Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de
Especialización para Ejecutivos; Diplomado
en Estudios Avanzados y Doctorando en
Derecho Administrativo por la Universidad
San Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana.

Para comenzar debemos considerar que es el «delito de defraudación fiscal», de conformidad con el primer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (CFF): «es el uso de engaños o el aprovechamiento de errores, cuando dichas conductas se realizan para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución o con el fin de obtener un beneficio indebido, con perjuicio del fisco federal», lo que podemos resumir de forma general como «engañar para obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal», además serán calificados –se aumenta la pena en una mitad- cuando sea por:

  1. Usar documentos falsos.
  2. Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.
  3. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.
  4. No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.
  5. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.
  6. Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.
  7. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
  8. Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

– Énfasis añadido

Siguiendo, tenemos conductas que la ley equipara (lat. aequiparare=comparar) con el delito principal, la defraudación fiscal. Al efecto dispone el artículo 109 del CFF: «Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, a quien: (…)». En la fracción I del anterior artículo se tipifica a la discrepancia fiscal como delito de la siguiente manera: «Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta». Comparando con el concepto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es cuando los gastos o erogaciones en un año calendario sean superiores a los ingresos declarados por el contribuyente, el alcance es apreciable como una condición de excedencia en las erogaciones efectuadas por una persona física en un ejercicio fiscal, la cual tiene como consecuencia la determinación de una causación presunta de ingresos acumulables para la determinación de la base imponible del gravamen sino llega a desvirtuarse, así como sus consecuencias como son actualización, recargos y multas. Ahora, por el lado penal, encontramos que se encuentra tipificada esta conducta como delito fiscal equiparado. Entonces, llegamos a las conductas que sin ser técnicamente una defraudación fiscal, de inicio se sancionan penalmente.

Asimilar la discrepancia a la defraudación equiparada es todo un tema, pues la intencionalidad es la gran diferencia. En la defraudación fiscal como lo describe el legislador es necesaria la intencionalidad en engañar, mientras que en la discrepancia, como sucede en la mayoría de la ocasiones, ni siquiera se sabe que se está cometiendo, recordemos que México tiene un sistema tributario muy complejo. Además, existe la gran posibilidad que por el simple olvido del envío de información sobre haber obtenidos préstamos, donativos o premios, que en lo individual o en su conjunte, supere la cantidad de $600,000.00 se recalifiquen por el derecho fiscal como ingresos acumulables. Esto conforme a los párrafos segundo y tercero del artículo 90, y el quinto del 91, ambos de la ley del ISR:

«(…)
Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00.

Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan
(…)».

«(…)
Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX de este Título tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta Ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán, además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I de este Título.
(…)».
– Énfasis añadido

En mi particular punto de vista es lamentable que una conducta meramente informativa sea castigada con el mismo rigor punitivo de una conducta dolosa. Si es deplorable esta recalificación por sanción legal por un simple incumplimiento de informar, imaginemos por un momento, que esa conducta como lo es el omitir una obligación secundaria conduzca a ser sancionado a un contribuyente penalmente. Tal y como lo cita el Maestro Ramiro Aguirre Aguirre[1]: «lo más preocupante es que la autoridad fiscal podrá formular a discreción la querella en contra de aquellos a quienes les siga el procedimiento de discrepancia fiscal y activar los mecanismos administrativos y judiciales hasta procesarlos como probables responsables de un delito grave».

Por otra parte, me preocupa que con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, puedan llamar a la persona física a demostrar el origen de los recursos y al no poder demostrar los mismos, se le pueda determinar la comisión del delito de lavado de dinero, adicionalmente.

Por lo anterior, la asimilación de la discrepancia fiscal a la defraudación equiparada es, a todas luces, una aberración y atentado contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, más aun hoy, cuando la autoridad cuenta con toda esa información. Una política fiscal objetiva bajo el nuevo sistema tributario digital debería eliminarla, o cuando menos, el fisco no ejercerla. Al contrario, debería proporcionar las «declaraciones pre-llenadas», como actualmente están contempladas en las Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal. Tomemos en cuenta que desde el punto de vista técnico son conductas distantes una de otra respecto a la culpabilidad, no se puede tratar de forma igual, pues se agrede al principio de la justicia.

En conclusión, estamos ante un problema jurídico, pues cualquiera que descuide el control de sus erogaciones o gastos respecto a los ingresos gravables que declare, puede caer en el supuesto de la discrepancia fiscal, y más grave, cuando por simplemente no informar sobre la obtención de préstamos y donativos, que en lo individual o en su conjunte, supere la cantidad de $600,000.00. Por eso, la política fiscal respecto a la discrepancia fiscal debe quedarse como un mero procedimiento de recaudación o fiscalización, respetando el derecho al debido proceso, obviamente. En cualquier país civilizado, las reformas al derecho punitivo se hacen en el marco de la constitución y con la finalidad de acabar con conductas «repudiadas» socialmente, que se deje de utilizar la potestad de castigar para fines distintos a los de la política criminal.

  1. https://coem.mx/el-delito-de-la-discrepancia-fiscal/
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