José Carlos Delgado Monrroy Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara; y Socio de la firma «Degalcorp»
José Carlos Delgado Monrroy Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara; y Socio de la firma «Degalcorp»

Se publica en Diario Oficial de la Federación se pública la reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto tomando en consideración que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos, al mismo tiempo que consagra el principio de no discriminación por cuestiones de género. Adicionalmente, la existente igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestro país, tanto públicos como privados. Debido a una cuestión histórica, que ha avanzado en diferentes áreas estratégicas del país, la diferencia entre el hombre y la mujer aun es palpable, no existe plena facticidad normativa, pues la igualdad dispuesta en nuestra Carta Magna no es sustantiva en múltiples realidades de la sociedad mexicana.

Una de las medidas para garantizar la igualdad son las medidas correctivas para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, de forma que sea posible eliminar la discriminación, remediar la pasada y prevenir la futura, para generar un ambiente de oportunidades para competir por cualquier puesto de ejercicio del poder. Además, considerando que el artículo 15 Octavus de La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación indica que el establecimiento de porcentajes y cuotas son acciones afirmativas que buscan favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y sobre presentados en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular.

Entre las diferencias más destacadas se encuentran los porcentaje de niveles de escolaridad se encuentran aun rezagadas. Pero en lo que ocupa a la presente reforma el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo y con responsabilidades directivas es bajo y su presencia en los puestos intermedios de las grandes corporaciones del país es una respecto a cuatro hombres. Con esta reforma se plantea establecer que el consejo directivo de cada institución de banca de desarrollo en el país se integre de forma paritaria, de acuerdo a texto publicado en su artículo 40:

La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo, cuyos consejeros independientes deberán integrarse de forma paritaria, y a una dirección general, en los términos de sus propias leyes orgánicas.

Para alcanzar la paridad en los consejos directivos, en tanto  no se alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo miembro de consejo directivo, se deberá elegir a una persona del género que tiene menor representación, de acuerdo con su artículo segundo transitorio:

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las instituciones de banca de desarrollo deberán dar cumplimiento a la integración paritaria de sus consejeros independientes de manera progresiva. De forma que, en tanto no se alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo miembro de consejo directivo, se deberá elegir a una persona del género que tiene menor representación.

Las cuotas tienen un rápido impacto por su implementación al ser una acción que logra, en cierta medida, mayor equidad de género por decreto. Sin embargo, su progreso puede llegar a sufrir una desaceleración al alcanzar su techo pronto, por lo que esta acción requiere de medidas adicionales para avanzar en el empoderamiento pleno de la mujer, por lo que, también se plantea una adición al artículo 44 Bis 4 de la citada ley, a fin de facilitar el acceso de las mujeres a programas de capacitación y servicios financieros:

Las instituciones de banca de desarrollo, los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, deberán procurar y priorizar, dentro de los recursos destinados a la oferta de productos y servicios financieros, programas y proyectos que atiendan las necesidades específicas de las mujeres en materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección.

Así se comenzará revertir la falta de acceso a crédito no sólo repercute en la capacidad de las mujeres para hacer frente a contingencias personales, sino además inhibe el emprendimiento, constituye un obstáculo para la formalización y regularización de sus actividades económicas y además se erige como uno de los mayores impedimentos para hacer crecer sus empresas.

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