Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
Twitter: @RCEmx

Durante las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el día 31 de diciembre de 1998, se adicionó el artículo 70-A en el Código Fiscal de la Federación (CFF), presentando un novedoso beneficio económico para los contribuyentes infractores, consistente en una reducción del monto de la multa y una menor tasa de recargos, en inicios fue considerada como una misión imposible, o cuando menos, contaba con un alto grado de dificultad para su obtención y cumplimiento de sus requisitos, situación que la actuación de las autoridades fiscales han modificado concediendo este derecho.

Estamos ante una figura que no se trata de una especie de condonación de multas como la contenida en el artículo 74 del mismo Código; lo primordial es que, no estamos ante una simple facultad discrecional, sino ante una facultad discrecional reglada con el imperioso mandato que una vez que se cumplan con los lineamientos, la autoridad debe autorizar tal beneficio. Los adeudos deben ser sobre créditos fiscales firmes o consentidos, es decir, que no se hubiera interpuesto medios de defensa dentro de los plazos legales. Otro distintivo característico es que no cualquier contribuyente puede acceder, sino sólo aquellos que se hubiera estado bajo las facultades de comprobación y le hubiesen determinado hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de contribuciones propias, esto es, que no correspondan a las retenidas, recaudadas o trasladadas;  y lo más importante, como lo mencionamos, es que se cumpla con los siguientes requisitos:

I. Haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales.

II. Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al 10%, respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales.

III. En el caso de que esté obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado u opte por hacerlo, en los términos de los artículos 32-A y 52 de este Código, no se hubieran observado omisiones respecto al cumplimiento de sus obligaciones, o habiéndose hecho éstas, las mismas hubieran sido corregidas por el contribuyente.

IV. Haber cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren hecho las autoridades fiscales en los tres últimos ejercicios fiscales.

V. No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se refiere el artículo 75 de este Código al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa.

VI. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o haber sido condenado por delitos fiscales.

VII. No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.

Las fracciones enumeradas son fáciles de comprobar de una manera sencilla y fácil, manifestándolas bajo protesta de decir verdad mediante un escrito libre enviado por buzón tributario. Una vez que la autoridad se cerciore de lo manifestado por el promovente, dentro de los veinte días siguientes a la solicitud,  emitirá una resolución donde se reduzca el monto de las multas por infracción a las disposiciones fiscales en un 100% y aplicarán a los recargos con la fórmula correspondiente a las prórrogas, de conformidad con la Ley de Ingresos, se condicionará a que se pague el total del adeudo dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se haya notificado. Como se puede apreciar de la lectura del texto, no es de facultad discrecional simple el fisco se encuentra vinculado por la disposición a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, por lo tanto, debe concluirse que la autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas, criterio obtenido de la tesis aislada identificada con el rubro: FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS[1]. Es competencia de las Administraciones Desconcentradas de Recaudación dependientes de la Administración General de Recaudación, atender las solicitudes de reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos por prórroga, que presenten los contribuyentes; así mismo las Direcciones de Hacienda de las entidades federativas en su carácter de autoridades fiscales federales coordinadas.

La solicitud de se presentará mediante escrito libre, debiendo contener los requisitos previstos en los artículos 18 y 19 del CFF, en los siguientes términos:

  • Es como resultado de una resolución de un ejercicio de facultades de comprobación, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 70-A del CFF, en relación con la regla 2.17.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), señalando el número de oficio y fecha de emisión de la resolución a través de la cual se impuso la multa por la que se solicitan los beneficios y así como la fecha de su notificación.
  • Si es derivado de una compensación improcedente, sin que le haya ejercido facultades de comprobación, deberá cumplir con los requisitos previstos en términos de lo dispuesto en la regla 2.17.4 .de la RMF.

Cuando no se cumpla todos los requisitos formales previstos en los artículos 18 y 19 del CFF, no se adjunte la documentación necesaria, o bien, se considere relevante para la autoridad la presentación de datos, informes u otros documentos a fin de verificar lo declarado bajo protesta de decir verdad por parte del contribuyente, se podrá requerirlos dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, otorgándose un plazo de quince días para su cumplimiento, apercibiendo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, no procederá la reducción. El hecho de no atender el referido requerimiento,  no será impedimento ni le precluye ningún derecho para que cuando lo considere conveniente, presente una nueva solicitud.

Ahora, conforme a lo anterior se observa una gran oportunidad respecto a los adeudos propios, excluyendo textualmente a los demás tipos. La característica de que no se refiera a multas y recargos derivados de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladada, se ha superado por la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2018 de vigencia extendida temporalmente en 2019, la cual en su regla 2.17.3 se amplía a las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, sólo nos modifica algunos aspectos del artículo 70-A del CFF, respecto a la fracción IV, deberán contar con los documentos que comprueben el haber dado cumplimiento a los requerimientos de las autoridades fiscales en los últimos tres ejercicios fiscales a la fecha en que fue determinada la sanción, entendiéndose por dichos requerimientos a la presentación de cualquier aviso, declaración y demás información que establezcan las disposiciones fiscales, así como nos amplía el término de tres años, dejando en claro que no se tomará en cuenta para ese cómputo el ejercicio o período revisado, por lo que para el cumplimiento de los requisitos se tomará el ejercicio o ejercicios inmediatos anteriores hasta sumar tres ejercicios.

Los beneficios a que se refiere no procederán tratándose de solicitudes que presenten contribuyentes a los que la autoridad fiscal haya ejercido sus facultades de comprobación en más de una ocasión, en los cinco ejercicios inmediatos anteriores a aquel en que presenten su solicitud y siempre que existan diferencias por créditos fiscales exigibles superiores a los porcentajes establecidos en la fracción II del citado precepto. Estas extensiones a los límites del Código no contraviene el principio de reserva de ley, bajo el razonamiento de que concede un beneficio mayor al de la Ley.

Lo anterior, a diferencia de la condonación de multas que derivan de una conducta ilícita que únicamente conlleva el incumplimiento de una obligación tributaria de carácter formal, la cual no estará sujeta a requisito alguno y, por lo tanto, el otorgamiento de este beneficio constituye una facultad discrecional de la propia autoridad fiscal.

No sobra comentar que mediante la regla 2.17.4, se extienden beneficios similares a los contribuyentes a quienes sin haber ejercido facultades de comprobación, se les haya determinado improcedente alguna compensación. No dejemos a contribuyentes como deudores por largo tiempo, aprovechemos estas reducciones para convertir esos créditos difíciles de pagar en accesibles y así dejan en orden su situación fiscal.


[1] 184888. XIV.2o.44 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Febrero de 2003, Pág. 1063

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