Emilia Sofía Núñez Flores
Estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Pasante en el área fiscal de Rofa Abogados.

La Constitución Federal dicta, en su artículo 31, fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, los Estados, y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta disposición normativa establece los famosos principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria con el propósito de proveer un margen de restricción justo y congruente con la capacidad contributiva del gobernado.

Desafortunadamente, en muchas ocasiones, los impuestos municipales resultan violatorios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto sucede repetidamente con el impuesto predial, puesto que los municipios suelen establecer multiplicidad de tasas, sobretasas injustificadas o arbitrariedad en los criterios determinantes de la base gravable de sus contribuciones.

Aplicación de tasas diferenciadas

Por ejemplo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio Fiscal 2020, prevé tasas diferenciadas en el impuesto predial, favoreciendo a los predios edificados con una tarifa que asciende a la tasa máxima del 0.45 al millar, mientras que a los predios no edificados se les aplica una tasa del 0.80 al millar. El tratamiento diferenciado que contempla la Ley de Ingresos para el Municipio de Puerto Vallarta en su impuesto predial transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al no encontrar una justificación válida para el tratamiento desigual. 

Desde el año 2000, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que ese trato diferenciado es violatorio de la Carta Magna, como se muestra en la Tesis Aislada 1a.LIII/2000, de rubro “PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Ello también ha sido reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2007, a través de la Jurisprudencia 2a./J. 109/2007 de rubro “PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o. FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. De este modo, ambas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han puntualizado en que la aplicación de tasas diferenciadas, por el hecho de que el predio no esté edificado, no se encuentra objetiva y razonablemente justificado, puesto que se han creado categorías artificiales que imponen cargas extras de las obligaciones tributarias, sin un fin extrafiscal válido.

Aplicación de sobretasas

Otra costumbre inconstitucional en el impuesto predial, también violatoria del principio de equidad tributaria, se materializa con la aplicación de una sobretasa que incrementa el impuesto de los predios baldíos. La Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, determina aplicar a predios baldíos, por “razones extrafiscales,” una sobretasa del 100%, de manera que se duplica el impuesto en comparación con predios edificados.

A través de la Tesis Aislada P. LXXXIV/2000, de rubro “PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE INMUEBLES SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA”, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que sobretasas aplicadas a predios baldíos, como la que se encuentra vigente en el municipio de Guadalajara y otros municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara para el ejercicio de 2020, coloca a dichos contribuyentes en un plano de desigualdad frente a los propietarios de predios edificados. El mismo criterio se recogió por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la Tesis Aislada III.1o.A.52 A (10a.), de rubro “IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, AL ESTABLECER UNA SOBRETASA PARA SU PAGO TRATÁNDOSE DE PREDIOS BALDÍOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

Arbitrariedad en la determinación de la base gravable

Encontramos una última transgresión constitucional en la obscuridad de los parámetros establecidos en las tablas catastrales que inciden en la base gravable del impuesto. Por ejemplo, en las Tablas de Valores, Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, el criterio para clasificar los tipos de construcción, atendiendo a su calidad no se encuentra apropiadamente definido, de manera que la mecánica precisa para determinar de la calidad de las construcciones es incierta. Esto contraviene el principio de legalidad tributaria, pues la liquidación del adeudo predial permite un margen de arbitrariedad en la actuación de la autoridad para determinar la base gravable del impuesto, lo que ha sido sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 17/2012 (10a.) de rubro “PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.” Situaciones similares, a mayor o menor grado, acontecen en distintos municipios de todo el país.

Medios de defensa

Las prácticas inconstitucionales de los municipios se remontan décadas. Esas violaciones no se limitan al impuesto predial, sino que se hacen patentes en otras contribuciones, como el impuesto de transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles y diversos derechos por servicios. Ante estas irregularidades constitucionales, los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto pagado a través del ejercicio de los medios de defensa pertinentes, especialmente el juicio de amparo.

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