Víctor Gumaro Correa Ortega Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana campus Guadalajara; Auditor legal por el ITAM; miembro del Comité Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo, Jalisco.
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Es relevante desde el punto de vista fiscal, conocer a fondo las reformas o adiciones a la legislación, por este motivo principal, es importante referirnos a la  modificación a la fracción XXIII del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer como partida no deducible los pagos a una parte relacionada o a través de un acuerdo estructurado cuando estos estén sujetos a Regímenes Fiscales Preferentes (“REFIPRE”), derogando la excepción de considerar como partida deducible los pagos sujetos a estos regímenes cuando estos hubiesen sido a valor de mercado y sujetos a precios de transferencia.

A partir de la modificación a la citada fracción, cualquier tipo de operación con partes relacionadas o con terceros intermediarios que gestionen pagos a entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen o se vinculen de forme cohesiva con residentes en fuente de riqueza ubicada en el extranjero sujetas a REFIPRE o las operaciones que se pacten como acuerdos estructurados donde una entidad o figura extranjera no REFIPRE realice los pagos en ejecución a dicho acuerdo a una entidad o figura jurídica extranjera REFIPRE, no serán deducibles para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Es de explorado derecho, que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los ingresos sujetos a estos regímenes, serán los que no estén gravados en el extranjero o lo estén con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del que se causaría y pagaría en México, sea que ello obedezca a la aplicación de una disposición legal, reglamentaria, administrativa, de una autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otra causa, no se permitirá su deducibilidad.  

De igual forma los pagos que no se consideren sujetos a este tratamiento si el receptor, directo o indirecto, del pago, utiliza los recursos para realizar otros pagos deducibles a una parte relacionada o en virtud de un acuerdo estructurado, cuyos ingresos estén sujetos a REFIPRE, sin importar el momento del pago.

Para efectos de este análisis, un acuerdo estructurado es aquella convención de voluntades en la que celebra un contribuyente con sus partes relacionadas o no, cuya contraprestación esta en función a los pagos que dicha entidad o figura legal extranjera realicen a entidades residentes en jurisdicciones REFIPRES.

Con el tema anterior, el Derecho Tributario Internacional tiene influencia significativa en el Derecho Domestico o nacional, como génesis de normas generales anti-elusivas que mutan conceptos e instituciones al principio de gravar de forma efectiva los beneficios o el valor creado por la actividad económica realizada por las empresas dentro del grupo multinacional y reasignado la utilidad fiscal en esta orientación y combatiendo la planeación fiscal agresiva.

En consecuencia, el Plan de acción BEPS instó a aclarar y consolidar las bases de la aplicación práctica del principio de plena competencia y neutralizar los efectos con mecanismos híbridos, al tiempo que contemplaba la posibilidad de introducir medidas especiales tanto dentro como fuera de dicho principio de libre competencia, en caso de persistir los riesgos inherentes a los precios de transferencia una vez aclaradas y consolidadas dichas bases.

Consecuentemente, el legislador mexicano consideró conveniente tener una sola disposición y por ello, se modificó la fracción XXIII del artículo 28 de la Ley del LISR, manteniendo el requisito que el pago se realice entre partes relacionadas no será una partida deducible, adicionalmente, se prevé que el pago se realice a través de un acuerdo estructurado de acuerdo con las recomendaciones del Reporte Final de la Acción 2 del Proyecto BEPS.

En el caso de la expresión “acuerdo estructurado”, se introduce para evitar planeaciones fiscales agresivas que traten de evitar el requisito de pagos entre partes relacionadas, a través de las cuales el pago se realiza a un tercero, mismo que a su vez realiza un pago a la parte relacionada del contribuyente.

La Planeación Fiscal Agresiva, se detecto en atención a que la figura de Acuerdo estructurado fue regulado por el Gobierno Federal Estadounidense USA, al promulgar el “Periodic Payment Settlement Act (PPSA)” en 1982, para proteger a los demandantes y evitar que gasten rápidamente importantes sumas de dinero que pudieran recibir en casos de demandas judiciales. Los más comunes tipos de acuerdos estructurados son daños o accidentes personales, casos de muerte por negligencia o reclamos por compensación en el trabajo que se estructuran en anualidades o pagos iniciales.

Hoy en día con esta modificación existe en nuestro Derecho Tributario Mexicano, la regla general que otorga el tratamiento fiscal de no deducible en relación a los pagos realizados por un contribuyente mexicano que pacté un acuerdo estructurado con una Aseguradora o  cualquier otra entidad legal que disperse pagos a su vez a entidades extranjeras que se consideran trasparentes para efectos fiscales de una legislación fiscal extranjera y que están sujetas a una tasa corporativa efectiva inferior al 22.5% de Impuesto Sobre la Renta, tendrán el efecto de no deducible para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México.

En conclusión, de la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal estableció la necesidad de incorporar esta regla para combatir las planeaciones fiscales agresivas, para evitar ambigüedad o vaguedad en las interpretaciones y, por consiguiente, concluir con la confusión respecto a cómo se aplica la Ley del LISR a los ingresos obtenidos por este tipo de entidades.

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