Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana
Twitter: @RCEmx

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la sentencia emitida la semana pasada, en la cual determinó sobre la inconstitucional de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervengan cuentas bancarias sin orden judicial, o mejor dicho, la intervención de un juez de Control. Aunque en ese momento se reservaron los efectos, esto es, quedaba pendiente determinar si su criterio, de haber declarado inconstitucional, debía tener efectos retroactivos o si este se aplicaría para actos futuros; por el tema de existencia de las más de 2,000 carpetas de investigación, mismas que están integradas con pruebas consistentes en estados de cuentas bancarios obtenidos bajo el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), precepto que fue el declarado como inconstitucional, hasta la semana pasada.

Lo anterior se determinón con siete a votos a favor y cuatro en contra, la SCJN dio entrada a las solicitudes de desistimiento por parte de la SHCP en inicio de semana, así como de dos agentes del Ministerio Público  adscritos a un Tribunal Unitario y un Colegiado, quienes impugnaron el amparo de un quejoso que reclamó la inconstitucionalidad el artículo 142, fracción I, de la LIC. A lo que precisó la Ministra Norma Lucía Piña señaló: “Ahora, en el caso concreto, es cierto que se discutió la inconstitucionalidad del artículo 142, pero la tesis es muy clara en el sentido de que procede mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, esa es la condición que establece jurisprudencialmente para que en un juicio de amparo no podamos tener por desistido a cualquier recurrente”.

Se trata de la primera vez que el pleno de la SCJN se retracta de un asunto discutido y votado, bajo el argumento de tener como fundamento la existencia de una contradicción de tesis que permite aceptar este tipo de recursos de desistimiento pese haber votado un asunto. En razón de lo expuesto, los Ministros determinaron que la medida de quedarse así provocaría que las investigaciones abiertas fueran afectadas, debido a sus efectos retroactivos en los procesos abiertos encontra de actos de lavado de dinero, corrupción, fraude, malversación de fondos y otros delitos financieros. Dentro de su sesión de ayer, advirtieron que invalidar el precepto pone en riesgo las investigaciones de la FGR, no sólo las de lavado de dinero y defraudación fiscal, sino también las relacionadas con delitos de delincuencia organizada, porque en automático a partir de que este criterio sea notificado o publicado, se van a convertir en pruebas ilícitas, y toda la información, todas las solicitudes de información bancaria, sobre las cuales se estén tramitando investigaciones.

Cabe resaltar que, el Ministro Zaldívar consideró importante tener en cuenta que la gravedad, asñi como el combate a los delitos y situaciones especiales no excusa el cumplimiento de la Constitución y los Derechos Humanos: “El combate a la delincuencia, al delito, debe de ser respetando la Constitución y los derechos humanos, porque si nos ponemos a anteponer la gravedad de las conductas para partir de ahí, ser más laxos en los requisitos constitucionales, me parece que no es un camino adecuado para un tribunal constitucional, ni para un sistema constitucional democrático y para un derecho penal mínimo…”, como comentario personal, de esta forma quedaría una inconstitucionalidad existente por intereses del Estado, lo que en un futuro vulnerará a cualquier ciudadano, pues se esta dejando una herramienta de investigación inconstitucional aplicable a todos los mexicanos, aquí el legislador debe inmediatamente actuar para que se frene por medio de una regulación legal.

Finalmente, recordemos que el pasado jueves 20, el Pleno inició el análisis del amparo directo en revisión 1762/2018, con el objetivo de desechar la impugnación al artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, ordenamiento que da facultades a la FGR para que solicite a las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la intervención a las cuentas de un particular, cuando existan indicios o elementos de sospecha en el movimiento de recursos financieros, lo que no se llegó a publicar la sentencia ejecutoria, por lo que se programó para el pasado lunes 24, pero se aplazó para este martes, y no fue hasta el día de ayer que se dio la  votación mencionada al inicio de la nota, con lo que se mantiene la validez del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito y procedente la facultad mencionada de FGR.

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