobre el alcance del programa 340B.

Una batalla paralela ante la Corte Suprema

El litigio presenta, además, un frente procesal adicional que al 26 de junio de 2026 continúa abierto.

El 5 de marzo de 2026, las farmacéuticas solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos revisar la decisión del Segundo Circuito. El asunto fue registrado como AstraZeneca Pharmaceuticals LP, et al. v. Mosaic Health, Inc., et al., expediente 25-1070.

Entre los temas planteados se encuentra la utilización de hechos relacionados con participación en asociaciones comerciales y actividades conjuntas de cabildeo como elementos capaces de apoyar una inferencia de conspiración. Diversas organizaciones empresariales han advertido que una interpretación excesivamente amplia podría producir efectos sobre actividades legítimas de representación gremial protegidas por la Primera Enmienda. (supremecourt.gov)

Al momento de esta nota, la Corte Suprema no ha decidido si conocerá el caso. El 25 de junio concedió a los demandantes una extensión hasta el 22 de julio para presentar su oposición a la petición de certiorari. Por tanto, cualquier conclusión sobre una eventual intervención del máximo tribunal sería prematura. (supremecourt.gov)

Consecuencias prácticas para la industria farmacéutica

El expediente ofrece una advertencia relevante para compañías que operan en industrias altamente reguladas.

Que varias empresas enfrenten el mismo problema regulatorio no les impide realizar actividades gremiales, solicitar cambios legislativos o defender conjuntamente determinadas interpretaciones normativas. Sin embargo, el contacto entre competidores exige una separación rigurosa entre actividad legítima de incidencia pública y coordinación de decisiones comerciales privadas.

Las discusiones relacionadas con precios, descuentos, clientes, canales de distribución o condiciones futuras de contratación requieren controles especialmente estrictos. La existencia de un programa federal complejo como 340B no elimina la aplicación de la legislación antimonopolio.

Para empresas mexicanas pertenecientes a grupos farmacéuticos internacionales, la enseñanza es igualmente relevante: las políticas comerciales diseñadas para Estados Unidos deben revisarse no solamente desde una perspectiva regulatoria sanitaria, sino también desde el riesgo de competencia derivado de comunicaciones con competidores y asociaciones de industria.

Conclusiones

La recomendación de 26 de junio de 2026 representa un resultado favorable, pero limitado, para las farmacéuticas demandadas.

Algunas reclamaciones estatales pierden terreno; otras sobreviven. La teoría federal bajo la Sherman Act continúa pendiente, y la propia decisión del Segundo Circuito que permitió revivir el litigio enfrenta simultáneamente una solicitud de revisión ante la Corte Suprema.

Por ello, todavía no existe una determinación judicial de que Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk o AstraZeneca hayan participado en una conspiración antimonopolio.

El verdadero significado procesal del momento es más modesto: la demanda se estrecha, pero el núcleo del litigio permanece abierto. En un expediente donde convergen regulación farmacéutica, descuentos federales, asociaciones empresariales y competencia horizontal, esa diferencia resulta jurídicamente determinante.

Fuentes consultadas

Comisión Nacional Antimonopolio. La CNA sanciona colusión que afectó licitaciones de insumos médicos y el uso eficiente del gasto público en salud, Comunicado CNA-010-2026, 16 de junio de 2026.

Comisión Nacional Antimonopolio. Agenda del Pleno, expediente IO-004-2022, procedimiento por probable práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 53, fracción IV, LFCE, mayo de 2026.

Comisión Federal de Competencia Económica. Aviso de inicio de la investigación de oficio IO-004-2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023.

Ley Federal de Competencia Económica, artículo 53, fracción IV, texto aplicable a la fecha de esta nota. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS destaca sanciones impuestas por la Comisión Nacional Antimonopolio en materia de colusión, 16 de junio de 2026.