Ernesto Figueroa Rodríguez
Licenciado en Contaduría Pública titulado con mención honorífica por la Universidad de Zamora, curso de Precios de Transferencia por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y encargado de la práctica de Precios de Transferencia en Centroamérica a través de la Red Internacional Alliance Consulting Firms.

La LISR contempla en su artículo 180, en su segundo párrafo, que después de haber aplicado algunos de los métodos previstos en su contenido, se podrá obtener un rango de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad cuando existan dos o más operaciones comparables, señalando textualmente que: “Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos”, sin enlistar o determinar sobre cuáles.  Continua con dos variantes, la primera, que de estar dentro de estos rangos el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad de la operación, entonces, y sólo entonces, se considerarán como pactados o utilizados entre partes independientes; de lo contrario, entrando a la segunda, se considerará la mediana de dicho rango, como se desprende de su texto:

“…

De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo, se podrá obtener un rango de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad, cuando existan dos o más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos. Si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados o utilizados entre partes independientes. En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, se considerará que el precio o monto de la contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de dicho rango.

…”

Es visible que en el precepto no se precisa el empleo obligatorio de algún método específico, pues sólo comenta la posibilidad de aplicar métodos estadísticos. Por tal razón, tenemos que acudir a su Reglamento, en específico al artículo 276, el cual establece que se podrá ajustar mediante la aplicación del método intercuartil. Enseguida, continúa con la explicación del procedimiento para su cálculo de la siguiente forma: “Cualquier método estadístico diferente al anterior podrá ser utilizado por los contribuyentes, siempre y cuando dicho método sea acordado en el marco de un procedimiento amistoso previsto en los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México o cuando dicho método sea autorizado mediante reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.”  Por tal razón, con el párrafo anterior se está haciendo hincapié que, para poder utilizar otro método diferente al Intercuartil, se debe entrar a un procedimiento amistoso y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo publique en la Resolución Miscelánea. Es importante mencionar que este párrafo del RISR va más allá de lo que prevé la LISR, ya que condiciona el uso de otro método estadístico, mientras que la misma ley sólo menciona que se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos, pero no especifica exclusividad o condicionante sobre la utilización de algún otro método estadístico diferente al Rango Intercuartil.

Antes de continuar, hago una pequeña pausa para explicar: ¿qué es el rango Intercuartílico o Intercuartil? Es la diferencia entre el primer y tercer cuartil en las estadísticas descriptivas, es una medida de la dispersión estadística.  La podemos representar bajo la siguiente fórmula, tomando en cuenta que el Rango Intercuartil resultante es representado por “RQ”, el tercer cuartil es “Q3” y el primer cuartil es “Q1”, entonces: RQ = Q3 – Q1.

En este orden de ideas es importante preguntarnos,  ¿Es válido que el RISR restrinja la aplicación de la ley? Para poder dar respuesta a esta interrogante, debemos acudir a los principios de reserva de ley y al de subordinación jerárquica de la misma ley.  El primero, encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe al  reglamento abordar materias reservadas a las leyes del Congreso de la Unión, que en materia impositiva, tenemos la determinación de los elementos primordiales de los impuestos; y el segundo, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida, esto como regla general, pues encontramos una excepción, los reglamentos autónomos constitucionales, de los cuales no ahondaré en esta ocasión.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sometido el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, Noviembre de 1997, p. 78, donde establece que en materia fiscal, la reserva de ley es relativa, toda vez que no debe ser regulada en su totalidad por una ley formalmente hablando, si no es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga los elementos esenciales de regulación, puede delimitar un límite de contenido para las normas secundarias posteriores como es el caso del Reglamento, de esta forma no podrán nunca contravenir su contenido.

En conclusión, el rango intercuartil es un método estadístico empleado para incrementar el grado de confianza en un análisis específico, como lo es un “Estudio de Precios de Transferencia”, siendo en lo personal una recomendación su uso, lo lamentable, es que sea un Reglamento el que establezca la posibilidad de emplearlo, pero peor aún, no resulta del todo claro, pues del precepto del Reglamento se determina que cualquier otro método estadístico más adecuado puede ser utilizado, según el tamaño y las características de la muestra, condicionando a que dicho método sea acordado en el marco de un procedimiento amistoso previsto en los tratados para evitar la doble tributación o cuando dicho método sea utilizado mediante reglas de carácter general, de tal suerte excediendo los principios de reserva y subordinación a la ley. En consecuencia, en tanto no se adecúe mejor la legislación, existe siempre el riesgo latente de ser rechazado por la autoridad cuando se utilice algún otro método estadístico, implicando incertidumbre jurídica para los contribuyentes, recayendo en costos innecesarios por  no tener una adecuada redacción por parte del legislador en la propia ley, esto es, o establecer cuáles son los métodos estadísticos conocidos, o cuando menos, establecer las bases sólidas o requisitos perfectamente delimitados de cómo poder elegir el más apropiado.

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