Entre el acuerdo corporativo de dividendos y el pago efectivo

La discusión sobre los dividendos decretados y no cobrados revela un tema controversial frecuente en materia fiscal: la autoridad suele privilegiar una lectura funcional del hecho económico, mientras que el contribuyente debe atender la estructura jurídica de la operación, su registro contable y el momento exacto en que la ley fiscal conecta una consecuencia impositiva. El texto base refiere que, en una Reunión de Síndicos de 2021, se planteó al SAT si los dividendos decretados, no cobrados por los accionistas y posteriormente reintegrados a la sociedad podían considerarse ingreso acumulable para ISR; la autoridad habría respondido que, cuando una persona moral decreta la distribución de dividendos, debe calcular y enterar el impuesto correspondiente.

Esa respuesta exige cautela y sobre todo, establecer un argumento lógico y armonizado tanto lo corporativo como lo fiscal para una mejor respuesta. En derecho societario y fiscal no es lo mismo decretar, distribuir, pagar, percibir, capitalizar o cancelar. Cada verbo describe un fenómeno jurídico distinto, el decreto de dividendos es, esencialmente, un acuerdo corporativo adoptado por el órgano supremo, normalmente la asamblea general de socios o accionistas. Dicho acuerdo determina que determinadas utilidades serán destinadas a los socios. Sin embargo, mientras no exista entrega efectiva, transferencia de recursos o forma jurídica equivalente de satisfacción del crédito, el accionista conserva un derecho de cobro y la sociedad mantiene un pasivo.

La diferencia no es menor; el Código Civil Federal define el pago o cumplimiento como la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio prometido. Esta noción civil resulta útil para distinguir entre nacimiento de la obligación y extinción por cumplimiento: el decreto genera la deuda; el pago la extingue mediante entrega. En consecuencia, afirmar que el simple decreto produce los mismos efectos que el pago implica adelantar indebidamente la consecuencia fiscal a una etapa en la que aún no se ha realizado la percepción patrimonial, es decir, el accionista o socio no ve incrementado su haber patrimonial por lo que no existe el momento de causación del objeto del Impuesto Sobre la Rentan (ISR).

El decreto de dividendos crea una obligación corporativa; el pago, en cambio,

consuma la percepción económica que detona consecuencias fiscales específicas.

La Ley del ISR, en su artículo 10, dispone que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deben calcular y enterar el impuesto correspondiente; sin embargo, el propio precepto precisa que dicho impuesto se enterará, a más tardar, el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se pagaron los dividendos o utilidades. Esta referencia expresa al pago es decisiva: aun cuando el término “distribuyan” pudiera suscitar alguna ambigüedad, el momento de entero se ancla legislativamente al pago, no al mero acuerdo corporativo.

Tratándose de personas físicas accionistas, el artículo 140 de la Ley del ISR establece que deberán acumular a sus demás ingresos los dividendos o utilidades percibidos. Además, prevé la tasa adicional del 10% sobre dividendos distribuidos por personas morales residentes en el país, con obligación de retención por parte de éstas. La palabra “percibidos” refuerza la lógica de flujo económico: no basta que exista una expectativa de cobro; se requiere ingreso recibido o jurídicamente puesto a disposición en términos fiscalmente relevantes.

Ahora bien, cuando el dividendo decretado no es cobrado y, conforme a estatutos o acuerdo societario, se cancela el pasivo para restituirlo a utilidades retenidas, tampoco debe concluirse automáticamente que la sociedad obtiene un ingreso acumulable ordinario. El artículo 16 de la Ley del ISR establece que las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos que obtengan en efectivo, bienes, servicio, crédito o de cualquier otro tipo, y reconoce como acumulable el ajuste anual por inflación derivado de la disminución real de deudas. Precisamente por ello, la cancelación del pasivo debe analizarse con técnica: si no entra efectivo, no aumenta el capital social, no se emiten acciones y no se reconoce una aportación, el efecto fiscal más razonable se ubica en la mecánica del ajuste anual por inflación, cuando proceda, no en la construcción artificial de un ingreso por reembolso.

Desde la óptica contable, el asiento inicial del decreto carga utilidades retenidas y abona dividendos por pagar. Si una parte se paga, se carga el pasivo y se abona efectivo. Si otra parte prescribe, caduca o se cancela válidamente conforme a estatutos, se carga dividendos por pagar y se abona nuevamente a utilidades retenidas. No hay, en ese itinerario, una nueva riqueza corporativa equiparable a venta, prestación de servicios, condonación de gasto previamente deducido o aportación de socios. Hay reversión patrimonial interna de una distribución no consumada.

Cancelar un pasivo por dividendos no cobrados no equivale, por sí mismo, a

recibir una aportación, capitalizar deuda ni obtener ingreso gravable ordinario.

Tampoco debe confundirse esta operación con una capitalización de pasivos. Para que exista capitalización, ordinariamente debe modificarse el capital social, emitirse participación adicional o reconocerse formalmente una aportación. Si el capital permanece intacto, no hay razón para tratar el retorno contable a utilidades retenidas como incremento de capital. Menos aún puede sostenerse, sin matices, que existe condonación de deuda generadora de ingreso, pues el pasivo provino de una distribución de utilidades, no de un gasto deducido que hubiera erosionado previamente la base gravable.

La postura prudente para empresas consiste en documentar exhaustivamente la operación. Deben conservarse estatutos que prevean el destino de dividendos no cobrados, acta de asamblea que decrete dividendos, relación de accionistas con derecho de cobro, evidencia de pagos efectuados, constancias fiscales cuando procedan y asiento contable de cancelación. Esta documentación será crucial para demostrar que no existió pago al accionista por la porción no cobrada y que la sociedad no recibió una aportación ni un ingreso ordinario. En conclusión, el decreto de dividendos no debe equipararse automáticamente al pago para efectos del ISR. El impuesto corporativo del artículo 10 se vincula al pago de dividendos; la acumulación de la persona física se articula sobre dividendos percibidos; y la cancelación del pasivo por dividendos no cobrados debe tratarse conforme a su naturaleza real, con especial atención al ajuste anual por inflación. La técnica impone separar momentos, conceptos y registros. Donde no hubo percepción ni entrega, no debe fabricarse, por analogía administrativa, una carga fiscal inexistente debido a no actualizarse el momento de causación.