En diciembre pasado el Pleno del Senado aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para añadir nuevos a los susceptibles a ser cubiertos con la prisión preventiva oficiosa. Pasando a su colegisladora, en sesión del 19 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con mayoría calificada, el proyecto de decreto de reforma constitucional se componía de aumentar al catálogo de delitos merecedores dicha medida cautelar:

  • Uso de programas sociales con fines electorales.
  • Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
  • Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Una vez aprobado, se pasó a las legislaturas de las entidades legislativas a fin de que sea analizado y, posteriormente, aprobado. Así, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, del día de hoy, el decreto que entrará en vigor a partir de mañana.

Una vez promulgada y publicada reforma, el Congreso de la Unión en un lapso de 90 días deberá realizar las adecuaciones necesarias en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos relativos para incluir los nuevos delitos mencionados. La entrada en vigor tratándose de los delitos en materia de corrupción mencionados entrarán a su vez en vigor a partir del nombramiento que realice el Fiscal General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Asimismo, contados cinco años después de la entrada en vigor de la reforma, se deberá evaluar la eficacia de dicha medida cautelar para determinar la continuidad de su aplicación, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

  • Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso;
  • Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;
  • Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas;
  • Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización;
  • Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y
  • Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente.

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