Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Postulante en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Director de la firma Sánchez Soto y Asociados Consultores Jurídicos, S.C.
gsanchezsoto@ yahoo.com

Esta reflexión la oriento a comentar los tópicos que estimo son de más relevancia en función de las consecuencias que producirán en la esfera jurídica del contribuyente en el supuesto de que sean aprobados tal y como los propone el Ejecutivo Federal dentro del llamado paquete económico que presentó el pasado ocho de septiembre de dos mil veinte, haciendo énfasis en la ilegalidad o inconstitucionalidad que se desprenden de su instrumentación en el ámbito fáctico.

1. CLÁUSULA GENERAL ANTIELUSIÓN. En primer término destaca la modificación al artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), precepto normativo recientemente adicionado y con iniciativa de vigencia a partir del inicio del ejercicio fiscal de 2020. En este sentido, se pretende que la aplicación del concepto de razón de negocio y beneficio económico razonablemente esperado a los actos efectuados por un contribuyente, independientemente de los efectos que cause en materia fiscal, también puedan incidir en el ámbito penal y configurar un componente en la eventual determinación de la responsabilidad por la comisión de un delito por parte del contribuyente fiscalizado. Esta situación llama mi atención pues carece de justificación y fundamento jurídico.

En efecto, el concepto de razón de negocio es un término que no se encuentra definido legalmente, es decir, ninguna ley regula su significado y sí bien existen algunas tesis jurisdiccionales que lo abordan, estas no abonan a conceptualizar su significado jurídico fiscal[2] La misma situación se presenta frente al término beneficio económico razonablemente esperado, lo cual deja en absoluto estado de indefensión e incertidumbre jurídica al gobernado, aspecto que incluso impacta al derecho penal al no poder incluirse en un tipo penal conceptos legales de corte administrativo e indefinido.

  Adicionalmente, desde la perspectiva del suscrito, no debe de olvidarse que el artículo 5-A del CFF regula una clausula antiabuso o antielusión, es decir, una clausula dirigida a sancionar el abuso del derecho y por consecuencia se está en presencia de la regulación de un procedimiento que se aplica respecto de actos jurídicos lícitos y reales que eventualmente son susceptibles de reclasificación por mandato legal mas no como producto de una actuación dolosa y antijurídica que involucre per sé la comisión de un delito, en este contexto, el efecto real de la reforma planteada es que se intimide al contribuyente que actúa conforme a derecho, por ejemplo, mediante la utilización de la economía de opción en su beneficio, con la eventual apertura de un proceso penal en su contra, lo cual, desde cualquier perspectiva, no es jurídico.

Aunque anteriormente a la propuesta de reforma que ahora se estudia se escindía diáfanamente la materia penal y fiscal en materia de aplicación de la cláusula antielusión, ahora tal diferenciación pretende eliminarse. En conclusión, la instrumentación del concepto razón de negocio y beneficio económico razonablemente esperado en materia fiscal puede tener, en términos de la iniciativa que se comenta, una incidencia legal en el ámbito penal a criterio de la autoridad hacendaria, sin embargo, quedará a juicio de la función jurisdiccional calificar su juridicidad e incluso constitucionalidad.

2. BUZÓN TRIBUTARIO. En el artículo 13 del CFF se regula que el horario que ordena la práctica de las actuaciones que se efectúan por medio de buzón tributario es en de la Zona Centro México a fin de que se otorgue certeza y uniformidad a la actuación de la autoridad hacendaria, desde luego, en beneficio del contribuyente. Se comenta esta propuesta de reforma porque la utilización del buzón tributario como instrumento de comunicación entre la autoridad fiscal y el particular se torna único y no potestativo al gobernado, siendo que éste último difícilmente podrá recurrir las notificaciones que la autoridad hacendaria aduzca efectuó por ese medio y en caso de que lo realice, deberá de efectuarlo haciendo descansar mayoritariamente su pretensión en el ofrecimiento y desahogo de una prueba pericial en sistemas, lo cual complica considerablemente su defensa.

3. NUEVO SUPUESTO DE ENAJENACIÓN. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 14-B del CFF creándose un nuevo supuesto de enajenación por mandato y ficción de la ley, mismo que se actualiza cuando con motivo de la escisión de una sociedad se dé lugar a la creación de conceptos, partidas o cualquier otro término que se otorgue, que no existían antes de la escisión y que aparezcan en cualquiera de las cuentas de capital contable del estado de posición financiera aprobado en la asamblea general que acordó la escisión, ya sea en la contabilidad de las sociedades escindidas o escindentes.

4. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES. Mediante adición de dos fracciones al artículo 17-H del CFF marcadas como XI y XII, se agregan como causales de suspensión de efectos de sellos digitales, en franco reforzamiento a la pauta procesal regulada en el artículo 69-B y 69-B BIS del CFF, el hecho de que un contribuyente emisor de comprobantes fiscales (EFO) no desvirtué la presunción de inexistencia de operaciones que se le imputa en el plazo legal y el hecho de que un contribuyente no desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por ende, se integre al listado a que se refiere el noveno párrafo del artículo 69-B BIS del Código Federal Tributario.

Complementariamente, la fracción IX del artículo 17-H del CFF se reforma para ampliar el plazo de resolución que la autoridad impositiva tiene para resolver el procedimiento de aclaración de suspensión de efectos de un certificado de sello digital que promueve un contribuyente, extendiéndose de tres a diez días.

Finalmente, mediante reforma al segundo párrafo del artículo 17-H BIS  del CFF, se establece un término de cuarenta días hábiles para iniciar el procedimiento de aclaración en respuesta a la restricción temporal de uso de certificado de sello digital  para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet que la autoridad hacendaria endereza a un contribuyente. Esto, desde luego viene a rellenar la omisión de regulación correcta del procedimiento de aclaración en comento, toda vez que la falta de término para su promoción otorgaba al contribuyente la posibilidad de incoarlo en cualquier momento mientras no operase una figura jurídica extintiva de su derecho. Asimismo, expresamente se establece que transcurrido este plazo la autoridad adquiere la facultad de dejar sin efectos el certificado de sello digital de que se trate, es decir, precluye el derecho del particular para defenderse en contra del procedimiento en trato.

5. CONSULTA DEL BUZÓN TRIBUTARIO. Mediante reforma al artículo 17K fracción I y no obstante los reiterados alegatos de inconstitucionalidad que se han esgrimido en contra de esta reforma, la propuesta del Ejecutivo insiste en otorgar potestad a la autoridad hacendaria para ordenar la consulta del buzón tributario a un particular en un plazo de tres días a partir del envío de un correo electrónico o del contacto que se establezca vía instrumentación de un número de teléfono celular y así concretar la notificación y causación de efectos jurídicos de cualquier acto o resolución administrativa que se haga saber al contribuyente. Esto desde luego atenta con los derechos humanos del gobernado, esencialmente, en materia de seguridad jurídica del gobernado. En este tenor la utilización del teléfono celular implica acceder a la prestación de un servicio que realiza un tercero –léase compañía prestadora del servicio de comunicación celular- que no garantiza la absoluta certeza de que el mensaje enviado sea recibido por el particular y por ende se le puedan otorgar consecuencias jurídicas a la notificación que en el mismo se avisa. El punto medular desde mi óptica es que como gobernados nos hemos sometido a la práctica de notificaciones por la vía cibernética sin contar con la certeza total de la eficacia de su realización.

6. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN QUE SE TIENE POR NO PRESENTADA. Se adiciona un párrafo al artículo 22 del CFF para efecto de que se tenga por no presentada una solicitud de devolución de saldos a favor efectuada por un contribuyente cuando el propio contribuyente o su domicilio se tengan por no localizados. En este tesitura y siendo de todos conocida la arbitrariedad e ilegalidad que impera en el actuar de las autoridades fiscales para concluir que un domicilio no es localizable, se agregan efectos jurídicos muy perniciosos a esta conclusión, en virtud de que el tener por no presentada una solicitud de devolución no interrumpe el término para que prescriba el derecho para formular la solicitud de devolución y por ende, en perjuicio del particular, sigue corriendo el cómputo de dicho plazo, situación que a todas luces es inaceptable en mérito a que la petición efectuada se debe de tener como la realización de una gestión de cobro y en consecuencia interrumpirse el plazo para que se consume la prescripción del derecho a solicitar la devolución de que se trate. En este sentido, se considera que el tener por no presentada la solicitud de devolución encarna una actuación que no cumple con los requisitos necesarios para que la autoridad fiscal determine la procedencia de la devolución de un saldo a favor y por consecuencia no materializa una gestión de cobro que interrumpa el término para que se consume la prescripción. En este sentido, debemos de estar muy atentos a la eventual emisión de un acto de autoridad que tenga por no localizado a un contribuyente o a su domicilio cuando se presenta una solicitud de devolución de saldos a favor y proceder a recurrirla de inmediato cuando la misma sea contraria a derecho.

7. FACULTADES DE  COMPROBACIÓN EN MATERIA DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN. Entratándose del artículo 22 y 22-D del CFF y la comprobación de cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de un contribuyente que solicita varias devoluciones, aun cuando se encuentren referidas a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, se le podrá iniciar un procedimiento de revisión por cada solicitud de devolución que efectúe y resolverse todas en una sola determinación o revisarse todas en un solo procedimiento. El plazo para concluir estas revisiones se mantiene en noventa días y se establece el término de veinte días para notificar al contribuyente su resolución debiendo efectuar la devolución que en su caso resulte procedente en un término de diez días a partir de la notificación de la resolución de la revisión, si la autoridad fiscal excede de este plazo deberá de pagar intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A del CFF. En conclusión, se establecen reglas para la práctica de estas auditorías veloces que se efectúan con motivo del planteamiento de una solicitud de devolucion de saldos a favor.

8. AUTODETERMINACIÓN Y PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES. Mediante modificación al artículo 33 fracción I inciso i) del CFF se propone una reforma que introduce en nuestro sistema tributario el concepto de “parámetros de referencia” en materia de impuesto sobre la renta y con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen.

En este sentido, voces desde mi punto de vista alarmistas llegan a considerar sin fundamento que con motivo de esta potestad la autoridad tributaria se asume como la única entidad que determinará el impuesto a cargo de un contribuyente, desde luego en materia de impuesto sobre la renta. Esto es falso. El texto de la reforma que se estudia deja claro que los parámetros de referencia que se hacen del conocimiento del pagador de impuestos no son vinculantes y, por ende, no lo obligan coercitivamente al particular, razon por la cual estimar que el Fisco asume el papel de ente que en exclusiva efectuará el cálculo y cuantificación de la obligación fiscal es mentira.

Adicionalmente, en el artículo 33 fracción IV inciso a) se pretende investir al Fisco Federal de la facultad de presentar al gobernado propuestas de pago o declaraciones pre llenadas, rubro que desde la óptica del suscrito tampoco otorga al ente Hacendario facultades omnímodas para cobrar contribuciones, el texto legal es claro en el sentido de que son propuestas de declaraciones de pago no determinaciones definitivas firmes de un crédito fiscal, razón por la cual no es válido intimidar al ciudadano diciendo que la autoridad impositiva me indicará la cantidad a pagar por concepto de la contribución de que se trate.

La propuesta de declaración de pago si bien no es vinculante para el gobernado, dada su propia naturaleza de sugerencia, en realidad encarna la determinación en pesos y centavos de un crédito fiscal a cargo de un contribuyente.

Es criterio del suscrito que el aspecto que en verdad resulta cuestionable y criticable, radica en el hecho de que las dos potestades otorgadas en el citado artículo 33 del CFF se efectúan al amparo de constituir manifestaciones de las facultades de gestión de las autoridades fiscales, es decir, potestades que se materializan, como la jurisprudencia[3] lo ha consignado, en efectuar acciones autoritarias de asistencia, control o vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de un contribuyente y, por ende, por mandato legal no son recurribles mediante algún medio de defensa ya sea en sede administrativa o jurisdiccional. Esto no se puede admitir porque existen casos específicos en los cuales esas facultades de gestión encarnan verdaderos actos de autoridad que constriñen al cumplimiento de obligaciones concretas al gobernado y en consecuencia se hace necesario que sean sometidos al control jurisdiccional, por ejemplo, la propuesta de declaración de pago si bien no es vinculante para el gobernado, dada su propia naturaleza de sugerencia, en realidad encarna la determinación en pesos y centavos de un crédito fiscal a cargo de un contribuyente. Caso similar se presenta tratándose de la aplicación de un parámetro de referencia en materia de impuesto sobre la renta, acción a virtud de la cual la autoridad fiscal consigna un criterio de cálculo de un impuesto que no necesariamente comparte el contribuyente y por ende, como toda situación jurídica controvertida debe de ser sometida al control jurisdiccional. Es por lo expuesto que considero que es imperante revisar la imposibilidad de recurrir actos de autoridad que se efectúan al amparo de las llamadas facultades de gestión.

9. ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO. En términos de los artículos 40 y 40-A del CFF, el aseguramiento precautorio como medida de apremio que se traba en bienes de un contribuyente o responsable solidario, con motivo de esta reforma se podrá también ejecutar sobre bienes de “terceros relacionados con ellos”, es decir, se puede a asegurar a terceras personas sin definirse quienes ostentan esta calidad. La incertidumbre jurídica que se desprende esta regulación es inminente y desde luego con motivo de su aplicación irrestricta solo se dará paso al aseguramiento de bienes de personas ajenas a la relación jurídico tributaria y por ende a embargos de cosas ajenas. La interposición de juicios de amparo para defenderse de estos aseguramientos se tornará necesaria a fin de levantar aseguramientos efectuados en el patrimonio de personas que no se encuentran vinculadas a la deuda tributaria del contribuyente de que se trate con la aparejada aparición de excesos en el proceder autoritario y de la necesidad de recurrir a de por si saturado Poder Judicial de la Federación a fin de dirimir controversias que se podrían evitar mediante la confecciona de una regulación correcta y precisa y no indeterminada como en el presente caso acontece. ¿Quién es el tercero relacionado? Puede adquirir ilegalmente tal calidad el empleado, familiar, dependiente o cualquier persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente casualmente, lo cual desde luego jurídicamente no lo hace sujeto de obligaciones frente al Fisco y mucho menos objeto de la traba de un aseguramiento. En este caso la indeterminación jurídica es incuestionable y se presenta en directo perjuicio a los derechos del gobernado.

No escapa a la atención del suscrito que se establece en la propuesta de reforma en comento que la autoridad ejecutora se encuentra obligada a precisar las razones por las que practica el aseguramiento en bienes de un tercero relacionado, describiendo tal justificación en un acta circunstanciada, sin embargo, al no existir una connotación jurídica de quien es un tercero relacionado, tal mandato se torna estéril y carente de eficacia jurídica toda vez que en la práctica sabemos que el ente hacendario, primero asegurará y después justificara, en estricto apego a su código no escrito pero sí practicado, consistente en afectar primero y justificar después. Esto como lo comenté hace un momento solo saturará más de juicios al Poder Judicial con los correspondientes perjuicios al particular que siempre habrá tenido la razón pero deberá de recurrir al Tribunal competente para que se le reconozca su derecho y se levante el aseguramiento que se le trabó sin sentido ni fundamento jurídico en calidad de supuesto “tercero relacionado”. Es imperativo definir quién es jurídicamente para efectos de la traba de un aseguramiento precautorio un tercero relacionado.

Regulará en caso de ser aprobada que en el marco de la práctica de una visita domiciliaria, se faculte a la autoridad fiscal para utilizar “herramientas tecnológicas para recabar imágenes

La reforma propuesta al artículo 45 del CFF regulará en caso de ser aprobada que en el marco de la práctica de una visita domiciliaria, se faculte a la autoridad fiscal para utilizar “herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este Código”

En este contexto no hay mucho que decir, esta propuesta de reforma resulta abiertamente inconstitucional al contravenir lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna, precepto normativo que establece como excepción al principio de inviolabilidad del domicilio de un gobernado el que la autoridad administrativa –léase fiscal- pueda practicar visitas domiciliarias únicamente para, entre otras dos hipótesis, exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en observancia de las leyes aplicables y las formalidades prescritas para los cateos, potestad dentro de la cual bajo ninguna premisa se autoriza el recabar imágenes o material de naturaleza incierta a través de herramientas tecnológicas tampoco definidas. En este sentido, ya se han pronunciado nuestro Tribunales mediante la confección del siguiente precedente aislado  que marca una clara pauta de pensamiento al respecto y orienta la decisión judicial que en su momento deberá de tomarse al controvertirse el otorgamiento y ejecución de las facultades que aquí se comentan:

Época: Décima Época Registro: 2012226 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: XVI.2o.A.4 A (10a.) Página: 2832

VISITA DOMICILIARIA. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD TOME FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR DEL INMUEBLE RESPECTIVO SIN FUNDAR Y MOTIVAR ESA ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA REVISIÓN, NI PRECISAR EL MANEJO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE ESOS DATOS, REPRESENTA UN MENOSCABO Y UN DETERIORO EN LOS DERECHOS DE INVIOLABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS. Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la tutela de la inviolabilidad e intimidad del domicilio exige que las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el desarrollo de una visita domiciliaria, se ciñan a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, debida fundamentación y motivación, por lo que no es dable algún tipo de ambigüedad o margen de discrecionalidad; de ahí que únicamente en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, se autoriza a la autoridad administrativa introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección de los datos de las personas, frente a los actos de autoridad, lo que de suyo engloba la obligación de fundar y motivar el objeto por el cual se autoriza una injerencia en el domicilio de las personas, qué datos pueden ser recopilados en una visita de inspección, incluidos aquellos recabados por medios electrónicos, por lo que tratándose de archivos que contienen datos personales incorrectos u obtenidos en contravención de las disposiciones legales, debe reconocerse el derecho de toda persona a pedir su rectificación o eliminación, máxime que el estándar en la limitación de esas prerrogativas, por ser de carácter excepcional, así como del más estricto rigor, lleva implícita la carga de la autoridad de probar, además de la existencia de fundamentos y motivos en los cuales sea susceptible justificar su actuación, también que las medidas asumidas en el acto de molestia sean objetivas y razonables. Por tanto, como la salvaguarda de esos derechos fundamentales también comprende aquellos documentos, espacios e información que les son inherentes y que, por ende, deben permanecer ajenos al conocimiento, vista e injerencia de terceros, entonces, el hecho de que la autoridad tome fotografías del interior del inmueble visitado sin fundar y motivar esa actuación en relación con el objeto de la revisión, ni precisar el manejo y la confidencialidad de esos datos, representa un menoscabo y un deterioro en dichos derechos del particular, de naturaleza continuada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández Torres. Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

(El énfasis es nuestro)

En síntesis la posibilidad de utilizar medios electrónicos para toma de fotografías, vídeos, etc. deberá de provenir de una orden DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, requisito sine qua non para su procedencia y que la autoridad impositiva indefectiblemente debe puntualmente observar.

10. REGLAS PARA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA. El artículo 44 del CFF se modifica con la adición de un último párrafo que establece que en el marco de las reglas para la práctica de una visita domiciliaria, en el supuesto de que el contribuyente visitado o con quien se entienda la práctica de la diligencia de comprobación o los testigos que intervienen en la misma se nieguen a firmar el acta que corresponda o a recibir la copia de la misma, tal acontecer se hará constar en el texto del acta respectiva sin que tal eventualidad afecte la validez o valor probatorio de la diligencia. En este sentido el comentario consiste en señalar que partiendo de la base de que las actuaciones de las autoridades se presumen legales salvo prueba en contrario, esta precisión ya venía reconociéndose en todos los procedimientos de comprobación que se efectuaban, causando la problemática de que la autoridad abusa de esa prerrogativa y mediante ella hace nugatorio el derecho del contribuyente a realizar por su parte manifestaciones que estima relevantes dentro del proceso de comprobación y que deben también de consignarse en el texto del acta que se levanta al efecto.


[2] R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 44. Marzo 2020. p. 268. RAZÓN DE NEGOCIOS. LA AUTORIDAD PUEDE CONSIDERAR SU AUSENCIA COMO UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA LLEVEN A DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA OPERACIÓN, CASO EN EL CUAL, LA CARGA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA OPERACIÓN, CORRE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.

[3] Época: Décima Época Registro: 2021743 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de marzo de 2020 10:09 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 22/2020 (10a.) FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN. Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B (este último vigente hasta el 31 de diciembre de 2019) del Código Fiscal de la Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Contradicción de tesis 222/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Tercer Circuito y Séptimo del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 30 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García.

Amparo directo en revisión 3550/2018. Tractopartes El Surtidor, S.A. de C.V. 19 de junio de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votó con reservas Eduardo Medina Mora I. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: José Omar Hernández Salgado.

Amparo en revisión 595/2019. Servicios Convaluisset, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votaron con reservas José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek, quien manifestó que formularía voto concurrente. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Luis Enrique García de la Mora.

Tesis de jurisprudencia 22/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 222/2017, está publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo II, octubre de 2017, página 896, con número de registro digital: 27411.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 10 de marzo de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

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