Cómo preservar la objetividad del auditor externo

La auditoría externa cumple una función distinta de la administración, de la auditoría interna y de los órganos societarios de vigilancia. La dirección prepara la información financiera y responde por los procesos mediante los cuales se genera; auditoría interna evalúa controles y riesgos desde dentro de la organización; el comisario, cuando resulte aplicable, ejerce las facultades que le reconoce la legislación societaria; mientras que el auditor externo aporta una opinión profesional independiente sobre la información sometida a su revisión dentro del alcance de su encargo. Precisamente por esa posición, la independencia no es una característica accesoria del auditor, sino una condición esencial para que su opinión resulte creíble. Un dictamen técnicamente correcto pierde valor institucional cuando existen relaciones económicas, personales o profesionales capaces de generar dudas razonables sobre la objetividad con la que fue elaborado.

La independencia tampoco debe entenderse como ausencia absoluta de relación económica. El auditor cobra honorarios de la entidad auditada y necesariamente mantiene interacción con su administración. El problema surge cuando esa relación crea incentivos capaces de comprometer —o razonablemente aparentar que comprometen— el juicio profesional. Honorarios extraordinariamente importantes para la firma, dependencia respecto de un solo cliente, servicios de consultoría que después deben ser auditados, participación del auditor en decisiones administrativas, relaciones financieras o vínculos personales relevantes pueden alterar la percepción y, en determinados regímenes, también la calificación jurídica de independencia. El gobierno corporativo debe administrar estas exposiciones antes de que surja una controversia.

La LGSM no convierte al auditor externo en órgano societario obligatorio para toda sociedad

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) regula expresamente la vigilancia de la sociedad anónima mediante la figura del comisario. Los artículos 164 y siguientes establecen su posición, facultades y responsabilidades, mientras que el artículo 166 contempla, entre otras atribuciones, la revisión de información financiera, operaciones, documentación y registros necesarios para ejercer la vigilancia. La LGSM, sin embargo, no debe interpretarse como si estableciera para toda sociedad anónima una obligación general de contratar auditor externo independiente bajo un modelo uniforme. Esta distinción es relevante porque en la práctica suele confundirse al comisario con el auditor externo, particularmente cuando una misma persona o firma participa históricamente en funciones contables, fiscales y societarias.

Las funciones son diferentes y conviene mantenerlas claramente separadas. El comisario ejerce una función de vigilancia societaria prevista por la ley; el auditor externo realiza un trabajo profesional conforme al marco técnico y regulatorio que resulte aplicable. La coexistencia de ambos puede ser conveniente, pero no debería utilizarse para duplicar formalidades ni para asumir que el trabajo de uno elimina automáticamente las responsabilidades del otro. De hecho, cuanto más institucionalizada se encuentre la organización, mayor importancia adquiere definir qué información revisa cada participante, qué reportes genera y cómo se comunica con el consejo o con el órgano que desempeñe funciones de auditoría.

En sociedades sujetas a la LMV, la independencia adquiere una dimensión regulatoria mucho más precisa

La Ley del Mercado de Valores (LMV) desarrolla una arquitectura de auditoría considerablemente más exigente para las sociedades comprendidas en su ámbito. El artículo 43 contempla que el órgano que desempeña funciones de auditoría evalúe el desempeño de la persona moral que presta los servicios de auditoría externa y del auditor responsable, y que describa y valore los servicios adicionales o complementarios proporcionados por dicha firma. Asimismo, exige considerar los informes y dictámenes de auditoría dentro de la evaluación del control interno y del proceso de información financiera. Esta regulación coloca la independencia del auditor dentro del sistema de supervisión del consejo y evita que la relación quede exclusivamente en manos de la dirección financiera.

La propia LMV contiene además disposiciones específicas sobre auditores externos, conservación de documentación, entrega de información a la autoridad y comunicación de irregularidades dentro de los supuestos legales correspondientes. Su lógica general es clara: quien emite una opinión destinada a respaldar información relevante para inversionistas no puede encontrarse sujeto a relaciones que comprometan razonablemente su objetividad. En una sociedad privada que no se encuentre dentro de este régimen, estas disposiciones no deben presentarse como obligaciones universales; sí pueden utilizarse como referencia para construir una relación con el auditor más independiente y transparente.

La selección del auditor no debería depender exclusivamente de quien será auditado

Una de las primeras decisiones de gobierno consiste en determinar quién propone, evalúa y contrata al auditor externo. Cuando todo el proceso depende del director financiero o del director general, aparece una tensión evidente: quienes preparan y presentan la información financiera ejercen simultáneamente una influencia determinante sobre la persona que deberá examinarla. Esto no significa que la administración deba quedar excluida. Conoce las necesidades técnicas, la complejidad del negocio y la interacción cotidiana requerida. Sin embargo, el consejo o el órgano que desempeñe funciones de auditoría debería participar sustantivamente en la selección, alcance, honorarios y evaluación del auditor.

La opinión del auditor externo sólo agrega verdadero valor cuando quienes utilizan la información pueden confiar razonablemente en que su juicio profesional no depende de conservar una relación económica con la administración que examina.

El Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo (Código) recomienda precisamente que el órgano intermedio de auditoría proponga candidatos para auditores externos, condiciones de contratación y alcance de los trabajos, y que supervise su cumplimiento. También recomienda que funcione como canal de comunicación entre el consejo y el auditor y que vigile su independencia, capacidad profesional y ausencia de conflictos de interés. El principio subyacente es sencillo: el auditor puede trabajar cotidianamente con la administración, pero su permanencia y capacidad para comunicar hallazgos no deberían depender exclusivamente de la buena voluntad de quienes son objeto de su revisión.

La evaluación anual del auditor debería considerar calidad técnica, experiencia del equipo, conocimiento del negocio, cumplimiento del alcance, comunicación de hallazgos, capacidad para cuestionar criterios contables y atención a asuntos complejos. Elegir exclusivamente por precio puede deteriorar la profundidad del trabajo; elegir exclusivamente por permanencia puede generar excesiva familiaridad. El consejo necesita observar simultáneamente calidad, independencia y eficiencia.

Los servicios adicionales constituyen uno de los principales focos de riesgo

Las firmas de auditoría suelen contar con capacidades en materia fiscal, consultoría, tecnología, valuación, transacciones y otros servicios. Contratarlos puede ser eficiente porque la firma conoce la organización, pero también puede crear amenazas a la independencia. El problema se vuelve especialmente evidente cuando el auditor participa en el diseño de procesos o estimaciones que posteriormente deberá examinar. En ese supuesto existe riesgo de que termine auditando, en alguna medida, su propio trabajo.

El análisis no debería resolverse mediante una prohibición genérica de todo servicio distinto de la auditoría, salvo que la regulación aplicable así lo exija para una actividad determinada. Debe examinarse naturaleza, materialidad, personas involucradas y posibilidad de que el servicio coloque al auditor en una posición incompatible con su función. El artículo 43 de la LMV exige precisamente que el comité valore los servicios adicionales o complementarios proporcionados por la persona moral encargada de la auditoría externa. El Código también recomienda que los servicios adicionales sean objeto de aprobación considerando los posibles impactos sobre independencia.

Una política interna puede establecer servicios prohibidos, servicios que requieren aprobación previa y otros considerados rutinarios. Esto permite que el análisis ocurra antes de la contratación y no al cierre del ejercicio, cuando el servicio ya fue prestado. La independencia se protege preventivamente; revisar retrospectivamente una relación que ya generó honorarios importantes reduce considerablemente las alternativas disponibles.

Permanencia, familiaridad y rotación deben analizarse con criterio

Una relación prolongada con el auditor ofrece ventajas. El equipo conoce sistemas, riesgos, operaciones y antecedentes, lo que puede hacer más eficiente el trabajo. Pero la permanencia también puede producir familiaridad excesiva. Con el tiempo, determinadas explicaciones pueden dejar de cuestionarse porque “siempre se ha hecho así”, y la relación con la administración puede adquirir un grado de cercanía que afecte la percepción de independencia.

Por ello, el Código contempla la rotación del auditor externo como una materia específica dentro de sus mejores prácticas y recomienda establecer mecanismos que permitan preservar objetividad. En entidades sujetas a regulación sectorial pueden existir además reglas específicas sobre rotación de socios, equipos o firmas, que deberán observarse en cada caso. No debe inventarse un plazo universal para toda empresa.

La decisión debe equilibrar continuidad y renovación. Una sociedad privada puede establecer políticas de evaluación periódica, rotación del socio responsable o procesos competitivos después de determinado periodo. La finalidad no es cambiar de firma automáticamente por calendario, sino evitar que la relación profesional se transforme gradualmente en dependencia o complacencia.

El auditor debe poder hablar con el comité sin presencia de la administración

Uno de los mejores indicadores de independencia práctica consiste en la existencia de comunicación directa entre auditor externo y órgano de gobierno. Las sesiones privadas permiten discutir desacuerdos contables, estimaciones sensibles, limitaciones de alcance, calidad del equipo financiero, presiones recibidas y cualquier asunto que resulte difícil plantear cuando se encuentran presentes las personas directamente evaluadas.

Estas reuniones no deben interpretarse como señal de conflicto entre auditor y administración. Forman parte de una arquitectura sana de supervisión. De hecho, su existencia puede mejorar la relación porque permite separar las conversaciones técnicas de aquellas que requieren un nivel distinto de confidencialidad. El Código recomienda expresamente que el órgano intermedio funcione como canal de comunicación entre el consejo y los auditores externos.

El comité tampoco debería limitarse a preguntar si “todo está bien”. Conviene formular cuestiones más específicas: ¿existieron desacuerdos relevantes con la administración?, ¿hubo ajustes sugeridos que no fueron registrados?, ¿existieron restricciones para obtener información?, ¿qué estimaciones presentan mayor incertidumbre?, ¿qué debilidad de control merece mayor atención del consejo? La independencia se vuelve útil cuando el auditor dispone de un canal real para decir aquello que la administración preferiría no escuchar.

Los honorarios también pueden generar dependencia

Toda relación de auditoría implica honorarios, pero su estructura merece revisión. Si un cliente representa una proporción extraordinariamente importante de los ingresos de la firma o de una oficina específica, puede aparecer una dependencia económica que genere dudas sobre objetividad. El mismo riesgo surge cuando los servicios adicionales producen honorarios significativamente superiores a los de auditoría.

El órgano encargado de supervisar la relación debería conocer la composición general de los honorarios y cualquier circunstancia relevante para evaluar independencia. No se trata de investigar la economía completa de la firma, sino de identificar concentraciones capaces de generar incentivos incompatibles con la función.

También debe evitarse utilizar los honorarios como mecanismo de presión. Una discusión legítima sobre costos es perfectamente válida; condicionar informalmente una renovación o pago a que el auditor acepte determinada posición contable es incompatible con una relación institucional. El consejo debe asegurarse de que el auditor pueda mantener una discrepancia profesional sin temor razonable a represalias comerciales indebidas.

La independencia también exige competencia profesional

Un auditor puede ser completamente independiente y, aun así, no contar con la experiencia necesaria para una organización particularmente compleja. Por eso el análisis no termina en conflictos. Debe considerarse experiencia sectorial, conocimientos técnicos, calidad del equipo y capacidad para entender operaciones relevantes.

El Código une acertadamente independencia y capacidad profesional dentro de las funciones del órgano intermedio de auditoría. Una firma pequeña puede ser adecuada para una sociedad de complejidad moderada y resultar insuficiente para un grupo con operaciones internacionales, instrumentos financieros sofisticados o sistemas altamente complejos. La elección debe guardar proporcionalidad.

La independencia no se protege únicamente evitando conflictos evidentes; también exige administrar aquellas relaciones que pueden generar una percepción razonable de que el auditor tiene demasiado que perder si contradice a su cliente.

También conviene evaluar cambios frecuentes en el equipo. La firma puede conservar el contrato durante años mientras rota constantemente a quienes realizan el trabajo, provocando que cada ejercicio comience nuevamente el proceso de aprendizaje. La continuidad del conocimiento es un factor de calidad que debe analizarse junto con la necesaria renovación.

La relación correcta no es de subordinación ni de confrontación permanente

La independencia no implica que el auditor deba mantener una actitud adversarial frente a la administración. Una buena auditoría requiere cooperación, acceso a información y conversaciones técnicas francas. El auditor puede coincidir con los criterios utilizados y reconocer que los controles funcionan adecuadamente sin perder independencia.

El problema aparece cuando la relación se vuelve tan cercana que cuestionar resulta incómodo, o tan conflictiva que desaparece la comunicación constructiva. El consejo debe procurar un equilibrio en el que exista suficiente confianza para compartir información y suficiente autonomía para disentir cuando sea necesario.

La mejor evidencia de independencia no es el número de desacuerdos entre auditor y administración, sino la certeza de que un desacuerdo importante podría existir, ser comunicado y resolverse sin que la relación económica impida al auditor sostener su juicio profesional.

El consejo debe proteger la credibilidad del proceso, no solamente recibir el dictamen

Recibir anualmente un dictamen no agota la responsabilidad de gobierno. El consejo o su órgano auxiliar debe conocer quién realizó la auditoría, con qué alcance, qué servicios adicionales fueron prestados, qué asuntos resultaron relevantes y si existieron condiciones capaces de comprometer independencia.

Esta supervisión tampoco convierte al consejo en auditor. Su función consiste en asegurar que el proceso mediante el cual se genera confianza en la información financiera conserve credibilidad. La administración prepara; el auditor examina; el comité supervisa la relación; el consejo utiliza la información para ejercer sus responsabilidades.

La independencia del auditor externo debe entenderse, finalmente, como una combinación de reglas, estructura y comportamiento profesional. Las prohibiciones formales son necesarias, pero no suficientes. También importan quién contrata, quién evalúa, qué otros servicios se prestan, cuánto tiempo dura la relación y si existe acceso directo al órgano de gobierno.

Una organización institucionalizada no pregunta únicamente si su auditor cumple técnicamente los requisitos para firmar un dictamen. Pregunta algo más relevante: si las condiciones económicas y profesionales de la relación permiten confiar razonablemente en que el auditor podría señalar un problema grave aun cuando hacerlo resulte incómodo para la administración o ponga en riesgo la continuidad del cliente.

Cuando la respuesta es afirmativa, la independencia deja de ser una declaración y se convierte en aquello que verdaderamente necesita el gobierno corporativo: una fuente externa de juicio profesional capaz de fortalecer la credibilidad de la información sobre la que accionistas y consejeros toman decisiones.