Corea del Sur busca el poder de desmembrar empresas
Corea del Sur propone facultar a la KFTC para ordenar desinversiones por cárteles y abuso de dominio, ampliando los remedios estructurales y reabriendo objeciones de proporcionalidad, propiedad y certeza jurídica.

Antecedentes
El 25 de agosto de 2026 se conoció que la Korea Fair Trade Commission (KFTC), autoridad de competencia de Corea del Sur, trabaja en un proyecto legislativo destinado a ampliar considerablemente su arsenal de remedios frente a cárteles y abusos de posición dominante. La propuesta permitiría ordenar a una empresa la venta de acciones o la transferencia de una línea de negocio cuando la autoridad considere que una infracción anticompetitiva exige una solución estructural.
El planteamiento representa una modificación importante del modelo coreano de enforcement. Bajo la Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA), la KFTC puede actualmente ordenar el cese de abusos de posición dominante, imponer determinadas medidas correctivas y aplicar multas; asimismo, las infracciones más graves pueden dar lugar a responsabilidad penal previa denuncia de la autoridad. El artículo 7 de la ley permite, frente al abuso de dominio, ordenar la reducción de precios, el cese de la práctica, la publicación de la decisión y otras medidas necesarias para corregir la infracción.
La legislación sí conoce desde hace tiempo los remedios estructurales. Sin embargo, su utilización más clara se encuentra en el control de concentraciones. El artículo 14 de la MRFTA faculta expresamente a la KFTC, frente a una combinación empresarial anticompetitiva, para ordenar la disposición total o parcial de acciones, la transferencia de negocios, la renuncia de administradores y otras medidas estructurales o conductuales.
Por ello, la verdadera novedad de 2026 debe formularse con precisión: no sería la primera vez que el derecho coreano contempla una orden de venta de activos o acciones, sino la introducción de esa herramienta como remedio ex post frente a cárteles o abuso de posición dominante, al margen de una fusión concreta.
Problemática jurídica
La propuesta plantea una cuestión delicada de proporcionalidad regulatoria.
Una multa castiga económicamente al infractor y una orden de cese pretende detener la conducta ilícita. Una desinversión, por el contrario, modifica de manera permanente la propia estructura de la empresa: puede obligarla a desprenderse de acciones, activos, unidades productivas, derechos contractuales, personal o líneas completas de negocio.
Por eso resulta impropio analizarla únicamente como una “multa más severa”. Jurídicamente, la cuestión central debería ser si una modificación estructural resulta necesaria y proporcional para eliminar el daño competitivo que no puede corregirse adecuadamente mediante remedios menos invasivos.
Esta distinción es especialmente relevante si la facultad termina aplicándose tanto a abusos de posición dominante como a cárteles. En el primer supuesto puede existir, al menos conceptualmente, una relación entre estructura de mercado y capacidad de exclusión. En un cártel, en cambio, la infracción deriva normalmente de un acuerdo entre empresas que deberían competir independientemente, por lo que justificar que una de ellas deba vender parte de su negocio podría requerir un razonamiento causal mucho más exigente.
El precedente de 2018
La discusión no es nueva.
En 2018, durante un proceso amplio de modernización de la legislación coreana de competencia, un grupo especial de expertos examinó expresamente la posibilidad de conferir a la KFTC facultades para imponer remedios estructurales, incluidas desinversiones, en casos de abuso de posición dominante.
El grupo no alcanzó consenso suficiente para recomendar su adopción. La propuesta quedó fuera de la reforma, mientras sí avanzaron otras modificaciones relacionadas con multas, procedimiento administrativo y aplicación del derecho de competencia.
Ocho años después, el regulador vuelve sobre el mismo terreno. De acuerdo con la información conocida el 25 de agosto, la iniciativa actual pretende abarcar no solo abusos de dominio, sino también cárteles. Los cuestionamientos que rodearon el debate anterior —proporcionalidad, protección de la propiedad, predictibilidad y criterios para decidir cuándo una conducta justifica modificar la estructura empresarial— continúan siendo relevantes.
Un matiz necesario sobre las facultades actuales
También conviene evitar una afirmación demasiado absoluta: la KFTC no utiliza la venta obligatoria de acciones exclusivamente dentro del control de fusiones.
La legislación sobre grandes grupos empresariales permite, por ejemplo, ordenar la disposición de participaciones en determinados supuestos de infracción de las reglas sobre participaciones cruzadas y estructuras societarias restringidas.
Lo novedoso del proyecto es distinto: convertir la desinversión en un remedio directamente disponible frente a las principales infracciones sustantivas del derecho antimonopolio, especialmente abuso de dominio y cartelización, aun cuando no exista una operación corporativa pendiente cuya estructura pueda condicionarse.
Esa diferencia aumenta notablemente el riesgo regulatorio para empresas establecidas.
¿Remedio o castigo?
La terminología tampoco es menor. Si una desinversión se presenta exclusivamente como “sanción”, existe el riesgo de confundir su finalidad.
Los remedios estructurales en derecho de competencia suelen justificarse porque restauran una estructura competitiva que ha sido dañada o porque evitan que una concentración produzca un deterioro futuro. La propia KFTC explica que, en fusiones, puede imponer desinversiones de subsidiarias o activos cuando sean necesarias para impedir efectos restrictivos de la competencia.
Trasladar ese razonamiento al enforcement posterior exige probar algo adicional: que la empresa, aun después de cesar la conducta y pagar la multa, conserva una estructura que permite reproducir o perpetuar el daño competitivo.
De aprobarse la reforma, uno de sus problemas centrales será precisamente establecer cuándo una desinversión corrige el mercado y cuándo simplemente incrementa el castigo.
Consecuencias prácticas y recomendaciones
Para grupos multinacionales con operaciones en Corea del Sur, la propuesta amplía el horizonte de riesgo más allá de las multas tradicionales.
Un expediente por abuso de posición dominante podría llegar a afectar no solo resultados financieros, sino también la composición del portafolio empresarial. En compañías digitales, conglomerados tecnológicos o grandes grupos industriales, una orden estructural podría significar separar una plataforma, transferir una línea comercial, reducir participaciones accionarias o desprenderse de activos considerados necesarios para restablecer competencia.
Las empresas deberían, por ello, seguir la futura redacción del proyecto en tres aspectos: los supuestos que habilitarían la desinversión; los estándares de necesidad y proporcionalidad; y las garantías procesales para impugnar la selección, valoración y transferencia de los activos afectados.
También resultará crucial determinar si la medida se reservará para infracciones graves o reincidentes, o si podrá utilizarse desde una primera determinación de responsabilidad.
Conclusiones
La iniciativa conocida el 25 de agosto de 2026 puede convertirse en una de las reformas más significativas del sistema coreano de competencia de los últimos años.
La KFTC ya dispone de multas, órdenes de cese, acciones penales y remedios estructurales dentro del control de concentraciones. Lo que pretende añadir es algo cualitativamente distinto: la capacidad de modificar una empresa que ya existe y opera, como respuesta a una infracción anticompetitiva previamente cometida.
Pero la propuesta sigue siendo, por ahora, una propuesta en elaboración. No existe todavía un texto legislativo definitivo ni una autorización vigente para ordenar este tipo de desinversiones en casos ordinarios de cartel o abuso de dominio.
El debate que Corea archivó en 2018 regresa así con una pregunta todavía abierta: cuando una multa y una orden de cese no bastan, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para reconstruir la competencia sin terminar rediseñando la empresa?
Fuentes consultadas —corte temporal: 25 de agosto de 2026
MLex. Jenny Lee, South Korea's antitrust chief wants breakup power, but old objections remain, 25 de agosto de 2026.
Korea Fair Trade Commission. Merger Review, régimen vigente de medidas correctivas estructurales y conductuales aplicables a concentraciones empresariales.
Korean Legislation Research Institute. Monopoly Regulation and Fair Trade Act, artículos 5, 7 y 14, texto vigente al 25 de agosto de 2026.
IFLR. KFTC Reforms and Modernization of Korea’s Competition Laws, análisis del proceso de reforma de 2018 y de la propuesta entonces examinada sobre remedios estructurales en casos de abuso de posición dominante.
Korea Fair Trade Commission. Large Business Group Regulations, medidas de disposición de acciones previstas para determinadas infracciones de las reglas de participaciones societarias.


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