Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización
para Ejecutivos; Diplomado en Estudios Avanzados
en Derecho Administrativo por la
Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana, Instituto de Especialización para
Ejecutivos y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

El pasado 28 de septiembre de 2020 se presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa para crear la «Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa», esto con la intención de fomentar, y sobre todo dejar patente como obligación el debido cumplimiento de los comerciantes en el país.

La relación con nuestro país de norte, así como el hecho de pertenecer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), demanda que los empresarios mexicanos pregonen y practiquen las mejores prácticas corporativas, y en general el cumplimiento legal y normativo aplicable.  A continuación, les dejo los puntos más destacables en su contenido:

–  Sujetos obligados. De acuerdo con su artículo primero se establece que se encuentra dirigida a todas las empresas que operen en el territorio nacional, así como aquellas de nacionalidad mexicana que operen en el extranjero.

–  Objeto. La responsabilidad objetiva de la actividad comercial que se busca regular son en las siguientes materias:

o   Condiciones laborales

o   Igualdad y no discriminación

o   Vida digna

o   Cuidado en la relación con la sociedad

o   Protección de datos personales

o   Respecto a la intimidad y privacidad de la persona

o   Respeto al ambiente

o   Combate a la corrupción

o   Profesionalismo comercial mediante la protección de los consumidores

o   Transparencia

o   Cumplimiento legal y de normalización

o   Competencia

De acuerdo con su artículo 6 nos destaca que existirá responsabilidad empresarial por afectaciones a los derechos humanos, para lo cual los empresarios trabajarán en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

I. Cuando las actividades de la empresa provoquen una afectación directa

II. Cuando la empresa no evite afectaciones sabiendo que sus actividades podrían conllevar a una

III. Cuando las actividades de alguna entidad con la que una empresa mantenga relación comercial causen afectación y se vinculen directamente a las operaciones, productos o servicios de la empresa.

Su alcance de protección es extenso como se puede apreciar. En general, la Secretaría de Economía y las autoridades en materia regulatoria serían las encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley y de la normatividad aplicable.

A fin de cumplir con el objetivo de la ley, los empresarios estarían deberán implementar, revisar y actualizar periódicamente sus políticas de conducta empresarial responsable. Así, para dar cumplimiento a lo anterior, las empresas deberán crear una oficina especializada encargada de desarrollar, implementar y monitorear el cumplimiento de las políticas y medidas en materia de conducta empresarial responsable. Asimismo, deberá albergar una figura identificada bajo el rubro de ombudsperson organizacional, el cual fungirá como un interventor imparcial. Además, se debe contar con políticas y procedimientos que cumplan con lo siguiente:

–  Compromiso político corporativo de asumir la responsabilidad del respeto a los derechos humanos;

–  Institucionalizar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo se abordan sus impactos; y

–  Tener procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado.

Existirá responsabilidad empresarial de afectación a los derechos humanos en los siguientes supuestos:

–  Cuando sus actividades provoquen una afectación de manera directa;

–  Cuando las actividades de alguna entidad con la que una compañía mantenga relación comercial, es decir, que forme parte de su cadena de suministros, causen o estén causando una afectación y se vinculen directamente a las operaciones, productos o servicios de la propia empresa; y

–  Cuando sus actividades contribuyen o puedan llegar a contribuir indirectamente a cualquier afectación, no las hubiesen evitado.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas Empresas, que por insuficiencia presupuestaria a riesgos financieros no fuera viable la creación de una oficina especializada, podrán delegar dicha responsabilidad al personal del más alto nivel, o bien, podrán contratar servicios de asesores externos con probada experiencia y de conformidad con los lineamientos que la Secretaria de Economía emita para tal efecto, con el fin de garantizar la plena implementación de las disposiciones.

Cuando una empresa reportara que ha optado por delegar la responsabilidad de desarrollar, implementar, revisar y actualizar sus políticas de conducta empresarial responsable a personal del más alto nivel, ésta tendrá cinco años contados a partir de la inscripción ante la Secretaria, para desarrollar una oficina especializada e independiente, de lo contrario, se considerará una infracción leve.

Es probable que esta ley pase por el proceso legislativo y se publique, pues atiende a uno de los compromisos adquiridos por nuestro país tanto con la OCDE como en el T-MEC, relativo a adoptar programas de cumplimiento basados en mejores prácticas, de tal suerte que se convertiría en obligatoria, por lo que el actuar de toda empresa comenzaría a ser completamente distinto.

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