Benjamín Serna Liogon Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, con Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa por la «Asociación Nacional de Abogados de Empresa» (ANADE), y socio de las firmas de abogados fiscales y corporativos «Degalcorp Abogados» y «LegalMed»

Recordemos que la función del buzón tributario es la comunicación tecnológica entre el fisco y los contribuyentes, en la actualidad es por el que se realizan la casi totalidad de trámites, se presentan promociones, se deposita información o documentación, se da contestación a requerimientos, es para la interposición de instancias y recursos. Con los avances de la última década los medios electrónicos se convirtieron en la solución a la simplificación y agilización de atención a los contribuyentes, dando un paso más al cumplimiento del “Gobierno Electrónico” comprometido con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Fue cuestionada su constitucionalidad respecto al inicio del cómputo de plazos y algunos otros aspectos, situaciones que ya quedaron definidos.

El fisco con la iniciativa presentada, tiene la firme intención de establecer al buzón tributario como el medio de comunicación, sino el único, el más importante. El problema es que la realidad como se apuntó antes, casi todo se realiza a través de este medio de comunicación, pero no existe un precepto que establezca la obligatoriedad de su uso; por lo que se pretende modificar el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF) para establecer que se deberá habilitar el buzón tributario por cada contribuyente, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, refiriendo preferentemente a las direcciones de correos electrónicos; todo de acuerdo con el procedimiento que al efecto se determine mediante reglas de carácter general.

Sin embargo, no se trata de sólo de una obligación, sino que es una norma perfecta, pues la iniciativa contienen que en caso de ser omiso se entenderá que se opone a la notificación por este medio y la autoridad notificará por estrados de acuerdo con el artículo 139 del CFF como primera sanción; además, será una causa para la cancelación del certificado de sello digital cuando los datos de contacto proporcionados no sean correctos o auténticos, así tenemos la segunda sanción.

Finalmente, no sólo ésta esta sanción respecto a los sellos digitales, también se contempla como una infracción en términos del propuesto artículo 86-C, no registrarse o no mantener actualizados los medios de contacto, siendo aplicable una multa equivaldría a $3,080 a $9,250.00 según el artículo 86-D del CFF.

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