Eduardo Campos Gámez
Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Guadalajara y Maestro en Derecho con especialización en la rama Constitucional y Administrativo en la Universidad de Guadalajara.
Ha cursado diplomados y seminarios en Defensa Fiscal Estratégica, Juicio Contencioso Administrativo, Juicio de Amparo e Impuestos Federales y cursos en materia de propiedad industrial y efectos fiscales de los contratos.  

El próximo 28 de septiembre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el amparo en revisión número 241/2022 sobre la limitante a la deducción de intereses netos, el cuál propone negarlo a la quejosa, por lo que se confirmaría la constitucionalidad del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Dicha porción legal establece un tope de deducción el 30% de un concepto denominado «utilidad fiscal ajustada», aplicable a empresas que paguen más de 20 millones de pesos por concepto de intereses durante un ejercicio fiscal.

Así, coincide esencialmente con lo resuelto por la Primera Sala, la cual avaló bajo el mismo argumento referido, justificando que la fracción normativa en cuestión tiene como objetivo evitar esquemas fiscales de grupos empresariales que cuentan con múltiples filiales, y facilita la manipulación del monto de intereses entre éstas.

Por lo que la cantidad establecida como límite, se establece como parámetro para determinar la existencia de abusos en el uso de instrumento de financiamiento con fines elusivos mediante la generación de intereses artificiosamente.

La norma impugnada no prohíbe, sino que limita la deducción de intereses netos como instrumento para desalentar el sobreendeudamiento con la finalidad de erosionar la base disminuyendo el ISR de  manera artificial, así como el traslado de utilidades entre empresas.

La resolución en su momento fue avalada por tres votos contra uno, teniendo su origen en un juicio de amparo indirecto, donde se reclamaba que la limitación de la deducción de intereses resulta contraria a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias, pues era desproporcional respecto al límite fijado.

A lo que la Primera Sala determinó que no existe una distinción de trato entre sus destinatarios y atiende a razones objetivas. Por lo que es probable que la Segunda Sala llegue afirmar que resulta en sí mismo constitucional la existencia de la limitante en cuestión, pero, para conocer el final de este asunto tendremos que esperar un par de días más.

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