Eduardo Campos Gámez Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Guadalajara y actualmente, cursando la Maestría en Derecho con especialización en la rama Constitucional y Administrativo en la Universidad de Guadalajara. Asociado en el área de litigio de la firma Degalcorp.

Un Estado de Excepción es aquel mecanismo a través de los cuales se altera la situación de normalidad y regularidad de ciertos derechos y libertades de los gobernados, debido a razones extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger otro bien mayor.

En nuestro país, a dicha institución se le puede asimilar a una suspensión de garantías, la cual se encuentra regulado en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  del cual se desprenden los supuestos en los que el Presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente podrán suspender o restringir en el país o determinado lugar los derechos y garantías tutelados en nuestro país.

Para ello, se precisa en tal numeral que los derechos fundamentales que no podrá restringirse o suspenderse son aquellos que tutelen la no discriminación, reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, protección a la familia, nombre, nacionalidad, derechos de niñez, derechos políticos, libertad de pensamiento, conciencia y creencia religiosa, alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

En efecto, dichos supuestos están relacionados a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, de los cuales coinciden con el contenido del artículo 27 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de rubro “Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación”, mecanismo internacional del cual México es parte.

En ese sentido, la suspensión de garantías constituye una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosas.

Ahora bien, atendiendo a que México a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 adoptó un nuevo control de convencionalidad, es que se deben respetar, por lo menos, en caso de suspender garantías, los siguientes requisitos internacionales:

  1. El principio de legalidad como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes y explicar los fundamentos y razones por las cuales es que se toma tal medida.
  2. Proclamación como aquel acto solemne por parte de la autoridad, en este caso, Presidente de la República con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, mediante el cual permite al gobernado tener certeza del momento en que se está realizando la suspensión de garantías, mismo que se deberá de plasmar en un documento oficial y de alcance a todo el público.
  3. Notificación al resto de los países que sean miembros a los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados con México.
  4. Temporalidad con relación a que la suspensión o restricción de derechos únicamente debe abarcar un tiempo determinado, por lo que bajo ninguna razón la autoridad puede actuar de manera indefinida.
  5. Amenaza Excepcional la cual tiene relación directa con el principio de legalidad con relación a la obligación que tiene el Estado de justificar los motivos y razones de la suspensión de garantías y en su caso, limitar el estado geográfico y derechos que se restringirán o suspenderán.
  6. Medida proporcional a partir de un análisis efectuado por el Estado, mediante el cual se establezcan los argumentos de la decisión de suspender garantías y el señalar el porqué es necesaria tal medida, haciendo una relación de causa y efecto.
  7. Evitar actos de discriminación a nivel general, pues si bien es cierto que se pueden restringir o suspender ciertos derechos, estos deben ser generales y nunca dirigidos a un grupo o persona en específico.
  8. La suspensión o restricción debe ser compatible, concordante y completa con el derecho internacional, tomando en consideración las opiniones consultivas y recomendaciones realizadas por las autoridades internacionales.

Una vez expuesto lo anterior y tomando en consideración el último requisito mencionado, nuestro país, en un hipotético caso de suspender o restringir derechos, debe de tomar en consideración, por lo menos, las opiniones consultivas 8/87 y 9/97, en donde se resolvió que el recurso de habeas corpus (similar al amparo) y los siguientes derechos no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia y las cuales se enlistan a continuación, precisando que estos, además de encontrarse regulados en nuestra Constitución, también se encuentran regulados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, dichos derechos son los siguientes:

  • Derecho a la vida
  • Derecho a la personalidad jurídica
  • Derecho a la integridad
  • Derecho a la no esclavitud o servidumbre
  • Principio de legalidad y no irretroactividad
  • Derecho a conciencia y religión
  • Derecho a un nombre
  • Derecho a la protección de la familia
  • Derecho a la nacionalidad
  • Derechos políticos
  • Derechos de los niños
  • Garantías judiciales de protección como sería el juicio de amparo, toda vez que éste medio de defensa extraordinario permite cuestionar la constitucionalidad y convencionalidad de la declaratoria de un Estado de Excepción.

Por tanto, en caso de que una autoridad busque limitar ciertos derechos, con base a una suspensión de garantías, es que debe respetar ciertos requisitos tanto nacionales como internacionales, pues si bien es cierto, ésta medida tiene como finalidad atender situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de una sociedad democrática, también es cierto, que se debe limitar el actuar de la autoridad a efecto de evitar posibles abusos que no están objetivamente justificados con los tratados internacionales que México ha adoptado, entre ellos, el Pacto de San José.

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