Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
Twitter: @RCEmx

Es un término que se utiliza en varios países para referirse a una forma particular en la que el Estado, como soberano, le extrae a una persona la propiedad de determinado o determinados  bienes relacionados con la comisión de un delito. Por lo general, se refiere a los obtenidos por las ganancias generadas por la venta de drogas o extorsiones, así como también aquellos empleados para su perpetración, como puede ser los vehículos para transportar droga; entre otras como lo explicaré más adelante. Es la figura jurídica que establece la pérdida del derecho de propiedad cuya adquisición proviene de una fuente ilícita a favor del Estado, sin ninguna contraprestación económica a favor de su titular.

El aumento de la delincuencia en el país, especialmente los realizados por organizaciones delictivas, constituyeron el contexto para las modificaciones al artículo 22 de nuestra Constitución Política y la creación de su reglamentación a través de la Ley de extinción de dominio, creada en 29 de mayo del 2009. La finalidad era reducir la capacidad financiera de los grupos de delincuencia organizada, entre otras actividades el narcotráfico; sin embargo, su ejecución propicia la afectación del derecho humano de presunción de inocencia de aquellos involucrados que no tienen ninguna relación con el narcotráfico, bien sea porque en un bien de su propiedad se haya empleado para realizar tal conducta, sin su consentimiento ni conocimiento. Durante 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ni la Federación ni los 31 estados y el Distrito Federal –hoy, Ciudad de México- pueden aplicarla en supuestos diferentes a los que establece el mencionado artículo 22 constitucional, esto es, sólo aplica en delitos contra la salud, delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y robo de vehículos.

En algunos latitudes sucede dentro de un proceso penal, lo suelen denominarlo “decomiso”, y se aplica cuando una vez condenada la persona por la comisión de un delito. Pero, en otros tantos países se mantiene esta figura al mismo tiempo de tener regulado el proceso de “extinción de dominio”, mismo que se distingue del primero porque el que nos ocupa analizar se desarrolla en dentro de un fuero distinto, con jueces que únicamente intervienen en casos de extinción de dominio, muy distinto del penal, como puede ser la civil. La gran diferencia es en que al no tratarse de un proceso penal, en la extinción de dominio no existe una condena para la persona propietaria del bien, sino que se tiene una sentencia de un juez que declara que el bien está vinculado con un delito, bien como resultado o como parte de su comisión, pero no es necesario indispensablemente que un juez penal condene por ese delito para que se pueda recuperar el bien y hacer su disposición.

En nuestro país se crea para que el Estado tenga una herramienta eficaz para combatir a la delincuencia a través de la afectación de su patrimonio, bien sea con el menoscabo en su capacidad económica con la pérdida de los derechos de propiedad de bienes que sean ganancia de sus operaciones, o sean instrumento de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, entre otros. Cómo es sabido, -además, de ser tema de la actual modificación, mismo que en otra colaboración abordaré sus principales cambios-, durante la tramitación del juicio especial de extinción de dominio, corresponde a la parte afectada probar la procedencia lícita de los bienes objeto, su actuación de buena fe así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita, lo que generaba un serio problema para aquellos propietarios de bienes que sin su conocimiento hubieran sido utilizados para actividades delictivas.

Esta acción tiene la cualidad de ser autónoma, distinta e independiente de la penal que se surgiera por la persecución del delito, incluso haya iniciado simultáneamente. La Institución facultada de llevarla a cabo Fiscalía General de la República y las de los entidades federativas –tema también de la nueva ley única-, a través de la integración y práctica de diligencias para acreditar la comisión y responsabilidad en eventos típicos especificados en la propia ley como los cometidos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y en su defecto, que el bien fuera empleado como instrumento o fuera producto de su comisión, pero muy importante, que el propietario tuviera conocimiento de su utilización ilícita.

Así, finamente, los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio, se aplicaran a favor del Gobierno, sea al federal o estatal –conforme al régimen anterior-,  y serán destinados al bienestar social, así también  para la reparación del daño a favor de las víctimas de los delitos.

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