Daniel Alejandro Magaña Urbina
Licenciado en contaduría y maestro fiscal,
doctorante en ciencias en
negocios internacionales,
Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) Instituto de Investigaciones
Económicas y Empresariales
Doctorante en Ciencias
en Negocios Internacionales
Twitter: @DanMTax

Pese a los avances en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, aún existen ocasiones en las cuales, se realizan actos de fiscalización que comúnmente se desarrollan a través de requerimientos de obligaciones omitidas después de haber obtenido una sentencia favorable al respecto. De esto, surgen algunos escenarios o variantes a considerar por parte del contribuyente y sus consejeros. El litigio se representa a través de la manifestación de un proceso por medio del cual, se inicia, se desarrolla y se pone fin a un juicio, donde en esta última etapa, se emitirá una sentencia relacionada con el objeto de una controversia.

Cabe mencionar que, en ocasiones, los actos administrativos y de fiscalización, se realizan de tal manera que, el gobernado o contribuyente, de manera forzosa tiene qué hacer valer sus derechos a través de los distintos medios de defensa garantizados por nuestra Carta Magna y, por las leyes o códigos para obtener una justicia efectiva, pronta y expedita.

Estos actos anteriormente mencionados, son susceptibles de ser impugnados ya sea a través de los recursos administrativos ante la propia autoridad, de la demanda a través de los tribunales competentes (que en este caso sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) y/o del correspondiente juicio de amparo cuya demanda es promovida ante el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, cuando se trata de la vía contenciosa, existen ocasiones en las cuales, las autoridades realizan actos de fiscalización que comúnmente se desarrollan a través de requerimientos de obligaciones omitidas (ROO) DESPUÉS DE HABER OBTENIDO UNA SENTENCIA FAVORABLE ANTE EL TFJA.

Requerimiento con Mandamiento de Ejecución
Un ROO resulta ser, en teoría, algo sencillo de atender, por lo que, una situación adversa se podría presentar cuando el ROO viene acompañado de un mandamiento de ejecución por no haber pagado dentro del término contemplado en las leyes un crédito fiscal, el cual incluso podría ser una simple multa, ya sea en la resolución correspondiente o cuando el citado crédito fiscal es exigible. Es decir, se tiene un término contemplado para interponer el recurso de revocación o de revisión (depende de la autoridad que haya impuesto la multa) o, 30 días para iniciar el Juicio Contencioso Administrativo ante el TFJA a través de la demanda de nulidad, término que tendrá que respetarse para que el presunto infractor haga valer los medios de defensa a que tiene derecho.

En dicho mandamiento de ejecución, se encontrará establecido que el contribuyente tendrá que señalar bienes suficientes para pagar el monto de las contribuciones omitidas. En caso contrario, si el crédito no es procedente, el gobernado podrá solventar el requerimiento a través del escrito libre que se presentará por medio de una aclaración ante la autoridad, conforme al formato 128/CFF establecido en el ANEXO 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Dicha aclaración, tendrá que ser realizada dentro del plazo de 6 días conforme a lo que establece el artículo 33-A del CFF:

“Artículo 33-A.- Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto en las citadas reglas.

Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares”.

De igual manera, cabe señalar que, conforme al artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, el presunto infractor se podrá remitir a lo establecido en el Anexo 1-A de la RMF para 2018, a fin de realizar la aclaración correspondiente sobre el crédito fiscal improcedente dentro de un término de 15 días mediante el formato 128/CFF, y ya saben, días que serán contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación, lo cual se puede constatar en lo establecido por este último formato, el cual establece lo siguiente:

128/CFF Aclaración de requerimientos de obligaciones omitidas
¿Quiénes lo presentan?

Personas físicas y morales.

¿Dónde se presenta?

En el Portal del SAT.

¿Qué documento se obtiene?

Acuse de recibo de aclaración.

¿Cuándo se presenta?

Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del requerimiento o carta invitación emitidos por el SAT.

Requisitos:

Adjuntar en archivo digitalizado de la documentación que compruebe la improcedencia del requerimiento (declaración, aviso o documentación), así como copia del requerimiento.

Condiciones.

Contar con Contraseña o e.firma.

Información adicional.

En caso de que la autoridad requiera documentación adicional, se te enviará un reporte de información pendiente y tendrás un plazo de diez días para integrarla correctamente.

Si no envías la documentación en los plazos señalados, la aclaración se tendrá por no presentada.

Disposiciones jurídicas aplicables

Arts. 33-A CFF, 46 Reglamento del CFF.

Esta sería una aclaración que se tendría que presentar en el portal del SAT, en la sección de Aclaraciones y dando “click” en el vínculo de “solicitud”, por lo que, habiendo seleccionado el tipo de aclaración, más aparte, agregado la descripción y los archivos a adjuntar en una carpeta en formato .zip, se emitirá después del envío un “Acuse de recepción”.

Como un breve “paréntesis”, cabe señalar que, en ocasiones la página puede desplegar un mensaje con la leyenda “Bad Gateway!…”, “Error Reading from remote server”, etcétera. Por lo tanto, regresaremos a la época donde “golpeábamos la TV” y se estabilizaba la imagen, es decir, simplemente habrá que actualizar la página dos o tres veces para que aparezca el acuse de recepción.

Requerimiento sin Mandamiento de Ejecución
Otro supuesto sería en el cual, se recibe un requerimiento por incumplimiento de presentación de declaraciones, avisos o documentos, en el cual, se tendrá que cumplir con la presentación de lo omitido dentro del término de 15 días conforme a la fracción I del artículo 41 del CFF (por citar un ejemplo), el cual establece lo siguiente:

“Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción…”

Último Supuesto: No Pagué la Multa y Tengo Una Sentencia Favorable del TFJA
Al momento de que el contribuyente se encuentra atendiendo la diligencia de pago y embargo realizada por el ejecutor facultado para ello, el contribuyente, en caso de tener una sentencia favorable del TFJA, tendrá que presentarla para que se justifique dicho impago. Aunque, hago énfasis en el hecho de que, no deberían de llegar requerimientos después de haber obtenido una sentencia favorable.

De igual manera, el ejecutor procederá a realizar lo establecido en el artículo 46 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, como sigue:

“Artículo 46.- Para los efectos del artículo 33-A del Código, las Autoridades Fiscales cancelarán los requerimientos que hayan formulado a los contribuyentes o retenedores, así como las multas que se hubiesen impuesto con motivo de supuestas omisiones, siempre que los interesados exhiban los avisos o declaraciones presuntamente omitidos, presentados con anterioridad a la fecha de notificación del requerimiento o de la multa impuesta.

Si el documento a que se refiere el párrafo anterior se exhibe en el momento de la diligencia de notificación del requerimiento o de la multa impuesta, el notificador ejecutor suspenderá la diligencia, tomará nota circunstanciada de dicho documento y dará cuenta de la solicitud de cancelación al titular de la oficina requirente, quien resolverá sobre la cancelación del requerimiento o, en su caso, de la multa. Si el documento exhibido no fuere idóneo para acreditar la presentación del aviso o declaración de que se trate, se repetirá la diligencia”.

En teoría, simplemente, se debería de suspender la diligencia, tomar nota circunstanciada y NO DEJAR NINGÚN REQUERIMIENTO. Sin embargo, en un caso hipotético en el que se entregase al particular el requerimiento (previa exhibición de la documentación comprobatoria), no debería de proceder a realizar el embargo.

¡Recibí de todas maneras el requerimiento!
Ante estos casos, el particular tendrá ciertas opciones:

  • Atender el requerimiento, realizando su aclaración, como ya se mencionó antes.
  • Interponer el recurso de revocación.
  • Promover una demanda de amparo indirecto (si el requerimiento fue recibido dentro de los 4 meses posteriores a la sentencia favorable).
  • El recurso de queja ante el TFJA (si el requerimiento fue posterior 4 meses después de emitida la sentencia favorable).

Se hace énfasis en el anterior término de los 4 meses, porque la garantía de la efectiva tutela jurisdiccional, tiene un límite, el cual establece ese último plazo para el acatamiento de las sentencias del Tribunal y, esto es por una jurisprudencia que establece lo siguiente:

Época: Novena Época
Registro: 164578
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Mayo de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 63/2010
Página: 834

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN LA QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARÓ LA NULIDAD PARA DETERMINADOS EFECTOS, DENTRO DEL PLAZO DE 4 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa funciona bajo un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, al tener asignadas funciones de tribunal de mera anulación y de plena jurisdicción, de forma que atiende tanto al control del acto de autoridad y a la tutela del derecho objetivo, como a la protección de los derechos subjetivos del particular, destacadamente de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, si conforme al artículo 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (numeral 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005), el referido Tribunal emite una sentencia definitiva en la que declara la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, entonces la autoridad fiscalizadora debe emitir la resolución respectiva en el plazo máximo de 4 meses. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la resolución impugnada tuvo su origen en el ejercicio de las facultades que el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación confiere a la autoridad fiscalizadora, no menos lo es que se está frente a un supuesto distinto, es decir, de cumplimiento de una sentencia en el que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, lo que es un presupuesto necesario del hecho operativo de la norma establecida en el invocado artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes 239 del Código Fiscal de la Federación). Esto es, el hecho de que el juicio de nulidad hubiere iniciado por la impugnación de un crédito fiscal derivado de un procedimiento de fiscalización no implica que el plazo para el cumplimiento de una sentencia se rija por el referido artículo 50 del Código que regula la facultad determinativa de la autoridad fiscalizadora, cuando dicho plazo fue establecido por el legislador para una situación jurídica distinta de la del cumplimiento de una sentencia, sino que debe aplicarse, precisamente, el plazo previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (239 del Código), que establece específicamente el plazo para el cumplimiento de una sentencia, el cual debe observarse de acuerdo con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

Sin embargo, esto puede ser distinto cuando la autoridad ya sea conocedora de la resolución favorable para el particular por parte del TFJA. No está por demás también, estimado lector, recordarte que, los actos de las autoridades deben de estar correctamente fundamentados, por lo cual, te invito a leer mi artículo sobre La Correcta Fundamentación de los Actos de las Autoridades Fiscales y Administrativas. De igual manera, la nulidad tiene diversos efectos, por lo que, te invito a leer mi artículo sobre La Nulidad de un Acto de Fiscalización VS Actos Administrativos Diversos.

“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”.
-Immanuel Kant-

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