Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara; Maestro en Impuestos; Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Administrativo por la
Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

De conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su objetivo es proteger el sistema financiero estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por esto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está facultada para requerir y recabar ya sea directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, la información, documentación, datos e imágenes relacionadas con el alta y registro de las personas que realicen Actividades Vulnerables, entre lo que ocupan a esta adición a las reglas de carácter general, las personas que operan sus plataformas con activos virtuales.

Las personas que llevan a cabo la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XVI del artículo 17 de la LFPIORPI como proveedores de servicios de activos virtuales, es importante que no sólo se cuente con la información que se debe proporcionar electrónicamente para su alta y registro como Actividad Vulnerable ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino que también es necesario que cuente con información y documentación adicional que permita identificar que los proveedores de dichos servicios no están relacionados con sujetos que realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, bien sea porque tengan participación accionaria o societaria, laboren para él o se beneficien de los servicios del proveedor.

Para lo anterior, en su artículo 10-bis se señala que, quienes realicen está actividad vulnerable, previo al envío de la información a que se refiere el artículo 4 de las presentes reglas, deberán entregar de manera física al SAT la siguiente documentación:

I. Tratándose de personas morales:

  1. Copia certificada del acta constitutiva y, en su caso, las modificaciones de sus estatutos sociales.
  2. Original del comprobante de domicilio y, en su caso, de cada uno de los establecimientos donde se llevarán a cabo sus actividades.
  3. Listado con información de las personas físicas y morales que directa o indirectamente mantengan o pretendan mantener una participación en el capital social, en el que se deberá incluir: nombre completo o razón social, nacionalidad, domicilio, y el CURP y RFC; así como el monto en acciones y su equivalente en pesos del capital social que cada una de ellas suscriba.
  4. Nombre comercial y páginas electrónicas.
  5. Datos de identificación del representante legal o apoderado.

II. Tratándose de personas físicas, deberán presentar el o los comprobantes de domicilio, así como el nombre comercial y páginas electrónicas dónde opera. También, copia de su identificación oficial, su CURP, y su inscripción en el RFC.

De acuerdo con el artículo 10 Quáter, una vez recibida la documentación, el SAT informará por escrito si recibió en su totalidad la misma, con el fin de que proceda a realizar su alta y registro; y en caso de modificaciones o cambios en la información y documentación, deberán enviarla de forma física debidamente actualizada dentro de los seis días hábiles siguientes a que se presente la situación o hecho que motive la actualización de la información.

Además, de mejorar el cumplimiento de lo anterior, también lo general, con esta modificación se establece como obligación de la profesionalización de las personas involucradas en el cumplimiento de la ley, incluyendo no sólo a las personas físicas que llevan a cabo las Actividades Vulnerables, sino también aquellas que han aceptado su designación como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones a cargo de una persona moral derivadas de la Ley; para lo cual se llevará al cabo la primera convocatoria, y dichas certificaciones tendrán una vigencia de cinco años.

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