La cláusula de seguridad nacional que puede frenar una adquisición

Dieciséis palabras capaces de detener una adquisición

Pocas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) tienen una extensión tan reducida y, al mismo tiempo, una potencialidad jurídica tan considerable como su artículo 30. El precepto dispone, en esencia, que por razones de seguridad nacional la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras puede impedir adquisiciones efectuadas por inversión extranjera. No incorpora porcentajes, montos mínimos, sectores, nacionalidades específicas ni un catálogo de operaciones sensibles.

Esa ausencia de parámetros cuantitativos explica por qué el artículo debe estudiarse separadamente de la arquitectura construida por los artículos 5 a 9. Una adquisición puede no involucrar una actividad reservada al Estado; puede encontrarse fuera del catálogo exclusivo para mexicanos; puede respetar escrupulosamente el 49% del artículo 7; e incluso puede no actualizar los supuestos de autorización de los artículos 8 y 9. Nada de ello borra, por sí solo, la facultad conferida por el artículo 30.

Pero tampoco conviene exagerarla. La disposición no autoriza a la Comisión a impedir abstractamente cualquier inversión extranjera por cualquier motivo. Su texto se refiere concretamente a adquisiciones y exige que la intervención se justifique en razones de seguridad nacional. Esa segunda condición es precisamente la que transforma una cláusula aparentemente ilimitada en una potestad administrativa que debe encontrarse jurídicamente motivada.

No se volvió más pesada: siempre estuvo ahí

Existe una tentación comprensible de interpretar el actual protagonismo internacional de los controles de inversión por seguridad nacional como consecuencia de una reforma reciente de la legislación mexicana. En el caso del artículo 30, esa narrativa no corresponde con la historia legislativa.

La disposición formaba parte de la Ley de Inversión Extranjera publicada originalmente el 27 de diciembre de 1993 con la misma fórmula sustancial que conserva en la actualidad. La relación oficial de reformas de la Cámara de Diputados tampoco registra un endurecimiento reciente del precepto; la última modificación de la LIE, publicada el 27 de mayo de 2024, reformó los artículos 23 y 24 relativos a la integración y funcionamiento de la Comisión.

Lo que ha cambiado radicalmente no es la frase legal, sino el entorno económico al que puede aplicarse.

En 1993, la discusión corporativa sobre seguridad nacional estaba naturalmente asociada a infraestructura física, comunicaciones, transporte, energía o activos industriales estratégicos. Tres décadas después, una adquisición puede trasladar simultáneamente propiedad intelectual, sistemas informáticos, bases de datos, algoritmos, infraestructura digital, conocimiento tecnológico y capacidad de decisión empresarial. Por eso el artículo 30 puede sentirse hoy “más pesado” sin haber ganado una sola palabra.

Seguridad nacional: el concepto que la LIE no define

El principal desafío interpretativo consiste en que la propia LIE no define qué debe entenderse por “seguridad nacional” para efectos del artículo 30, ni establece en ese precepto una lista de factores cuya presencia obligue o autorice automáticamente a impedir una adquisición.

Existe, desde luego, una Ley de Seguridad Nacional. Su artículo 3 vincula el concepto con acciones destinadas inmediata y directamente a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, incluyendo la protección frente a amenazas y riesgos, la preservación de la soberanía e independencia y la defensa del territorio. Su artículo 5 identifica, entre otras amenazas, determinados actos de interferencia extranjera y aquellos dirigidos a destruir o inhabilitar infraestructura estratégica o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Sin embargo, es indispensable formular la conclusión con disciplina jurídica: la LIE no establece expresamente que el artículo 30 deba aplicarse mediante una incorporación automática del catálogo de la Ley de Seguridad Nacional. Esta última constituye una referencia normativa relevante para comprender el significado jurídico que el orden federal atribuye a la seguridad nacional, pero no debe convertirse mecánicamente en una lista de prohibiciones de inversión que el legislador no escribió en la LIE.

Esa distinción evita un error frecuente: transformar un análisis preventivo de riesgos en una prohibición normativa inexistente.

No hay un “CFIUS mexicano” escrito dentro del artículo 30

Otro riesgo conceptual consiste en importar automáticamente a México las metodologías de revisión utilizadas en otras jurisdicciones y asumir que el artículo 30 crea, por sí mismo, un procedimiento general de notificación previa de adquisiciones sensibles.

No lo hace, los artículos 8 y 9 sí construyen supuestos expresos en los que debe obtenerse resolución favorable de la Comisión; el artículo 28 establece incluso el plazo de 45 días hábiles para resolver las solicitudes sometidas a su consideración y la afirmativa ficta correspondiente. El artículo 30, por contraste, se limita a conferir la facultad de impedir adquisiciones por seguridad nacional y no establece dentro de su texto un porcentaje detonante, un umbral económico, una declaración obligatoria autónoma ni un procedimiento particular de preautorización.

La propia Ventanilla Única para Inversionistas de la Secretaría de Economía identifica el trámite de autorización de la CNIE para los supuestos regulatorios correspondientes, particularmente los vinculados con los artículos 8 y 9; no presenta al artículo 30 como un sistema general independiente de notificación previa para toda adquisición extranjera.

Esta diferencia importa muchísimo en M&A: no debe inventarse un trámite donde la ley no lo establece, pero tampoco debe confundirse la ausencia de un formulario obligatorio con la inexistencia del riesgo jurídico.

El error de creer que el 10%, 49% o 100% resuelve el problema

El artículo 30 tampoco contiene un porcentaje mínimo de adquisición. Ese silencio debe manejarse con cautela, no significa que cualquier compra diminuta de acciones constituya automáticamente una cuestión de seguridad nacional. Significa que el texto no permite descartar el análisis exclusivamente porque la participación sea minoritaria. La pregunta debe trasladarse desde la aritmética hacia los derechos y activos involucrados.

Una participación minoritaria acompañada de acceso privilegiado a determinada tecnología, información sensible, decisiones estratégicas o infraestructura podría plantear interrogantes distintos de una participación accionaria pasiva en una empresa ordinaria. Esto no equivale a afirmar que cualquiera de esos factores actualice automáticamente el artículo 30; significa que constituyen elementos razonables para una evaluación preventiva cuando puedan conectarse jurídicamente con una preocupación auténtica de seguridad nacional.

El buen abogado, por tanto, no redacta una conclusión basada en intuiciones geopolíticas. Construye un expediente factual.

La due diligence correcta empieza por el activo, no por el pasaporte

Para una operación potencialmente sensible, propondría que el análisis interno documente, cuando menos, cuatro dimensiones. La primera es qué se adquiere realmente: acciones, activos, tecnología, infraestructura, derechos contractuales, información o una combinación de ellos. La segunda es qué derechos obtiene el inversionista: voto, designación de administradores, vetos, acceso a información o capacidad de decisión estratégica. La tercera consiste en identificar al beneficiario y controlador último del inversionista, evitando detener el análisis en el vehículo inmediato de adquisición. La cuarta es la función económica y estratégica del objetivo, especialmente cuando participa en infraestructura indispensable, servicios públicos, comunicaciones, energía, logística o actividades cuya interrupción pudiera trascender un interés meramente privado.

El origen nacional del inversionista puede formar parte del contexto factual, pero no debería utilizarse como sustituto del razonamiento jurídico. El artículo 30 habla de seguridad nacional, no de una lista legal de nacionalidades sospechosas. A falta de una regla publicada que disponga lo contrario, convertir el pasaporte en criterio automático sería metodológicamente indefendible.

Cómo trasladar el artículo 30 al contrato de adquisición

Cuando el análisis revela sensibilidad real, el riesgo debe aparecer en la documentación transaccional.

Las declaraciones del comprador sobre estructura de propiedad y beneficiario final adquieren relevancia; las obligaciones de cooperación regulatoria deben cubrir requerimientos de información; los convenios de confidencialidad deben identificar adecuadamente materiales especialmente sensibles; y el contrato debe distribuir las consecuencias económicas de una eventual intervención regulatoria.

Si la operación ya requiere autorización bajo los artículos 8 o 9, la dimensión de seguridad nacional debe evaluarse desde la preparación del expediente y no descubrirse después de presentada la solicitud.

Cuando la transacción no exige esa autorización, un acercamiento administrativo informal puede ser considerado como herramienta prudencial en circunstancias extraordinarias, pero no debería venderse al cliente como un “safe harbor” que la LIE no establece. La ausencia de un procedimiento autónomo de autorización bajo el artículo 30 impide atribuir a una conversación informal efectos jurídicos que la ley no le reconoce expresamente.

La verdadera anomalía del artículo 30

El artículo 30 no necesita ser nuevo para resultar poderoso, su singularidad consiste precisamente en lo contrario: mientras buena parte de la LIE trabaja mediante catálogos, porcentajes, montos y procedimientos identificables, esta disposición condensa en una sola frase una potestad fundada en un concepto deliberadamente amplio.

Por eso la conclusión correcta no es que toda adquisición extranjera relevante necesite una autorización preventiva de seguridad nacional. Tampoco que exista evidencia de un endurecimiento reciente que permita anunciar un nuevo régimen mexicano de revisión.

La conclusión es más incómoda para quien prefiere matrices regulatorias binarias: una operación puede cumplir todos los porcentajes de la LIE y todavía exigir una evaluación jurídica independiente bajo el artículo 30, y allí la calculadora deja de servir, el porcentaje puede decirnos cuánto adquiere el extranjero. El artículo 30 obliga a formular una pregunta distinta: qué obtiene realmente con esa adquisición y por qué podría importarle al Estado mexicano.