Pedro Solís Arrazola Contador Público egresado de la Universidad de Guadalajara, Doctor y Maestro en Impuestos por el Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente, asesor fiscal especializado y dueño de la firma «Solís y Asociados», además es presidente de la comisión nacional de Síndicos de la FNAMCP
Arturo Facundo Quintero Abogado por la Universidad de Guadalajara, donde cursó la Maestría en Derecho Corporativo. Diplomado en Defensa Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Maestro en Impuestos y Doctorado en Ciencia Jurídica por el Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente. Socio de la firma «FH & Asociados» arturo.facundo@fha.com.mx

Aunque en el entorno fiscal siempre se ubica al empresario y su patrimonio como centro de todos los actos de fiscalización y susceptible de sufrir mayores riesgos, hoy en día la adversidad fiscal puede alterar la tranquilidad de cualquier tipo de contribuyente, dada la sobre-regulación que existe en diversas ramas, pero en materia fiscal se suma un cumplimiento más, que es pasar el filtro de la unidad de inteligencia financiera (UIF).

¿Pero que es la UIF? Este organismo se constituyó en 2004; actualmente su titular es el Lic. Santiago Nieto Castillo.

¿Cuándo nace? Con el decreto del 7 de mayo de 2004, en relación con el artículo 15 del reglamento interior de la SHCP.

“Generalmente nos inclinamos más a creer lo malo que lo bueno, a exagerarlo sin visible causa.” 
Karl Von Clausewitz

La actividad de la UIF es recibir reportes de actividades vulnerables, analizar operaciones financieras, diseminar reportes y evidencia vinculada con el lavado de dinero, es por ello que los contribuyentes deben reflejar en relación con sus actividades y el pago de impuestos una conducta limpia y ética para que no se les confunda con ese tipo de actividades ilícitas y les conlleve a revisiones de auditoria, cancelación de sellos y lo más grave que es la cancelación de las cuentas bancarias, situación que reiteramos puede ocurrirle a cualquier contribuyente que no cuide los procesos y formas en su actividad cotidiana.                        

Respecto a su misión, si bien es cierto que es la de contribuir a la consecución de los fines dirigidos a prevenir el lavado de dinero, también ha orientado sus esfuerzos a perseguir a los contribuyentes que no mantengan vinculación entre su nivel de vida e ingresos obtenidos, o que sus operaciones u ejercicios contables como decimos coloquialmente: “si cuadren pero no chequen”, ya que como lo hemos advertido en semanas recientes sus actos pueden afectar desde contribuyentes promedio hasta a Magistrados tradicionalmente intocables.

Actualmente en el mundo existen 155 UIF, México pertenece al Grupo Egmont en el cual se creó un foro para que las unidades alrededor del mundo mejoren sus vínculos de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

Cabe destacar que en el mes de mayo del 2019 la UIF mexicana fue galardonada en Los Estados Unidos con el premio “FinCen” 2019 en la categoría de: “mejor investigación criminal significativa de carácter bilateral en materia de lavado de dinero por terceras personas.” El modelo de investigación que adoptó es el modelo administrativo y es el que sirve de enlace entre los sujetos obligados y las autoridades encargadas de aplicar la ley, en este caso el sujeto obligado es la institución bancaria quien a diario vigila nuestros movimientos y los envía a las autoridades encargadas de aplicar la ley Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fiscalía General de la República (FGR), etcétera. Por lo que podemos concluir que el sistema financiero, por presión o convicción, es el principal fiscalizador desde hace ya mucho tiempo.

Así pues la UIF busca cada día implementar medidas más sólidas en la lucha contra el lavado de dinero, por ello entonces solo mencionaremos algunos datos que se han dado a conocer recientemente desde diciembre de 2018 a junio de 2019 donde se encuentran:

  • Un total de 280 personas denunciadas que se componen de 130 personas físicas, 141 personas morales y 9 servidores públicos.
  • Del 1 de diciembre del 2018 al 31 de mayo de 2019: un total de 330 cuentas bancarias bloqueadas, con 671 terceros relacionados.
  • Actualmente de 2018, son 7 personas designadas y en 2019 se llegó a 67; dando un total de 74, todo esto por un monto total de dinero por $9,034’955,131.02 de pesos mexicanos, las personas en investigación actualmente suman más de 6,382.

Es una realidad que el crimen organizado y sus redes de corrupción en conjunto con las nuevas tecnologías van creando mejores técnicas para que estas operaciones de lavado no sean detectadas, para ello la UIF se suma a la constante capacitación y especialización por lo que podemos afirmar que la delincuencia organizada en delitos del orden financiero tiene un nuevo y serio competidor.

Aunado a lo anterior no es a título gratuito que el Estado mexicano vaya dotando de herramientas a sus diversas dependencias que ahora combaten objetivos comunes, como es la recientemente aprobada Ley Nacional de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 Constitucional, y cuya consecuencia para el particular puede ser “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes descritos por esta ley, declarada por sentencia judicial, sin contraprestación ni compensación para el propietario.” Lo anterior es una acción que deberá ser solicitada por el Ministerio Público pero que coincidentemente aplica en algunos de los delitos que trata de identificar la UIF (no necesariamente perseguir), entre otros: Delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, hechos de corrupción y contra la salud, y que además desde la Carta Magna es regulada como una acción de naturaleza y jurisdicción civil no así penal.

Por lo anterior estimamos que el grueso de los contribuyentes hoy en día debe tener una asesoría contable y fiscal altamente especializada, pero ello de la mano de un experto cuando menos en el ámbito legal corporativo y penal, para tratar de reconocer si alguna de las actividades o actos que realiza pudiese representar una contingencia acorde a la nueva normatividad y criterios de la autoridad en la  materia, y ¿por qué no? la implementación de un genuino “Compliance legal” de lo cual comentaremos en una siguiente participación en la Revista Consejero Empresarial.

Así que debe considerar dependiendo de la naturaleza de contribuyente y actividad cuando menos lo siguiente:

  • Tipo de patrimonio
  • Origen de sus ingresos
  • Cómo se paga a los socios y miembros del Consejo de Administración en el caso de personas morales
  • Monto y forma de pago de los seguros contratados
  • Seguro y beneficios del hombre clave de la empresa
  • Llevar la totalidad de libros y registros contenidos en la legislación mercantil
  • Operaciones bancarias que realiza y la identidad con su contabilidad

Algunas áreas de atención por parte de la UIF en éste año, que hemos percibido en la práctica y sin que en algunos casos representen una actividad prohibida son las descritas a continuación:

1.- Accionistas jóvenes 2.- Mismos accionistas en distintas personas morales 3.- Cobro de cheques endosados a terceras personas recurrentemente 4.- Empresas nuevas con elevados ingresos 5.- Empresas de servicios con altos volúmenes de facturación y en ocasiones con conceptos imprecisos 6.- Aumentos de capital reiteradamente 7.- Retiro inmediato de ingresos  recién depositados 8.- Utilización de parientes sin actividades para depositarle 9.- Empresas fachada 10.- Oficinas virtuales. 

Por tanto, es altamente factible que bajo estos parámetros un contribuyente de cualquier capacidad contributiva y poder adquisitivo puede entrar en conflicto con la ley por la forma de sus operaciones cotidianas, tanto el empresario que no puede acreditar el origen de los recursos que ha inyectado a la empresa, como el trabajador que para completar el gasto tiene otro empleo u oficio, imaginemos una persona que entre semana tiene un empleo y los fines de semana trabaja de mesero, así que los ingresos que obtiene los va depositando en la cuenta bancaria que tiene destinada al ahorro, o el aún común propietario de inmuebles que renta a familiares o arrendatarios de “confianza”, recibe las rentas mensuales en efectivo vía depósito bancario pero no está dado de alta ante el SAT y muchas veces sin contrato de arrendamiento, o el emprendedor digital que comercializa productos en las plataformas de e-commerce de manera constante y particularmente en aquéllas operaciones que aceptan el pago en tiendas de conveniencia con una contraseña simple que no permiten rastrear al depositante,  ingresos en todos los casos que por cualquier circunstancia la autoridad llegue a suponer devienen de un esquema u actividad ilícita.     

Por tanto, se requiere que los contribuyentes tomen conciencia del mar de riesgos en el estamos sumergidos, y de la importancia que readquiere el contar con contratos elaborados por un experto, de ser posible con fecha cierta ante notario o corredor público, o ante las sedes de justicia alternativa en las entidades que así es posible, el conservar la documentación contable, financiera, comercial y administrativa de nuestras operaciones por un largo tiempo, de dar de alta nuestras obligaciones y actividades fiscales en forma precisa ante la autoridad hacendaria, de expedir en tiempo y forma los comprobantes fiscales por los servicios y productos que enajenamos, entre muchas otras prevenciones dependiendo de la esencia de nuestra actividad.   

Así que contribuyentes: mucho ojo para que no se vean sorprendidos en éste cada vez más amplio y constante andar de la Unidad de Inteligencia Financiera que llegó para quedarse y empieza a sentirse confortable en el marco social y normativo vigente.

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