María Teresa de la Concha Autrique
Corredora Pública Número 50 en el estado de Jalisco, Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Sede Guadalajara, donde también estudió la Maestría en Derecho de la Empresa y los posgrados en Derecho Corporativo y Económico, Contratación Civil y Mercantil, Procesal Civil y Mercantil y de las Sociedades Mercantiles, cuenta con una Especialización en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca, España.

En Derecho, responsabilidad es uno de los conceptos jurídicos fundamentales, el cual resulta complicado de explicar puesto que tiene una concepción abstracta que ha sido objeto de grandes controversias jurídicas, máxime que su significado no es exclusivo del discurso jurídico, si no que se extiende a la moral y a la religión.  Siendo que la sanción en uno y otro es diversa, en el Derecho, la sanción consiste en reparar el daño a quien lo ha sufrido, ya sea restituyéndolo en la situación que tenía anteriormente, o bien, compensándolo por el valor de lo perdido, donde lo importante es la sumisión al principio de legalidad, que implica que nadie puede ser sancionado por alguna conducta que no esté expresamente prohibida por las normas jurídicas y con una sanción diferente a la prevista por las normas jurídicas para esa conducta.

En las sociedades mercantiles, el órgano de administración es el motor de la actividad y la vida de la sociedad, pues no es posible que exista una sociedad sin quien o quienes la administren, pues al ser una persona jurídica, sólo puede actuar por medio de sus órganos, siendo entonces el de administración, un órgano necesario y permanente.

La actuación de los administradores es tanto hacia el interior como hacia el exterior de la sociedad,  de tal forma que “la regulación de los Administradores debe conciliar el interés de la sociedad por un lado, el de los accionistas por otro, y el de los terceros que se relacionan con la sociedad”, la cual puede ser:

  1. a) Para con la sociedad, que da lugar a una acción social, o lo que es decir, una responsabilidad contractual, admitiendo con su reserva la teoría de que la sociedad es un contrato de organización complejo.
  2. b) Para con los socios, que da lugar a una acción “individual” (responsabilidad extracontractual). En España la doctrina ha discutido si efectivamente en el caso de los socios o accionistas esa responsabilidad es contractual o extracontractual.
  3. c) Para con terceros, que da lugar a una acción “individual” (responsabilidad extracontractual).

Responsabilidades que parte de la doctrina sostiene, pueden o no derivar de una solo actuación, en cambio, para la jurisprudencia mexicana, pareciera que esto no es posible,  pues se dice que si hay un daño a la sociedad (daño directo), el daño a los accionistas casi siempre será indirecto, lo cual no necesariamente es así.

Lo presupuesto para entablar acción social de responsabilidad, de acuerdo a Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) contra los administradores son:

  • Exista una acción u omisión dañosa de los administradores, o lo que es decir, un acto de irresponsabilidad (sea voluntario o involuntario).
  • El daño sea por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, que se resumen en dos grandes rubros: el deber de diligencia y el deber de lealtad, (art. 157 LGSM). La Ley de Sociedades de Capital Española en su art. 236.1 añade que dicha responsabilidad existirá cuando haya intervenido dolo o culpa, así como que bajo presunción iuris tantum, la culpabilidad, si el acto es contrario a la ley o a los estatutos sociales.

Esa responsabilidad deriva de las funciones propias del órgano, cuando éstas no han sido cumplidas , la cual es personal, pues se exige a quien o quienes conforman el órgano más que al órgano mismo.

Ha sido reconocido por la doctrina, que el órgano de administración debe ser autónomo, pero también es cierto que debe ejecutar los acuerdos de las asambleas; la pregunta sería: ¿qué pasa cuando esos acuerdos son contrarios a la ley o los estatutos y resultan lesivos para la sociedad ya que la LGSM es omisa? Rodríguez Rodríguez sostiene que no se les puede exigir responsabilidad alguna, lo cual está implícito en la fracción IV del artículo 158 de la LGSM, que se refiere al exacto cumplimiento de los acuerdos de asamblea; en cambio, Frisch Phillip considera que cuando los acuerdos sean contrarios a la ley, es decir, nulos, estos no pueden ni deben ser cumplidos por los administradores, pues incurrirían en responsabilidad, incluso, estima que deberían impugnar esas resoluciones ilegales, pues finalmente, sería falta de diligencia en su actuación.

Tratándose de Consejo, la LGSM, establece en el art. 159, que el administrador inconforme con la resolución”ilegal” tomada por los demás, debe manifestar su inconformidad en la deliberación y resolución (art. 159 LGSM), sin embargo, dicha inconformidad, al igual que en LSC, debe ser comprobable, es decir, no bastaría para excluirse de responsabilidad, manifestar que se estuvo en desacuerdo con la resolución, si no que dicha inconformidad conste en el acta que se levante de la sesión de consejo. En México tampoco bastaría para excluirse de la responsabilidad el no haber asistido a la sesión de consejo, porque una obligación que tienen los consejeros como administradores que son, es asistir a tales sesiones. 

Es importante mencionar que la LGSM, por cuanto a la representación se refiere, no siempre los miembros del consejo de administración deben actuar colegiadamente, como se establece en el inciso d) del art. 233 de la Ley de Sociedades de Capital Española, cuando de representación se trata, en la fracc. IX del art. 9 de la LGSM, se refiere a que en el acta constitutiva, además del nombramiento de los administradores, se hará la designación de los que han de llevar la firma social (representación), lo que significa que no todos los administradores en México tienen facultades de representación, si no que pudiera ser que estas solo recaigan en alguno o algunos,  mas si nada se estableciera, como ya se dijo, todos tendrían esas facultades de forma colegiada. 

Existe otro supuesto: la LGSM (art. 160), donde se establece la responsabilidad solidaria de los administradores, que es cuando no denuncien por escrito las irregularidades cometidas por los  que les precedieron en el cargo, puesto que un buen administrador, al recibir una administración de otro, debe verificar el estado que la misma guarda, siendo que en la LSC no se observa disposición semejante.

  • Que el daño producido recaiga sobre la sociedad, es decir, sea sufrido por esta.
  • Que exista una relación de causalidad entre esa acción u omisión ilícita y el daño producido a la sociedad.

Es decir, que puede exigirse responsabilidad al órgano de administración cuando exista un comportamiento activo o pasivo desarrollado por este y que el mismo sea antijurídico por violar la ley, los estatutos, o bien, no se ajuste al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y un representante leal; que la sociedad sufra un daño y que exista una relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño.

Además del supuesto genérico de responsabilidad, que se contempla en los artículos 157 y 158 de la LGSM, se señalan como supuestos específicos de responsabilidad, como son, la realidad de las aportaciones, cumplimiento de requisitos del pago de dividendos, existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley y exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. Sin embargo, dichos supuestos no son los únicos casos a los que se limita la responsabilidad de los administradores (ya hacia la propia sociedad o bien hacia los terceros) en la LGSM, ya que en otros artículos dentro de la propia LGSM encontramos otros supuestos, en los que también se imputa responsabilidad a los administradores como son, entre otras:

a) Se trate de sociedades irregulares (art. 2° quinto párrafo LGSM).

b) Emisión de acciones por debajo de su valor nominal, (art. 115 LGSM).

c) No efectúen el cobro de las exhibiciones de las acciones suscritas y no liberadas. (arts. 118 a 121 LGSM).

d) Falta de presentación oportuna de la información financiera (172 a 177 LGSM).

e) Si inician nuevas operaciones una vez disuelta la sociedad (art. 233 LGSM).

La responsabilidad de los administradores en algunos casos es solidaria, en otros no, y en otros casos se extiende hasta la que corresponda a gestiones anteriores por la falta oportuna de la denuncia de irregularidades.

En México, la LGSM solo se ocupa de la acción social, es decir, no contempla una acción individual por parte de los accionistas.

La acción social de responsabilidad es de carácter indemnizatorio, busca reintegrar el daño ocurrido al patrimonio social y su titularidad corresponde a la sociedad (art. 161 LGSM), pero la ley permite de forma subsidiaria que los socios la ejerciten, y en algunos casos, los acreedores (art 19 LGSM).  Con independencia de quien la ejercite, el beneficio obtenido será para la sociedad, pues el patrimonio que sufrió el daño es el social, no el particular, tomando en cuenta que cuando el administrador sea socio  no podría votar  (art.197 LGSM). Es importante señalar que si la asamblea acuerda el ejercicio de la acción de responsabilidad no podría ejercitarse acción de oposición judicial, porque de permitirlo la minoría se convertiría en la fuerza dominante (art. 201 LGSM).

Un accionista o accionistas minoritarios con un 25% de capital, podrán ejercitar la acción, siempre que se comprenda el total de responsabilidades, pues se trata de una acción social, no de una acción individual, donde lo que importa es el interés social.  No se dice el administrador cese en sus funciones cuando la acción social sea ejercitada por los minoritarios, lo que sí ocurre cuando lo decide la asamblea, de tal forma, que cuando la acción es ejercitada por los minoritarios, quizá sería conveniente considerar una reversión de la carga de la prueba por cuanto el administrador sigue dentro de la sociedad, máxime en tratándose del único administrador, puesto que este tendría el control de la información y documentos que pudieran probar su supuesta responsabilidad. 

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