Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara; Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización
para Ejecutivos; Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana, Instituto de Especialización para Ejecutivos y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

A partir del Jueves pasado, El 3 de octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributarias a través de notificación de buzón tributario envió de manera masiva una serie de «cartas invitación» dirigidas a cientos de particulares para que aclaren su situación jurídica relacionada con las denominadas «actividades vulnerables» previstas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), desde quienes tienen inscrito dentro del sus actividades la construcción de bienes inmuebles hasta contadores y auditores, estos últimos fueron los que de forma colegiada marcaron su postura de recomendación ante tales actos.

Es importante que, sin importar el objeto social o la actividad principal registrada dentro del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tenemos que tener puntualizar que lo que regula el referido numeral es la prestación de servicios profesiones como actividad vulnerable bajo determinados supuestos, de conformidad con la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI, siendo los siguientes:

  1. Participar en la compraventa de inmuebles o cesión de derechos sobre estos;
  2. Administración y manejo de recursos, valores u otros activos de sus clientes;
  3. Manejo de las cuentas bancarias, de ahorro o valores de terceros;
  4. Organización de las aportaciones de capital para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles;
  5. Llevar a cabo actos tendientes para constituir, escindir, fusionar, operar y administrar personas jurídicas o vehículos corporativos, así como la compraventa de entidades mercantiles.

Llevar a cabo estas actividades son los supuestos para que una actividad profesional se identifique como vulnerables, de tal suerte que, prestar servicios por sí sólo no ubica a un profesional a los cumplimientos de la mencionada Ley. Debe analizarse casuísticamente si dentro de un servicio profesional se encuadra o no en alguno de los supuestos señalados, porque genéricamente la actividad realizada, por ejemplo la de los contadores, auditores o abogados no es una actividad vulnerable. A manera personal considero que las cartas invitación no son el medio idóneo para llevar a cabo este tipo de programas de verificación, pues la Ley es de carácter administrativo, totalmente ajena e independiente de la materia fiscal, por lo que debe referirse a sujetos obligados, pues no es el medio idóneo el buzón tributario para llevarlo cabo ni mucho menos cuenta con la debida fundamentación y motivación requerida para un acto de autoridad. Pero, al tratarse de una norma de orden público, recomendamos a quienes las hayan recibido que verifiquen si realmente efectúan alguna de las actividades vulnerables, en primer regular; después, tener en consideración que se cuenta con 15 días para contestar, esto mediante una aclaración en «Mi Portal» dentro del portal de internet del SAT, aunque, insistimos, su obligatoriedad puede ser cuestionada. Por otro lados, si mediante esta carta invitación, en una revisión sobre sus actuaciones cotidianas detectan que efectivamente han realizados alguna o algunas de estas actividades, lo recomendable es implementar un programa de regularización para evitar futuros  problemas al respecto.

Entonces, de llevar a cabo los supuestos señalados deberá entrar al Portal de Prevención de Lavado de Dinero para darte de inscribirse, capturando la información requerida y obtener su acuse electrónico con sello digital de cumplimiento. En caso de no realizar ninguna, aun así es importante lleve a cabo la aclaración de su situación jurídica dentro de los 15 días señalados, pues a pesar de su irregularidad, es emitida por una autoridad, y para dejar las cosas en claro es importante hacerlo, de esta forma se puede evitar actos de molestias futuros.

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