Adrián Alfonso Paredes Santana

Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
Twitter: @RCEmx

El pasado 27 de Noviembre, por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) puede tener acceso a información bancaria sin autorización judicial. Así, por el momento se declaró que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito no vulnera el derecho a la vida privada ni la protección de los datos personales, es importante considerar que al no existir la «declaratoria de constitucionalidad», los jueces y magistrados seguirán aplicando el criterio emitido hace un año por la Primera Sala, donde se resolvió la inconstitucional del artículo en mención respecto a las facultades de las procuradurías para acceder a la información bancaria, sin existir autorización judicial.

Durante la votación del proyecto del Ministro José Ramón Cossío, quien declaraba su inconstitucionalidad, los Ministros Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez, Margarita Luna, Jorge Pardo y Alberto Pérez, consideraron que ésta norma no vulnera el derecho a la vida privada ni la protección de los datos personales. ¡Claro que estamos en frente de una vulneración de derechos humanos! no puedo creer como la Suprema Corte considera que, cito textualmente: «… se puede ceder un poco cuando se trata de requerimientos de información por una autoridad federal con la finalidad de proteger otros bienes de alta importancia constitucional como es el combate a la defraudación fiscal, el lavado de dinero, terrorismo o delincuencia organizada. En este tipo de casos la medida no restringe los derechos humanos”, no es de mi agrado hacer comentarios así, pero de verdad no se trata de ceder sino conceder privilegios a la PGR, que nuevamente se justifica con el interés público, esto lamentablemente nos presentará muchos problemas por los posibles abusos de la autoridad.

Si bien es cierto se trata de una medida que busca fortalecer la función de la PGR en el combate a la delincuencia organizada, esto es, por tratarse de razones de seguridad nacional, esto no justifica que se le establezcan facultades excesivas, pues la historia nos ha enseñado que al final de todo, se aplica para cualquier asunto, así que por la justificación anterior es posible que se comentar atropellos en contra de ciudadanos sin ton ni son. Lo dicho en contrario por Ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Norma Piña y Fernando Franco, fue que para la obtención de información bancaria se requiere de control judicial debidamente fundado y motivado; no basta un análisis jurídico profundo para ver el sentido proteccionista contenido en éste argumento frente a la reciente postura, ni tampoco se justifica que debido a que el precedente de hace un año ha sido usado para absolver a figuras públicas, pues existe un régimen normativo para el ejercicio de facultades por parte de la PGR, quien puede trabajar en conjunto con otras autoridades para lograr una persecución de presuntos delincuentes dentro de un marco de legalidad, esto es lo que necesita México.

En conclusión, el tema está abierto por lo que pronto se emitirá un en definitiva, pues aunque éste reciente fallo por parte de Pleno de la SCNJ viene a cambiar de manera trascendental el precedente de hace un año, ambos criterios son tesis aisladas que mientras tanto se define los jueces y magistrados podrán aplicarlos, pues no son obligatorios.

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